Limitan labor periodística durante el proceso de activación del Referéndum Revocatorio

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Durante la recolección de firmas para la activación del Referéndum Revocatorio, los periodistas Juan Carlos Neira, de Noticiero Digital; Yelitza Figueroa, de Crónica Uno; Andreína Ramos, de VPI TV y Jesús Rey, de Portuguesa Reporta fueron amedrentados y hostigados durante el proceso el miércoles 26 de enero.

Neira fue agredido por sujetos desconocidos cuando se dirigía a la plaza La Moneda, en el centro de Caracas. Lo acusaron de “palangrista” y le robaron sus equipos de trabajo: “Me cayeron a golpes, patadas, me robaron mis equipos, tuve que salir corriendo” explicó el comunicador en entrevista a Espacio Público. 1

El observatorio de DDHH de los Llanos denunció que un guardaespaldas del alcalde Rafael Torrealba, le pidió al periodista Jesús Rey que borrara el material fotográfico sobre la recolección de firmas en la plaza Bolívar de Acarigua, en el estado Portuguesa.

Rey explicó que el guardaespaldas le pidió sus credenciales de prensa y que la petición se la hicieron por la presencia de un “personaje sensible a la opinión pública” y que no podía salir registrado en algún lado. 

Del mismo modo, un funcionario militar impidió que las periodistas Yelitza Figueroa de Crónica Uno, y Andreína Ramos de VPI TV, hicieran cobertura sobre la recolección de firmas.

Figueroa indicó que las abordaron una miliciana y un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana preguntando a qué medios pertenecían y con quién más andaban: “Les informamos lo solicitado y el GNB le informó a su superior, quien estaba parado en la puerta del centro comercial. Inmediatamente nos llegó el superior, un Teniente, y nos indicó que no podíamos estar a menos de diez metros del lugar e invitó a que nos retiráramos del lugar”. 2

Estas acciones ocurren luego del Examen Periódico Universal (EPU) realizado por los Estados miembro de la Organización de Naciones Unidas (ONU) donde el respeto a la libertad de expresión, prensa y asociación, así como la necesidad de garantizar un entorno seguro para la labor de los periodistas, formaron parte de las recomendaciones que realizaron.

La labor del Estado es garantizar el acceso y disfrute de los derechos humanos, no restringirlos por medio de sus funcionarios. Cada vez que un funcionario limita la labor informativa de un reportero viola el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos que necesitan informarse.

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