Mayo cerró con 36 violaciones a la libertad de expresión, correspondientes a 23 casos, entre los que resaltan la intimidación, censura y amenazas. La mayoría de las víctimas son periodistas, medios de comunicación y ciudadanía en general; y los victimarios más frecuentes fueron los cuerpos de seguridad, las instituciones del Estado y funcionarios.
Con estas cifras del quinto mes, el 2021 acumula 189 violaciones en lo que va de año, pertenecientes a 99 casos, entre las que destacan al menos 19 detenciones, números que evidencian una escalada en los niveles de violencia que buscan silenciar a los ciudadanos en el disfrute de su derecho a buscar, recibir y difundir información.
Restricciones a la cobertura
Impedir las coberturas es un patrón frecuente que dificulta la posibilidad de que los ciudadanos puedan tener información veráz sobre lo que sucede en las calles. En Caracas, un grupo de colectivos armados robaron e intimidaron al reportero de Caraota Digital, David Rodríguez, y a su motorizado cuando intentaban cubrir una protesta por abastecimiento de gasolina en la bomba Texaco en la parroquia Caricuao.
Rodríguez llegó al sitio con su compañero y posteriormente fueron abordados por al menos cuatro o cinco motorizados con sus respectivos parrilleros, quienes los conminaron y quitaron el teléfono, el cual pudo recuperar tiempo después con algunos daños.
También en Caracas, un grupo de adeptos al gobierno robaron a la periodista de Testigo Directo, Rosalí Hernández, luego de la cobertura de la protesta en el Consulado Colombiano, en Caracas, el viernes 7 de mayo.
Durante la protesta, Hernández registró un enfrentamiento entre las personas que manifestaban en la sede consular. Un grupo de aproximadamente 10 personas la rodearon preguntándole para qué medio hacía la cobertura y que en dónde lo publicaría. Mientras eso sucedía, sustrajeron sus documentos personales y todo lo que estaba dentro de su bolso.
En el estado Zulia, un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) intimidó a los periodistas Edwin Prieto de Todos Ahora; y a Madelyn Palmar de Unión Radio, cuando intentaban cubrir una protesta del Movimiento Estudiantil Zuliano en la avenida La Limpia el lunes 24 de mayo.
Durante el hecho, un funcionario le impidió a ambos reporteros que hicieran la cobertura y amenazó a Prieto con quitarles sus equipos si continuaba grabando. «¿Tú quieres que yo te retenga los equipos esos? Te estoy diciendo que dejes de grabar porque estás alborotando la cosa» le espetó el efectivo, a lo que Prieto le respondió: «¡No puedo dejar de grabar porque estoy haciendo mi trabajo. Yo no soy el de la protesta, soy un periodista que solo está cubriendo la noticia, la información. Mas nada»1, dijo.
¡Más censura!
El secretario de Gobierno del estado Carabobo, Jesús París, impidió que la prensa tomara declaraciones durante una protesta de maestros ocurrida en la sede de la Gobernación, el pasado 11 de mayo.
La agresión ocurrió cuando El Carabobeño, TV Venezuela y Vivo Play entrevistaban a Luis Guillermo Padrón, el vocero del Sindicato Maestros del estado Carabobo, a propósito de la entrega de una carta a las autoridades regionales en la que exigían el respeto a sus derechos laborales.
Las limitaciones tambien son en Internet
El observatorio de Internet, Ve Sin Filtro, advirtió la caída del servicio de Internet en los estados; Táchira, Guárico y Miranda el pasado 4 de mayo.
Según Ve Sin Filtro el apagón que inició a las 5:15 pm afectó la conectividad hasta en un 88% manteniéndose hasta pasadas las 7:50 pm.
Los estados más afectados fueron: Táchira 41% Guárico 68% Miranda 69%. Sin embargo, otros estados también se vieron afectados en menor medida: Mérida, Aragua, Carabobo, Miranda e incluso, la Gran Caracas.2.
Estas pérdidas de conexión implican la imposibilidad de acceder a la información, buscarla, o comunicarse a través del servicio que presta esta empresa del Estado, lo que afecta numerosos derechos humanos en un contexto de pandemia con cuarentena impuesta por el Gobierno.
Hostigamiento judicial, persecución contra los medios
El Tribunal Cuarto del Área Metropolitana de Caracas ordenó la medida de embargo ejecutivo contra la sede de El Nacional, el viernes 14.
Funcionarios de la GNB tomaron la sede del diario ubicada en Los Cortijos, Caracas, y pegaron la orden de embargo en una de las ventanillas de la caseta de vigilancia que permanecía vacía al igual que el resto del lugar.
Asimismo, el diputado de la ilegítima Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, publicó en su cuenta en Twitter que “los tribunales competentes, dentro de los trámites de mi demanda a El Nacional, han ejecutado las medidas de fijación de carteles y notificación de embargo ejecutivo, y se ha iniciado el proceso de pago de la indemnización”3.
Una situación similar se vivió el viernes 28, cuando tres efectivos de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) cerraron y confiscaron los equipos de la emisora Zeta 103.5 FM, en Ocumare del Tuy, estado Miranda.
De acuerdo a una minuta emitida por la mancomunidad policial, la medida se debió a un procedimiento administrativo impuesto por el ente regulador; quien asegura que la estación no contaba con la autorización para el uso del espectro radioeléctrico, según oficio N° DG/CJ/20210880.
Utilizando a Conatel como instrumento de amedrentamiento, el gobernador del estado Sucre, Edwin Rojas, invitó al ente a supervisar a las emisoras de la región, el miércoles 26.
A juicio de Rojas, una de las estaciones de la entidad no transmite sus alocuciones semanales. «Tenemos que preguntarle a Conatel si tienen los permisos al día a ver si los visita», expresó el mandatario regional.
«Hay muchas emisoras que se niegan a transmitir las informaciones de interés, y el pueblo de Sucre merece ser informado», agregó.
¡60 años informando en papel!
El diario El Tiempo anunció su edición impresa circularía hasta el martes 25 de mayo. Situación que suma al estado a las otras 10 regiones sin periódicos: entre esas: Amazonas, Apure, Cojedes, Delta Amacuro, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Trujillo y Zulia.
A través de su cuenta en Instagram, el medio anunció que la decisión obedece por la crisis económica que atraviesa Venezuela y; por la falta de papel periódico.
«Entre los problemas de la falta de bolívares en efectivo, la inflación desmesurada, el agotamiento del papel periódico, la inmedible escalada de los costos de mantenimiento de toda la maquinaria e infraestructura, surgieron; además, el desabastecimiento de combustible y el COVID-19, sin respuestas efectivas de los encargados de darle al país soluciones óptimas»4.
Referencias
