La ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, hostigó a la periodista, Sebastiana Barráez por denunciar las presuntas reuniones entre representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) con miembros y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la frontera.
La Ministra calificó a Barráez de “mitómana compulsiva” al tiempo que aseguró que la reunión sería entre miembro del partido político con los movimientos sociales y colectivos organizados del estado Táchira.
“Y asistió el que quiso, lamentablemente no la vi, por lo cual sus colegas de los medios deben estar sintiendo pena ajena ante una agremiada reñida con lo más elemental de la ética profesional de un periodista como lo es ajustarse a la verdad”1., twitteó Varela.
Continúo descalificando: “entendemos el papel de quien trabaja para los enemigos de la patria, buscando desesperadamente crear falsos positivos que justifiquen las agresiones de los gringos inventando historias con sus marionetas criollas”.
El sábado 25 de mayo, Barráez informó a través de su cuenta en Twitter sobre una información en la frontera entre Venezuela y Colombia. La periodista informó que “llegaron a la sede del Central Azucarero de Ureña unos 30 guardias nacionales de refuerzo. Habrá una reunión entre hoy 24 y mañana 25 de mayo, con dirigentes del PSUV y el ELN. Además agregó que la Ministra estaría presente en la reunión “del general Manuel Gregorio Bernal Martínez jefe de la REDI, también colectivos y que se acerque un comandante de la guerrilla colombiana”2.
Esta no es la primera vez que la Ministra arremete a través de sus redes sociales contra periodistas, el pasado mes de agosto Varela, insultó a la periodista, Beatriz Adrián luego de que ésta le corrigiera un error sobre la reconversión.
Luego de la corrección, la Ministra atacó a la periodista, acusándola de «palangrista» e instándole a quedarse quieta y a «no meter sus narices», además de recomendarle que le pidiera “consejos a Uribe”.
Estas actuaciones refuerzan la política estatal de irrespeto y violencia en el lenguaje en contra de los periodistas, los funcionarios públicos que gobiernan están en la obligación de fomentar la seguridad y el respeto a la labor periodística.
