Julio: se elevan las restricciones en periodo electoral

agosto 6, 2024

El mes de julio estuvo marcado por la persecución a trabajadores de los medios y a la ciudadanía por la búsqueda o difusión de información y opiniones relacionadas con la campaña electoral de las elecciones presidenciales, con la cobertura de las votaciones, y con las manifestaciones posteriores al anuncio de resultados ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) sin presentar los respaldos de los números de votos ni realizar las debidas auditorías pautadas en la ley.

En julio contabilizamos 168 violaciones del derecho a la libertad de expresión, siendo el mes con mayor número de casos hasta ahora en 2024: los 92 hechos registrados representan el 49,5 % de los documentados este año. La intimidación fue el hecho más frecuente, con 77 registros, seguida de hechos de censura (26), amenazas y hostigamiento verbal (16 cada una), restricciones administrativas (15) y hostigamiento judicial (9).

Los cuerpos de seguridad fueron responsables de estos hechos en el 49 % de las ocasiones, seguidos de instituciones del Estado, victimarios en 20 % de los casos. En su mayoría, las víctimas contabilizadas son periodistas (58 personas, 46,8 %), seguidos de particulares (31), medios de comunicación (15), páginas web (7), camarógrafos (5) y reporteros gráficos (4). Resaltan además las denuncias de persecución contra la ciudadanía y miembros de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) por la divulgación de opiniones en contra de Nicolás Maduro, y por el trabajo de denuncia, defensa y protección en casos de violaciones a los derechos humanos.

El 30 y 31 de julio registramos 32 casos de violaciones a la libertad de expresión, en el contexto de las protestas en rechazo a los resultados de la elección presidencial, anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Los reportes completos de estas incidencias están publicados en nuestro sitio web: 30 de julio y 31 de julio.

Hostigamiento e intimidación

Registramos 77 hechos de intimidación, que incluyen diferentes tipos de impedimento de cobertura y desalojo de lugares públicos, así como la persecución física, grabación o fotografías a trabajadores de los medios. La mayoría de estos casos se dieron en el contexto electoral, reseñamos a continuación los más destacados por la gravedad o por los victimarios involucrados.

Nicolás Maduro hostigó y amenazó en televisión nacional a los periodistas Mari Montes, Orlando Avendaño y a Emmanuel Rincón el 2 de julio, tras publicar algunos comentarios en la red social X a raíz de un accidente que sufrió Delcy Rodríguez. Maduro los acusó de “fascistas”, “nazis” y de cometer “crímenes de odio”; mostró los mensajes que los comunicadores publicaron en X, antes Twitter. “Te acordarás de mí. Malas noticias vas a tener”, le dijo específicamente al comunicador Emmanuel Rincón¹.

El periodista Orlando Avendaño y otras tres personas fueron hostigadas nuevamente por Nicolás Maduro el 15 de julio, en un acto de campaña transmitido en medios públicos, por publicaciones críticas con oficialistas en la red social X. Maduro exigió a la Fiscalía General “actuar” en contra de Avendaño por “delitos de odio, así esté en el exterior”²

Durante un mitin electoral con partidarios del oficialismo, Nicolás Maduro, hostigó verbalmente a las agencias internacionales de noticias Reuters, EFE, Associated Press(AP) y AFP y aseguró que “mienten todos los días”. calificó a las cuatro agencias de “basura” y las acusó de ser parte de una “campaña mundial” dirigida por Estados Unidos en la que “todos los días sacan mentiras”³.

Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) llegaron el 23 de julio al patio de la casa de la periodista Ariana Agreda, en el estado Sucre (noreste), y le tomaron fotos a ella y a sus hijos. Agreda comentó “ellos siempre han estado rondando la casa” pero en esta ocasión atravesaron hasta el patio de su residencia. Presume que la intimidación se debe a que su esposo es el coordinador en Sucre del partido opositor Voluntad Popular⁴.

En el estado Táchira (oeste), Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), a bordo de dos patrullas de ese cuerpo de seguridad, intimidaron durante una hora y media a las periodistas Lorena Bornacelly, Mariana Duque y Luzfrandy Contreras en una panadería, cuando estaban entrevistando a líderes políticos sobre el desarrollo de la campaña, con motivo del cierre de campaña electoral en San Cristóbal, capital de la entidad.

Según narraron las periodistas, los funcionarios estuvieron en el local aproximadamente por 40 minutos y las grabaron. Mientras tanto, la patrulla del SEBIN seguía dando vueltas alrededor del local y no fue sino una hora y media después que lograron salir⁵.

El 28 de julio, día de las elecciones presidenciales, La periodista Yanara Vivas, de Mérida (oeste), dijo que fue fotografiada por dos sujetos cuando conversaba con la encargada del Plan República, quien le negó el acceso a la prensa acreditada a este centro de votación.

Funcionarios impidieron al equipo de prensa de María Corina Machado ingresar al colegio Elena de Bueno para dar cobertura al momento en que la líder de Vente Venezuela ejercía su derecho al voto. En centros de votación en varios estados del país, registramos impedimentos de cobertura en cuanto al acceso al lugar, desalojos, amenazas y detenciones arbitrarias temporales. En la mayoría de los casos registrados,las y los periodistas contaban con la acreditación correspondiente del CNE⁶.

Para conocer los hechos registrados el día de las elecciones, puedes ver y descargar el reporte hasta la 1:00 p.m., y el que incluye casos entre la 1:00 y las 9:00 p.m.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó en su cuenta de X que el periodista Jesús Romero, del medio digital Código Urbe, fue herido de bala mientras cubría unas manifestaciones antigubernamentales en el sector San Jacinto de Maracay, estado Aragua (centro)⁷.

El 30 de julio presuntos funcionarios fotografiaron a los periodistas Madeleyn Palmar (Unión Radio), Gerard Torres (Es Con Usted), María Carolina Quintero (VPItv) y Edwin Prieto (Qué Pasa En Venezuela), cuando cubrían la asamblea popular convocada por la líder de oposición, María Corina Machado, en la Plaza La República en Maracaibo, estado Zulia (Noroeste). Al reclamar y cuestionar por qué los grababan y fotografiaban, las personas se movieron del lugar pero los seguían vigilando desde las esquinas de la plaza, según reportó el SNTP. Frente a la intimidación, las y los periodistas se retiraron del lugar por seguridad⁸.

Jorge Rodríguez, presidente actual de la Asamblea Nacional, hostigó a Eugenio Martínez: “No es otra cosa que un hablador de paja, (…) asalariado por supuesto y que estaba en una sala situacional con sede en Bogotá, ¿o no Eugenio? Estabas trabajando para imponer el fraude”, dijo⁹.

Efectivos de la GN en Valera, Trujillo (oeste), dispararon hacia la casa de Alexander González, periodista del diario La Nación Web y Unión Radio. Al percatarse de que el periodista los estaba grabando, le gritaron y detonaron el arma¹⁰.

Impedimentos a periodistas internacionales

La periodista italiana Barbara Schiavulli denunció el 25 de julio que las autoridades venezolanas le negaron la visa a ella y a un grupo de reporteros internacionales que se preparaban para cubrir la elección presidencial del 28 de julio. Explicó que el grupo planeaba partir hacia Venezuela el sábado, 27 de julio, tras haber recibido el visto bueno en abril, cuando solicitaron la acreditación y enviaron los detalles de las reservas de vuelo y hotel¹¹.

El mismo día autoridades venezolanas de migración impidieron la entrada al país al periodista argentino Jorge Pizarro, reportero de Radio Rivadavia, quien planeaba cubrir la elección presidencial del 28 de julio. A Pizarro lo retuvieron en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía (Vargas, norte), lo interrogaron 10 veces, no le permitieron tomar su medicación, tomar agua ni ir al baño durante seis horas y luego lo deportaron¹².

Las periodistas Vanessa De La Torre y Carolina Trinidad, fueron declaradas inadmisibles y funcionarios del Aeropuerto Internacional de Maiquetía las expulsaron de Venezuela el 28 de julio, tras alegar que “no cumplen con el perfil migratorio para ingresar”. Ambas trabajan para Caracol Radio y llegaron al país desde Bogotá, Colombia, para dar cobertura a las elecciones presidenciales. De La Torre indicó que también prohibieron la entrada a otras 20 personas, de vueltas “sin explicación”¹³.

El gobierno venezolano detuvo y expulsó del país al reportero del medio español Ok Diario, Cake Minuesa, El comunicador fue detenido por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) el 28 de julio, había calificado de “fraude” el resultado anunciado por el CNE. Ok Diario informó que Minuesa fue trasladado a Bogotá (Colombia) el 29 de julio para ser deportado a España. El reportero fue interceptado en la madrugada del 29 de julio cuando se dirigía al hotel a buscar sus pertenencias y fue liberado tras gestiones de la Cancillería española y la Embajada de España en Caracas.

Detenciones

El inicio de la campaña electoral en Venezuela estuvo marcado por ataques a la disidencia y al derecho de la ciudadanía a expresarse y apoyar libremente al candidato o líder político de su preferencia, incluyendo el allanamiento a la residencia donde se alojó María Corina Machado en Palmira, estado Táchira (oeste).

Las detenciones y confiscaciones arbitrarias fueron las vulneraciones más comunes practicadas por funcionarios del Estado entre el 6 y el 13 de julio, todas en contra de personas vinculadas con la campaña de Edmundo González y/o la logística de las visitas de María Corina Machado a las regiones del país; entre las víctimas mencionamos a Pedro Marín, Armando Pinto, Rafael Marín, Aldo Roso Vargas, Ricardo Albacete, Elisaul Rodríguez y Miere Eduardo Aguilar¹⁴.

Cuerpos de seguridad del Estado hostigaron y detuvieron entre el 3 y el 4 de julio a ciudadanos que difundieron información y/o participaron en los actos de campaña del candidato presidencial, Edmundo González, y la líder de la oposición, María Corina Machado, en Caracas y el estado Barinas (oeste). Maribel Ortiz, Yordan Molina y otra persona sin identificar, fueron detenidos por compartir un audio en WhatsApp sobre el acto de campaña de Machado y González. Además, funcionarios de la PNB intentaron detener a Oswaldo Méndez, jefe de operaciones del Comando Con Venezuela que conducía un vehículo con sonido en medio de una caravana¹⁵.

El fotógrafo Víctor La Cruz y la ciudadana Milexis Peña (pareja) fueron detenidos en la tarde del lunes por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), en medio de una manifestación pacífica que se desarrollaba en la avenida Cuatricentenaria de Barinas, estado Barinas (oeste). Según informó la ONG Fundación de Derechos Humanos Los Llanos (Fundehullan), La Cruz y Peña están entre las 13 personas detenidas arbitrariamente por manifestar en contra de los resultados electorales anunciados a la medianoche del 29 de julio¹⁶.

El partido La Causa R, denunció en su cuenta en X la detención de Rafael Sivira, coordinador juvenil de Caracas, la madrugada del 30 de julio. Presuntos funcionarios de la División de Inteligencia de la Policía Nacional Bolivariana lo detuvieron en las inmediaciones de La Paz, en Caracas y fue presuntamente presentado en la Fiscalía 62 por “cargos de terrorismo, asociación para delinquir, sin haber contado con la presencia de un abogado”. Se desconoce su centro de reclusión, lo que viola el debido proceso¹⁷

El 28 de julio, estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, sede Catia, en Caracas, protestaron para que los dejaran votar por el candidato de su preferencia y no con voto asistido. Además, recibieron la amenaza de no entregarles sus títulos. Horas después fueron reportados como desaparecidos. El 30 de julio se conoció que dos de los 25 estudiantes están detenidos: Eudimar Labrador y Maick Delfín. La periodista Luna Perdomo reportó desde su cuenta en X que a ambos “se les acusa de traición a la patria y de instigación al odio”¹⁸

Efectivos policiales detuvieron al camarógrafo de VPITV, Paul León, golpearon y le robaron los equipos a la periodista Yuliana Palmar, de Trujillo Zona Roja, en Valera, estado Trujillo, el 30 de julio¹⁹

Fundehullan, organización defensora de derechos humanos, denunció la detención arbitraria de los hermanos José Manuel Robles y Miguel José Robles cerca de las 10:30 am del 30 de julio, presuntamente por funcionarios del SEBIN. Se los llevaron presuntamente por la publicación de videos haciendo llamados al voto²⁰.

Efectivos de la Guardia Nacional detuvieron la tarde del lunes 29 de julio a Yousner Leomar Alvarado Medina, camarógrafo de Noticiero Digital, en las inmediaciones de los edificios Los Marqueses, ubicados en la Av. 23 de Enero de la ciudad de Barinas. Pasaba por el lugar cuando se desarrollaba una protesta y una patrulla se le atravesó, bajaron funcionarios y lo montaron en el vehículo. Permanece en el Destacamento N°33 de la Guardia Nacional²¹.

Efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) detuvieron el 30 de julio al ciudadano Francisco Dos Santos cuando grababa con su esposa una marcha del oficialismo en la ciudad de Puerto Cabello, estado Carabobo (norte)²²

El ciudadano Miguel Palacios denunció que desde la alcaldía de Cúa, municipio Urdaneta del estado Miranda, hay una orden de detención en su contra tras participar en una protesta el 29 de julio en esa zona de los Valles del Tuy²³.

Reducción de la oferta informativa: cierre de medios y censura

Tres funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) cerraron el 4 de julio la emisora Deportiva 98.3 FM que operaba en la ciudad de Valle de la Pascua, estado Guárico (centro), presuntamente por no contar con los permisos correspondientes, un mecanismo censor utilizado con frecuencia por Conatel. El director de la emisora, Vladimir Balza, narró que los funcionarios se presentaron en la sede de la emisora solicitando los documentos y proyectos correspondientes a la habilitación de su concesión. El personal de Deportiva 98.3 FM les mostró las solicitudes hechas a Conatel que no han obtenido respuesta, pero sacaron la emisora del aire por no contar con los permisos²⁴

El 28 de julio, día electoral, individuos que se trasladaban en un carro de la Corporación Eléctrica Nacional, cortaron el servicio del edificio donde funciona Radio Fe y Alegría 92.1 FM, en Delta Amacuro (este), lo que les impidió continuar con su transmisión.

El director General de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Jorge Márquez, prohibió “la transmisión de noticias que infrinja elementos clasificados de violencia”, según un comunicado que envió la directora de este ente, Denis Cabeza, en el estado Bolívar(centro). De no cumplir esta orden, multarán o retirarán las concesiones a las emisoras de radio, porque “el objetivo es promover la paz y tranquilidad de la nación”²⁵.

Responsables regionales deConatel también instruyeron el 30 de julio a dueños de emisoras a que dejen de transmitir información sobre las protestas que ocurren en el país, según comunicaciones denunciadas por el SNTP. La organización gremial aseguró que las instrucciones escritas fueron enviadas a emisoras de los estados Bolívar (sur), Monagas (este), Falcón (oeste), Zulia (oeste), Carabobo (centro), Aragua, Amazonas (sur), Nueva Esparta (noreste) y Barinas (suroeste), donde además se pausaron los programas informativos y de opinión²⁶

Ciudadanos de una comunidad en el estado Lara denunciaron el 31 de julio que simpatizantes del oficialismo y voceros de consejos comunales afines al PSUV hicieron listas de personas que votaron en contra del gobierno, guiándose por publicaciones en estados de WhatsApp de vecinos y anotando a quienes salieron a cacerolear en contra de los resultados anunciados por el CNE²⁷.

La emisora Amazonas 100.1 FM sacó del aire el programa radial Waka Noticiasel 31 de julio, luego de que la administración de la radio le informara al coordinador del espacio que “la línea editorial ha cambiado frente a los recientes acontecimientos que se han venido registrando después de las elecciones”. A la producción de Waka Noticiasle exigieron dejar de informar sobre lo que sucede en el país a raíz de las protestas por los resultados de la elección presidencial: “En conversación con nuestro equipo de periodistas y reporteros, se ha decidido no continuar saliendo al aire”²⁸.

Bloqueos y restricciones en línea

Los portales web de las organizaciones de verificación y fact checking Cazadores de Fake News y EsPaja fueron bloqueados este 4 de julio por las principales operadoras de servicios de internet en el país, justo el mismo día de inicio de la campaña electoral presidencial y luego de que ambos portales documentaron contenidos de desinformación sobre los candidatos. Ambos portales estuvieron documentando y verificando todo tipo de información durante la precampaña, desde contenidos desinformadores sobre los candidatos presidenciales hasta bulos sobre el proceso electoral en sí²⁹.

Los portales web del Observatorio Venezolano de Fake News (OVFN) y del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) fueron bloqueados el 12 de julio por las principales operadoras de internet del país. Según informó en su cuenta de X el Observatorio de Internet VE sin Filtro, el sitio web del OVFN sufrió bloqueos de tipo DNS en Digitel y NetUno, de tipo HTTP/HTTPS en Movistar y de tipo DNS + HTTPS en la operadora estatal CANTV. También registramos el bloqueo de nuestro sitio web³⁰.

Los portales informativos TalCual, El Estímulo, Analítica y Runrunes, así como los sitios de las ONG Medianálisis y Observatorio de Internet VE sin Filtro, fueron bloqueados el 22 de julio por las principales proveedoras de internet y ya suman 12 sitios web con restricciones para acceder desde que comenzó la campaña electoral. El Observatorio de Internet pudo registrar que los bloqueos se presentaban desde la estatal CANTV, Movistar, Digitel, NetUno, e Inter³¹.

El mismo día fue bloqueado el portal de Proton VPN, tan solo horas después de anunciar que liberaba su servicio en Venezuela durante la elección presidencial del 28 de julio con el fin de que la ciudadanía pudiera acceder a información independiente y verificada en los portales bloqueados por órdenes de la Conatel.

El 28 de julio el diario El Periodiquito anunció en un comunicado que su cuenta de Instagram habría sido “atacada en un intento de hackeo”, por lo que el medio no podría seguir informando por esa vía. Aclararon que trabajan para recuperar el acceso e invitaron a su público a consultar sus noticias por una cuenta alternativa³²

El observatorio de internet, VeSinFiltro, alertó sobre el bloqueo del sitio web donde la oposición publicó las actas de votación recolectadas. Las empresas prestadoras de servicio de conexión en el país mantienen a la ciudadanía sin acceso a esa información de interés público; mientras el Consejo Nacional Electoral no ha publicado (al 6 de agosto) los respaldos ni resultados completos de las elecciones presidenciales³³.

Opacidad informativa y acceso a la información pública

Al inicio del período de elecciones presidenciales de 2024, documentamos que cierta información exigida por el calendario electoral fue publicada de manera incompleta o a destiempo, lo que condiciona el ejercicio de los derechos por el desconocimiento en materia electoral. Las características de ciertas publicaciones hechas por órganos del Estado demuestran que la opacidad sigue siendo la regla. En algunos casos, aún cuando se publicaron informaciones, estas no necesariamente se hacen accesibles a la ciudadanía de forma oportuna, lo cual condiciona el ejercicio de los derechos por el desconocimiento informativo en materia electoral³⁴.

Por otra parte, la publicación extemporánea del Registro Electoral Preliminar muestra cómo menos del 2% de venezolanos migrantes pueden ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones presidenciales. La publicación del Registro Electoral Definitivo muestra diferencias entre las cifras preliminares de votantes registrados; además, ciertos archivos sugieren en sus datos de creación que fueron publicados fuera del plazo establecido por el Calendario Electoral, cuestión que afecta el ejercicio del derecho a proteger derechos con datos clave que sirvan como base para exigir garantías para el ejercicio del sufragio, en particular de venezolanos migrantes³⁵.

Nicolás Maduro ordenó la conformación de una comisión especial para que “expertos” y la Asamblea Nacional “asuman el proceso de defensa de la opinión pública, ataques, veneno del odio y de la violencia en medios de comunicación y redes sociales”. Las declaraciones públicas fueron transmitidas en televisión nacional y se suman a otras amenazas similares de restricciones legales para las redes sociales.