Ley Orgánica de Seguridad de la Nación
Presidente Nicolás Maduro usó ley habilitante para legislar contra la libertad de expresión
El presidente Nicolás Maduro, en el decreto de Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, restringe ilegítimamente el derecho humano a la libertad de expresión e información, así como el derecho a la reunión pacífica.
Espacio Público, tras analizar la norma aprobada vía habilitante, reconoce que el instrumento legal mantiene amplios márgenes de discrecionalidad en su aplicación, porque su redacción es imprecisa y fue elaborada sin los debidos controles propios en una sociedad democrática La Ley no fue aprobada por la Asamblea Nacional, sino dictada por el presidente Nicolás Maduro el 19 de noviembre de 2014 con poderes especiales otorgados por el parlamento.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CrIDH) estableció que para restringir o limitar en forma alguna cualquier derecho humano, deberá existir una “norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, emanada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos, y elaborada según el procedimiento establecido por las constituciones de los Estados Partes para la formación de leyes”.
Además la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) plantea que cuando se trata de limitar la libertad de expresión las leyes deben estar redactadas en los términos más claros y precisos posibles.
Las sanciones penales que acarrearán quienes divulguen información “comprometiendo la seguridad y defensa de la Nación” será de 5 a 10 años de cárcel. Sin embargo, el texto legal que fue publicado en la gaceta oficial N° 6.156 Extraordinario, no define cuál o cuáles informaciones pondrán en riesgo al Estado, sino que será a criterio de quienes integran el Consejo de Defensa de la Nación.
Este Consejo está definido en los artículos 34 y 35 del Decreto, y lo componen el Presidente de la República, Nicolás Maduro; el Vicepresidente Ejecutivo, Jorge Arreaza; el Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello; la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutierrez; la Presidenta del Consejo Moral Republicano, Luisa Ortega Díaz; y los titulares de los ministerios de Defensa, Seguridad Interior, Relaciones Exteriores, Planificación y Ambiente.
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