El ministro de Interior, Justicia y Paz, acusó el 26 de mayo a diversas organizaciones de derechos humanos de formar parte de una supuesta “estructura terrorista”, mencionando a PROVEA, Médicos Unidos Venezuela, Foro Penal, y Maracaibo Posible durante una rueda de prensa1, criminalizando a quienes defienden derechos humanos.
El ministro también advirtió, en su programa televisivo del 29 de mayo, que quienes denuncien la situación de personas detenidas serán “llevados en silencio” a confrontar sus afirmaciones: “El que salga diciendo (…) el preso tal sufre de no sé qué cosa, yo voy a agarrar a esa persona, en silencio, la llevo para el médico, la reviso (…) y después, el que habló pendejadas va a ser citado y va a tener que probar que esa persona está enferma” , afirmó Diosdado Cabello2, lo que implica una criminalización de la denuncia de violaciones de derechos humanos.
Estas acusaciones forman parte de un patrón de hostigamiento verbal y criminalización contra personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, que se ha intensificado desde mediados de 2024. La semana previa a las elecciones regionaes del 25 de mayo, al menos 70 personas fueron víctimas de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, vinculadas con un supuesto plan en contra de los comicios.
El abogado Eduardo Torres, defensor de derechos laborales y miembro del equipo de PROVEA, fue detenido el pasado 9 de mayo y permanece recluido de forma aislada en la sede del SEBIN en El Helicoide, sin acceso a su familia ni a sus abogados. Su detención se dio en un contexto de hostigamiento contra la organización, a pesar de que todos sus integrantes cuentan con medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)3.
Desde Espacio Público alertamos que los señalamientos del ministro Cabello, por su alcance mediático y su rol institucional, constituyen una forma de violencia y la vulneración del derecho a la libertad de expresión en contra de las personas que trabajan por los derechos humanos en Venezuela. La criminalización del trabajo de denuncia y acompañamiento a víctimas forma parte de una estrategia estatal en contra de organizaciones que exigen el cumplimiento de derechos.
El Estado venezolano debe cesar el hostigamiento y las amenazas contra organizaciones y personas defensoras de derechos humanos. Reiteramos que el respeto a la labor de defensa, la libertad de asociación y la integridad de quienes ejercen derechos son obligaciones constitucionales y compromisos internacionales del Estado. Criminalizar a las ONG no solo atenta contra su legitimidad, sino contra la posibilidad misma de construir una sociedad democrática y con justicia.
- Tal Cual, 26 de mayo de 2025, Diosdado Cabello acusa a cuatro ONG de estar vinculadas a conspiración del 25M. Disponible en: https://talcualdigital.com/diosdado-cabello-acusa-a-cuatro-ong-de-estar-vinculadas-a-conspiracion-del-25m/[↩]
- Cabello, Diosdado (@dcabellor), 26 de mayo de 2025. *El que salga diciendo (…) el preso tal sufre de no sé qué cosa (…) Disponible en: https://x.com/GabyGabyGG/status/1927949468969709975?s=09[↩]
- PROVEA (@proveaong), 26 de mayo de 2025. *El ministro de Interior, Diosdado Cabello, acusó a PROVEA y a otras ONG de derechos humanos (…) Disponible en: https://www.instagram.com/p/DKOD69DuDrh/?igsh=MWY0ZzQ4NTVjdmZsYw%3D%3D&img_index=7[↩]
