El mes de octubre cerró siendo el de menor número de casos en lo que va de 2024, con un total de 7 casos que se tradujeron en 13 violaciones a la libertad de expresión, principalmente en contra de periodistas y perpetrados por funcionarios e instituciones del Estado.
En total documentamos cinco actos de intimidación, dos de censura, dos de hostigamiento verbal, una amenaza, una restricción administrativa, un hostigamiento judicial y una muerte, esta última aún sin aclararse o investigarse de forma imparcial.
De las 10 víctimas que registramos en octubre, seis fueron periodistas o reporteros, así como dos medios de comunicación y dos hechos que involucraron a la ciudadanía en general. Tan solo uno de los siete victimarios documentados no se vinculan directamente con el Estado venezolano, siendo de ocupación desconocida.
Recuento de casos
La subdirectora de la Unidad Educativa Nacional Francisco Guédez Colmenares ubicada en San Félix, estado Bolívar (sur), le negó la entrada al plantel a las y los periodistas Pableysa Ostos, corresponsal de La Patilla; Carlos Suniaga, de VPI TV; y Alvis Cristina Herrera, de Nueva Prensa Guayana, cuando iban a hacer una cobertura.
Los reporteros buscaban atender las denuncias ciudadanas sobre el estado de deterioro en la infraestructura de la escuela y la falta de pupitres, pero la subdirectora los obligó a retirarse y les indicó que cualquier declaración sobre la institución debían solicitarla ante la autoridad única educativa de la entidad.
La organización no gubernamental (ONG) Súmate denunció en un comunicado que ni el juez, ni la Fiscalía, ni la defensa pública le han informado a familiares y abogados de su coordinadora nacional, Nélida Sánchez, sobre el proceso legal en su contra tras su detención a finales de agosto.
Sin acceso al expediente, sus familiares solo pudieron enterarse de que en la audiencia de presentación fue acusada por dos presuntos mensajes publicados en su cuenta de X. Sin embargo, la fecha de emisión de ambos mensajes data del 29 de agosto, tres días después de la detención de Sánchez.
Funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) abordaron el 25 de octubre, en Caracas, al periodista Nelin Escalante y lo detuvieron de forma arbitraria para trasladarlo a su sede principal, ubicada en el sector Boleíta de la misma ciudad.
Tras varios días sin que sus familiares supieran sobre su estado y condiciones, Escalante informó en su cuenta de Instagram que se encuentra con su familia desde el 31 de octubre, sin dar más detalles sobre su detención.
En los días previos a su detención arbitraria, Escalante estuvo informando en sus redes sociales sobre la situación económica en el país ante la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, tema que ha sido censurado en años anteriores por las autoridades. El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) calificó el hecho como una desaparición forzada.
Tras ser presentado en una audiencia preliminar el 22 de octubre, y más de 80 días de su detención arbitraria en Trujillo (oeste) por parte de cuerpos de seguridad del Estado, fue pasado a juicio el comunicador social y camarógrafo de VPI TV, Paul León.
A León no se le ha permitido el acceso a defensa privada y permanecerá detenido hasta que inicie el juicio; ni sus familiares ni sus abogados tienen detalles de lo que se dijo en la audiencia preliminar. El comunicador, recluido en la cárcel de Tocuyito, estado Carabobo (centro), solo ha podido hacer tres llamadas y recibir dos visitas desde el 25 de agosto.
El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) ordenó el 3 de octubre el cierre por ocho meses del Diario La Voz por presuntamente no tener actualizada su cartelera fiscal.
De acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), una comisión del Seniat se presentó en los galpones de La Voz y, en principio, cerró las instalaciones hasta el 7 de octubre, pero luego volvieron e impusieron la medida hasta mayo de 2025.
El locutor y activista opositor Edwin Santos fue encontrado muerto en la vía hacia El Piñal, en el municipio Fernández Feo del estado Táchira (oeste), dos días después de su desaparición el 23 de octubre, tras salir de su casa para hacer unas diligencias, a bordo de su motocicleta.
Santos era activista político del partido opositor Voluntad Popular y colaborador del vicariato parroquial de San Camilo, en el sector El Nula del estado Apure (sur), por lo que era conocido y reconocible entre los habitantes de esa localidad. Durante los últimos meses Santos estuvo denunciando, junto con miembros de su comunidad, el colapso de un puente que comunica a Apure y Táchira, siendo el mismo puente donde el locutor fue encontrado sin vida.
El director del CICPC arremetió en contra de medios de comunicación y personas que acusaron al gobierno de Nicolás Maduro de ser responsable de la desaparición y muerte de Edwin Santos, calificándolas como “noticias falsas”. Luego, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, dijo que conoce personalmente “de varias organizaciones y ONG” que denunciaron la muerte de Santos como un asesinato y los amenazó con procesos penales.
Internet
El Observatorio de Internet Ve Sin Filtro informó que el 10 de octubre se produjo una caída de conectividad a internet en varios estados del país, producto de fallas eléctricas. Táchira y Mérida (suroeste) fueron los estados más afectados, al caer a 26 % y 41 % de sus valores normales de conectividad, respectivamente.
El 16 de octubre se produjo una nueva falla masiva en varias regiones, motivada también por apagones y bajones de electricidad. Las regiones más afectadas fueron Táchira, Apure (sur), Guárico (centro), Mérida, Miranda (norte) y Carabobo (centro) con caídas hasta 20 % de sus niveles normales de conectividad.
