En el mes de junio registramos un total de 11 casos y 41 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela, lo que significó un incremento con respecto al mes anterior sumado a más restricciones y agresiones contra periodistas y la ciudadanía por expresarse e informar.
Al menos 16 periodistas fueron víctimas de violaciones a la libertad de expresión en el último mes, 64 % del total de 25 víctimas que documentamos. Se le suman 6 particulares, dos camarógrafos o técnicos y 1 medio de comunicación. También registramos la detención de dos particulares y de dos periodistas.
Nuevamente, la mayor parte de las violaciones a la libertad de expresión fueron perpetradas por el Estado venezolano y sus componentes. Entre los victimarios registramos 6 instituciones públicas, 5 cuerpos de seguridad y 2 funcionarios, así como 2 grupos simpatizantes del oficialismo.
Censura
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) cerró el 8 de junio la emisora radial La Vernácula 88.3 FM que operaba desde 2008 en la ciudad de Zaraza, estado Guárico (centro). Funcionarios se llevaron el procesador de audio, la consola, computadoras, micrófonos y otros equipos.
La emisora era completamente cultural y folclórica, dedicada a la promoción de la música y las costumbres de su localidad. Sin embargo, en el programa cultural “Entre tiples y bordones” del locutor Alexander Matabán, hacía algunas referencias a informaciones de tipo social o político.
La emisora Electrika 97.7 de Puerto Ordaz, estado Bolívar (sur), sacó del aire el programa Guayana a las 12 que era conducido por la periodista Francesca Díaz, luego de constantes presiones de la directiva para minimizar el contenido político del espacio.
Las presiones comenzaron por una entrevista que le hizo al diputado y candidato presidencial José Brito, que se hizo viral en redes sociales y medios internacionales. Posteriormente, los directivos empezaron a decirle que ya no querían más entrevistas políticas.
La grabación en vivo de un capítulo del podcast A Medias, conducido por la politóloga Ana Milagros Parra y el comunicador Ricardo del Búfalo fue censurada por autoridades de una universidad autónoma de Maracay, estado Aragua (norte).
El 7 de junio los conductores se presentaron en vivo ante estudiantes de ese recinto como parte de una gira universitaria para promover e informar sobre los derechos políticos de la ciudadanía; casi al final, una autoridad les exigió cortar la grabación y les pidió retirarse del campus.
Ciudadanía y sociedad civil
Los periodistas Luis López e Ismael Gabriel González, y los activistas políticos Jeancarlos Rivas, Juan Iriarte y Javier Cisneros, fueron detenidos de forma arbitraria en Caracas y en el estado Vargas (norte) entre el 14 y el 17 de junio, acusados de “instigación al odio” y en violación del debido proceso.
Rivas fue abordado el 14 de junio en Maiquetía (Vargas) por funcionarios de la Policía Estadal, mismo día en el que familiares de López denunciaron su desaparición; al día siguiente, el partido Vente Venezuela informó que Iriarte fue sacado arbitrariamente de su casa. Cisneros y González fueron interceptados por un vehículo, presuntamente del SEBIN, cuando salían del comando de campaña de María Corina Machado en Caracas.
Más de un año después de su detención arbitraria y con distintas irregularidades en el proceso penal, fueron liberados con medida de presentacion los sindicalistas, Leonardo Azocar y José Tremaria, trabajadores de la estatal Siderúrgica del Orinoco (SIDOR).
Azócar fue detenido bajo engaño en junio de 2023 tras participar y liderar distintas protestas laborales con trabajadores en la planta de pellas de SIDOR. Tremaria habría formado parte de algunas protestas laborales y en favor de los mineros artesanales en la región y fue vinculado por las autoridades con “tráfico de material estratégico, conspiración y asociación para delinquir”.
La ciudadana Sandra Alizo fue agredida por tres mujeres simpatizantes del oficialismo en un colegio de San Fernando, estado Apure (sur), luego de registrar y denunciar puntos rojos del PSUV en el simulacro electoral de la elección presidencial, pautada para el 28 de julio de este año.
Alizo explicó que las mujeres arremetieron contra ella, la golpearon y le quitaron el teléfono celular, borrando además las fotos que había tomado. Según indicó la ciudadana, las agresoras son integrantes de una “UBCh” local, grupos organizados de afectos al PSUV que anteriormente ha acosado, intimidado y amenazado a personas en comunidades que no apoyan al oficialismo.
Periodistas
Funcionarios de la Policía de Colombia hallaron el 21 de junio el cadáver del locutor venezolano Miguel Angel Molina en la trocha La Marina, paso fronterizo entre el estado Táchira (oeste) y el departamento colombiano de Norte de Santander.
Al momento de encontrarse, el cuerpo portaba un carnet que lo identificaba como locutor. Molina fue identificado como director general de Melodía 90.1 FM, una emisora comunitaria de Táchira.
Autoridades del Consulado de Venezuela en Quito, Ecuador, impidieron que el periodista Jefferson Díaz entrevistara a las y los migrantes venezolanos que acudieron a una jornada de entrega de pasaportes en la Casa de la Cultura Ecuatoriana.
El impedimento también afectó la labor informativa del equipo del medio local Teleamazonas, que iba a entrevistar en el lugar a Díaz, así como a otro canal ecuatoriano. Una funcionaria del Consulado les indicó que no podían estar allí, ni grabar ni hacer entrevistas.
Funcionarios de seguridad del candidato presidencial de la oposición, Edmundo González, agredieron el 30 de junio a las y los trabajadores de la prensa que intentaban cubrir su llegada a la ciudad de Puerto Ordaz, estado Bolívar (sur), donde hizo un acto de precampaña.
Entre las personas agredidas se encontraban Jhoalys Siverio, de Correo del Caroní y Crónica Uno; Carlos Zúñiga, de VPI, junto con su camarógrafo José Medina; Rosangely Bruces, de Nueva Prensa Guayana; Enderson Pérez y su camarógrafo, de Venevisión; así como Gustavo Montaño, Alvis Herrera y Leonardo Estanga, también trabajadores de la prensa.
Desde la jefatura de prensa de Edmundo González indicaron que en el lugar había “personas infiltradas para generar caos y empujar a la gente” y que parte de su equipo también resultó agredido en el hecho.
