“Es completamente falso lo que ellos han dicho y es completamente falso lo que este periódico ha dado a entender”, la frase la soltó el ciudadano ministro de Energía y Petróleo y presidente de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), Eulogio del Pino, minutos después de haber arremetido legalmente contra el diario El Nuevo País. El ministro interpuso una demanda “por publicar información falsa y difamar a la estatal petrolera del país”, siguiendo las órdenes que dio el presidente Nicolás Maduro el 8 de octubre.
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“Nosotros hemos venido a este tribunal a hacer esta acusación privada y a que estos propietarios de estos medios y estos periodistas que se prestaron para usar esa información en una forma tendenciosa y falsa asuman su responsabilidad. Estamos pidiendo medidas contra los responsables de esta información que nos afecta el patrimonio de la empresa y nos afecta el valor de la empresa”, precisó Del Pino.
“Ya basta de que se ataque impunemente” a la empresa estatal, el ministro insiste que es el momento de que este medio de comunicación “asuma su responsabilidad con su libertad si es necesario”. Aunque esta acción judicial sea en contra de este solo medio de comunicación, es importante destacar que pudiera generar un efecto intimidatorio en otros medios de comunicación en Venezuela, que entonces preferirán evitar hablar de un tema tan importante como el estado económico de la principal empresa del país.
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El ministro dijo que acudieron a hacer esa demanda para decir a los tenedores de bonos “es falso lo que ellos dicen”, sin embargo, el ministro ha podido utilizar otros medios para desmentir lo que el periódico publicó, incluso el derecho a réplica, lo que le hubiera otorgado según el código de ética incluso un titular en primera página como el “Perdimos a Rosalinda”, que resultó en esta demanda.
Lo que dicen la OEA y la ONU
- La CIDH considera que los delitos de desacato van en contra del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y que dichas responsabilidades [penales] deben establecerse cuando no sea posible proteger el derecho legítimo a la reputación por medio de otro mecanismo menos restrictivo y tomando en cuenta un criterio de proporcionalidad.
- El artículo 13.3 también ofrece un límite importante al establecimiento de responsabilidades ulteriores, pues éstas no deben convertirse en mecanismos indirectos tendientes a impedir la circulación de ideas y opiniones. Por el contrario, el libre debate democrático y el pluralismo exigen un margen de tolerancia a la manifestación de ideas, informaciones y opiniones que puedan considerarse ofensivas, particularmente respecto de la función pública y de quienes la ejercen, especialmente cuando son ejercidas por medios de comunicación ya que estos son los que ponen en circulación masiva los sucesos e ideas y son parte fundamental en la creación y estructuración de la opinión pública
- El delito de desacato supone que el sistema represivo estatal se activa para sancionar a aquellos que critican a funcionarios públicos por su gestión, lo cual es contrario al principio democrático de contraloría ciudadana a quienes ejercen el control de los Poderes del Estado.
- Las leyes que establecen el delito de desacato son incompatibles con el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, pues encontró que no son acordes con el criterio de necesidad y que los fines que persiguen no son legítimos. La CIDH concluyó que ese tipo de normas se prestan para abuso como un medio para silenciar ideas y opiniones impopulares, y reprimen el debate necesario para el efectivo funcionamiento de las instituciones democráticas.
- Las leyes de desacato van en contra del principio que somete a los funcionarios públicos al escrutinio por parte de la sociedad Los ciudadanos tienen derecho de criticar y examinar las actitudes de los funcionarios en lo que se relaciona con su función pública. Este tipo de leyes, pueden tener un efecto disuasivo en quienes desean participar en el debate público por temor a acciones judiciales o a las sanciones, particularmente cuando no distinguen entre los hechos y los juicios de valor.
- La Comisión ha establecido que la amenaza de responsabilidad penal por deshonrar la reputación de un funcionario público inclusive como expresión de un juicio de valor o una opinión, puede utilizarse como método para suprimir la crítica y los adversarios políticos.
- La relatoría de libertad de expresión de la ONU (Organización de Naciones Unidas) ha establecido que Las medidas políticas de protección a la libertad de opinión y expresión consisten fundamentalmente en que los funcionarios del Estado, especialmente los de más alto nivel, asuman una actitud de respeto y un discurso de reconocimiento al papel que juegan la prensa libre y la libertad de expresión en general en una sociedad democrática, sin que esto implique que no puedan dar su propia versión de los hechos o su respuesta a las afirmaciones de otros.
- Tanto la CIDH como la ONU establecen que debe eliminarse la responsabilidad penal proveniente del delito de desacato y convertirlo en una responsabilidad neta y exclusivamente de carácter civil.
Fuentes:
Venezolana de Televisión, 14 de octubre de 2016, Min. Del Pino demanda al diario El Nuevo País por difamar a Pdvsa (+Video). Recuperado el 14/10/2016 en https://goo.gl/b9Mp6Q
Informe 21, 14 de octubre de 2016, Introducen demanda a diario El Nuevo País por difamación a PDVSA. Recuperado el 14/10/2016 en https://goo.gl/IKz1w5
Informe anual de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la CIDH (2004)
Informe del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la ONU (2013)
