Este 20 de septiembre, se realizó el diálogo interactivo del Consejo de Derechos Humanos, correspondiente al 57º período de sesiones, en el que la Misión Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela hizo una actualización oral de la situación local con la presentación del quinto informe ante este Consejo, de conformidad con su resolución 51/29.
Este informe abarca el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024, y de acuerdo con la misión, refleja que durante el último año “y, en particular, a partir de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, se ha producido un agravamiento de la situación de los derechos humanos”.
“La Misión es consciente de que este informe tiene especial significado por las actuales circunstancias políticas y de derechos humanos que se viven actualmente en Venezuela. La maquinaria represiva del Estado venezolano continúa cometiendo graves violaciones de derechos humanos y delitos” señala el informe.
“Las víctimas, y la población en general, se encuentran desamparadas ante el ejercicio arbitrario del poder, en un contexto en que está desapareciendo la mínima apariencia de legalidad en la actuación de las autoridades. El riesgo de una desintegración del Estado de derecho en Venezuela es muy alto”.
Más restricciones
Revela además nuevas restricciones al espacio cívico y democrático. “Durante el período que comprende el presente informe se produjeron nuevos hitos en la reducción del espacio cívico y democrático, confirmando la tendencia registrada en el anterior informe de la misión.”
Registra una intensificación de los actos de hostigamiento, criminalización y otras limitaciones al desempeño de actores claves de la sociedad civil. “La organización no gubernamental Centro para los Defensores y la Justicia cuantificó que, en el primer semestre de 2024, los ataques contra personas defensoras aumentaron un 92 % respecto al mismo período del año anterior”.
Cita que la libertad de expresión se vio limitada gravemente por los ataques y persecución judicial contra periodistas, creadores de contenidos para redes sociales o personas anónimas que simplemente compartían opiniones críticas hacia el Gobierno en sus redes sociales.
“Se registró la detención de al menos 16 periodistas y comunicadores sociales durante este período, la mayoría (10) tras las elecciones del 28 de julio de 2024. Se registraron también nuevos cierres de emisoras radiales, prohibiciones de emisión de programas informativos por cable y bloqueos de páginas web, incluyendo de organizaciones no gubernamentales y de portales independientes de noticias”.
Destaca la Misión en su informe que, durante las protestas postelectorales, el Presidente Maduro pronunció fuertes críticas contra las redes sociales más populares, a las que acusó de ser “instrumentos de odio y fascismo”, y decretó la suspensión temporal de la red X, e instó a desinstalar la aplicación.
Recoge en su texto que el Presidente de la Asamblea Nacional calificó a las redes sociales como “el mayor peligro que existe contra la libertad del ser humano” y anunció medidas legislativas para su regulación”.
Limitaciones a las organizaciones en Venezuela
El informe hace referencia a que el 15 de agosto de 2024 se aprobó la Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines. “El proyecto de ley fue cuestionado en el pasado por la misión y otros mecanismos internacionales por imponer limitaciones arbitrarias al funcionamiento autónomo de estas organizaciones”.
Señala que en marzo, el presidente Maduro presentó un proyecto de “Ley contra el Fascismo y toda expresión neofascista en el ejercicio de la política y la vida nacional”, aprobado en primera lectura por la Asamblea Nacional el 2 de abril de 202459.
“Bajo una definición amplia y ambigua de “fascismo” y “neofascismo”, el proyecto criminaliza expresiones ideológicas como “el conservadurismo” o “el neoliberalismo”, y propone severas restricciones y sanciones penales a individuos, medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales y partidos políticos”.
Señala que la represión y la persecución política han ido en aumento desde el 28 de julio, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció la victoria del Presidente Maduro en las elecciones presidenciales, sin mostrar evidencias al respecto.
Según las investigaciones de la Misión, 25 personas resultaron muertas en las protestas postelectorales, un número muy alto de personas fueron detenidas, incluidos niños y niñas y personas con discapacidad, y varias personas fueron víctimas de desaparición forzada de corta duración.
Destaca que tras las elecciones presidenciales, la Misión tuvo que ajustar su plan de investigación para poder traer a la atención de este Consejo los resultados preliminares de sus investigaciones sobre los hechos cometidos después del 28 de julio.
Elevamos la voz
Desde Espacio Público, luego de producirse la sesión y en el marco de la presentación del informe, solicitamos el apoyo de este Consejo para exigir el cese inmediato de la represión y mantener el seguimiento sobre Venezuela.
Para ello, consideramos fundamental la renovación del mandato de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos y fortalecer los mecanismos vigentes de monitoreo.
Lea el informe completo:
