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Informe 2017: Tres golpes diarios contra la libertad de expresión en Venezuela

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Durante el año 2017 se documentaron 708 casos que sumaron 1002 denuncias de violaciones al derecho humano a la libertad de expresión. Estos datos son los más altos desde el año 2002 y muestran un deterioro sustantivo de las garantías de este derecho en Venezuela.

Los 708 casos en los que se vulnera el derecho a la libre expresión en su mayoría corresponden al uso de la violencia física, la intimidación y ataques no solo a trabajadores de la prensa, sino también contra ciudadanos que buscaban registrar los hechos que sucedían al momento.

Entre los patrones de violaciones más frecuentes están: detenciones, impedimento de cobertura, robo de equipos, destrucción de material, desalojo de espacios o instituciones públicas; agresiones contra periodistas, reporteros gráficos o infociudadanos por registrar hechos o difundir información; y ataques contra sedes o equipos de medios de comunicación, la mayoría de estos durante protestas de calle.

El año 2017 cerró con la salida del aire de ocho canales de televisión, 54 emisoras, y 17 medios impresos que dejaron de circular por falta de papel prensa, seis de ellos indefinidamente. El Gobierno utiliza la violencia institucional para censurar a través de restricciones directas o indirectas a través de los entes estatales.

Espacio Público también documentó el ataque o bloqueo de 13 sitios web informativos, lo que impidió que durante varias horas los usuarios no tuvieran acceso a medios de información en internet. Contrapunto, Valera Noticias, Aporrea, Caraota Digital, El Pitazo, Venezolanos por la información-VPI, VivoPlay, Maduradas, Sumarium, El Estímulo, Analítica y Punto de Corte, sufrieron de suspensión en sus transmisiones mientras que en el caso de VPI y Vivo Play, el ataque fue durante la cobertura en vivo de manifestaciones opositoras.

En el caso de la radio, 52 de las emisoras cerradas están en el interior del país, en los estados Yaracuy, Falcón, Barinas, Cojedes, Mérida y Táchira. Situación que compromete el derecho de las personas a estar informados.

Durante el 2017, periódicos nacionales y regionales salieron temporalmente de circulación por falta de bobinas de papel para imprimir; dos redujeron su tiraje y paginación para seguir circulando, y seis periódicos dejaron de circular indefinidamente en los estados Falcón, Portuguesa, Mérida, Anzoátegui, Barinas y Tal Cual, que pasó definitivamente a la web. Todo ello producto del discrecional monopolio que ejerce la empresa estatal Corporación Maneiro que define la asignación de estas materias primas en el país.

Sancionada por una ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC) la denominada “Ley contra el odio, la intolerancia y por la convivencia pacífica” contempla hasta 20 años de prisión, bloqueo de portales, cierre de radios y televisoras a quién exprese opiniones que incomoden al poder.

Esta regulación castiga el discurso de odio, pero no lo define ni establece categorías claras en los que podrían calificar una expresión de este tipo. La vaguedad del instrumento deviene en posibles aplicaciones arbitrarias. La privativa de libertad, de acuerdo a los estándares en derechos humanos y la legislación comparada con otros países de la región, resulta una sanción desproporcionada.

Cada 3 de mayo el mundo conmemora el Día de la Libertad de Prensa en el marco de la recomendación adoptada durante la 26ª sesión de la Conferencia General de la Unesco que, desde 1993, reconoce a la prensa independiente como un componente esencial de toda sociedad democrática y un derecho humano fundamental. Es la oportunidad de recordar la importancia del periodismo en la vida democrática y como instrumento para alcanzar la dignidad de todas las personas.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”22239″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text]

Informe 2017: Situación del Derecho a la Libertad de Expresión e Información en Venezuela

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tta_accordion style=”flat” shape=”square” active_section=”1″ no_fill=”true” collapsible_all=”true”][vc_tta_section title=”Prólogo” tab_id=”1525120268337-12d511d8-e974″][vc_column_text]Los días 27 y 29 de marzo de 2017, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) publicó las sentencias 155 y 156. La primera deja sin inmunidad a los diputados y la segunda arrebata a la Asamblea Nacional la facultad de aprobar la creación de empresas con capitales privados extranjeros para explorar recursos naturales en el territorio nacional. Es decir, de hecho anulaba a un poder elegido popularmente en unas elecciones libres.

El informe1 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló expresamente que:

La crisis que atravesó Venezuela durante este año [por 2017] obedece a un conjunto de factores, entre los que ocupan un lugar central las serias injerencias del Poder Ejecutivo y Judicial en el Legislativo. En efecto, la Comisión [Interamericana de Derechos Humanos] observa que tal situación está estrechamente relacionada, aunque no de forma exclusiva, a las decisiones adoptadas por el TSJ, desde 2015, que significaron importantes afectaciones en las competencias de la AN y menoscabaron el principio de separación de poderes.

Las dimensiones asociadas a la democracia y por tanto la posibilidad de una garantía real para los derechos humanos, implica que exista una efectiva división de poderes, elecciones auténticas y la plena realización de la libertad de expresión para todas las personas.

Las manifestaciones en las calles son la expresión genuina del descontento de un sector importante de la sociedad venezolana y al mismo tiempo desnuda el fracaso del sistema político venezolano para garantizar la cohesión social, la gobernabilidad y la confianza en las instituciones.

Las instituciones políticas del país están debilitadas en la medida en que se encuentran desnaturalizadas porque no son receptivas a los reclamos de la sociedad. Las calles están marcadas por la insatisfacción de las personas y la ausencia de respuestas a demandas concretas. Las manifestaciones son un signo del descontento ante la dependencia del Poder Judicial y una gestión pública ineficiente.

Las sentencias del TSJ expresan la ausencia de independencia y al mismo tiempo desconocen un valor de la sociedad venezolana que es la expresión y participación política mediante el voto universal, directo y secreto en elecciones auténticas. El valor de la democracia y el poder del voto es un carácter que está implícito en la política nacional. Es un componente labrado por varias generaciones, se reivindica de un modo explícito, entre otros indicadores, en las altas tasas de participación en las elecciones y en los discursos públicos.

Las movilizaciones también tienen ese sustrato de reivindicar el poder de voto para cambiar o evaluar políticas regresivas que son incapaces de satisfacer la alimentación, la atención de salud, las medicinas, el derecho a la educación y el conjunto de los anhelos básicos de la dignidad de las personas.

La respuesta gubernamental fue la descalificación genérica de las movilizaciones, la represión abierta y el desarrollo de estrategias de propaganda para ocultar los hechos. Junto a manifestantes de todo el país, se castigaba al periodismo independiente para impedir el acceso a la información a la sociedad venezolana.

El año 2017, es el año con el mayor número de casos documentados con denuncias al derecho humano a la libertad de expresión en Venezuela desde el año 2002. Se mantuvo el correlato entre manifestaciones en las calles y represión a los periodistas, camarógrafos, reporteros y fotógrafos. Es decir, a mayor número de asambleas o reuniones en las calles aumenta la violencia física contra los periodistas que hacen la cobertura de calle.

Un elemento característico de los hechos observados es la actuación violenta y abierta de funcionarios policiales y militares en contra de comunicadores. Hay muchos casos documentados de robo de equipos fotográficos y teléfonos móviles. Es evidente que actúan con mayor arbitrariedad en la medida que no hay castigo ante abusos. La actuación impune y la inacción ante los atropellos se constituyeron en una política de Estado.

La deriva autoritaria gubernamental desnaturaliza los contenidos de la institucionalidad política liberal consagrada en la Constitución de 1999. Especialmente basa su despliegue en la construcción e imposición de un discurso que procura justificar las diversas medidas gubernamentales y trata de instalar un relato populista que proporcione algún tipo adhesión política.

El ecosistema de medios venezolano tiene una reducción sustantiva de los espacios de libertad y además está contaminado por deliberadas políticas que incrementan su toxicidad, fragmentación y reduce su capacidad de influencia. Una herramienta tóxica es el uso estatal de la redes sociales para distribuir noticias falsas o hacer propaganda.

Este discurso populista no delibera con la sociedad, busca imponerse desde una visión basada en un pretendido sustento historicista que no rinde cuentas de su gestión. Al amparo de esa narrativa, crecen las denuncias de corrupción que disminuyen los recursos necesarios para efectivamente garantizar los derechos sociales a las personas. Una característica relevante es la progresiva militarización de la sociedad que intenta reducir a los civiles a la periferia de la vida pública.

La élite gubernamental construye una ralea asociada a la intención autoritaria que procura de cualquier manera que no existan elecciones competitivas. Es decir, no realizar una votación que efectivamente garantice la expresión política de las personas. Cada vez más el discurso no tiene credibilidad porque existe una disonancia entre el relato y el modo de vida que encarnan quienes integran el gobierno.

Las propuestas políticas de los diversos sectores de la sociedad deben someterse a un proceso electoral real que permita un efectivo respeto de los derechos a la expresión, participación política y el derecho a elegir. La ciudadanía reclama participar en unas elecciones auténticas que se ajusten a lo establecido en la Constitución de la República de Venezuela.

La disolución de la independencia entre los poderes públicos aumenta las posibilidades de un ejercicio discrecional del poder y ello siempre implica graves riesgos para las garantías los derechos humanos.

El desafío de los venezolanos es construir una República que deje atrás la excepcionalidad continuada, recupere la independencia de los poderes públicos, permita la alternancia en el poder, posibilite la rendición de cuentas y exista una amplia deliberación pública.

La situación del derecho a la libertad de expresión es un indicador clave para determinar la calidad de una democracia. Otro, muchas veces no suficientemente valorado, es la independencia del Poder Judicial. Este año 2017, la actuación del TSJ fue el catalizador de la movilización ante el hastío de amplios sectores de la sociedad por la burla recurrente a los principios de la democracia y la propia Constitución de 1999.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Datos 2017: Situación del Derecho a la Libertad de Expresión en Información en Venezuela ” tab_id=”1525120268338-55744431-ab0a”][vc_column_text]Situación del derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela 2017, Espacio Público

Descargar el informe[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Acceso a la información pública y los Desca” tab_id=”1525120426184-9bc40827-74c2″][vc_column_text]Acceso a la Información Pública y Desca. Amado Vivas Espacio Público 2017

Descargar aquí[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Libre expresión condicionada en elecciones” tab_id=”1525120427384-020ba376-f5c9″][vc_column_text]Libre expresión condicionada en elecciones. Informe 2017 Libartad de Expresión en Venezuela Espacio Público

Descargar aquí[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Radicalización de la violencia impune” tab_id=”1525120428179-9b0a0892-711a”][vc_column_text]Radicalización de la violencia impune. Informe 2017 Libertad de Expresión en Venezuela, Espacio Público

Descargar aquí[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Paternalismo estatal como mecanismo de censura” tab_id=”1525270715483-2760b9bd-e635″][vc_column_text]Paternalismo estatal como mecanismo de censura. Informe 2017 Libertad de Expresión en Venezuela, Espacio Público

Descargar aquí[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Detenciones y deportaciones: Asedio a la prensa extranjera” tab_id=”1525270718887-947f1a55-4c2e”][vc_column_text]Detenciones y deportaciones Asedio a la prensa extranjera. Informe 2017 Libertad de expresión en Venezuela, Espacio Público

Descargar aquí[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Silencio indefinido a través de medidas cautelares” tab_id=”1525270721960-3db0a1af-d714″][vc_column_text]Silencio indefinido a través de medidas cautelares. Informe 2017 Libertad de Expresión en Venezuela, Espacio Público

Descargar aquí[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Sin conexión. La libertad de expresión en internet” tab_id=”1525271314449-89f6cb7e-4a3c”][vc_column_text]Sin conexión. La libertad de expresión en internet. Informe 2017 Libertad de Expresión en Venezuela, Espacio Público

Descargar aquí[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”El discurso de odio, excusa para la censura” tab_id=”1525271317303-c1fbd406-e6a6″][vc_column_text]El discurso de odio, excusa para la censura. Informe 2017 Libertad de expresión en Venezuela, Espacio Público

Descargar aquí[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Resumen. 2017: Situación del Derecho a la Libertad de Expresión e Información en Venezuela” tab_id=”1525272152506-331b40c5-3e72″][vc_column_text]Resumen Informe 2017. Situación del derecho a la Libertad de Expresión en Venezuela 2017, Espacio Público

Descargar el resumen[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”19560″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text]

Cronología de casos de violaciones del derecho a la Libertad de Expresión e Información 2017

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tta_accordion style=”flat” shape=”square” active_section=”1″ no_fill=”true” collapsible_all=”true”][vc_tta_section title=”Enero” tab_id=”1525120523536-41ddf6b5-784e”][vc_column_text]1/1/2017

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La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó verbalmente que las cableoperadoras interrumpieran la señal del  canal colombiano RCN Televisión, tan pronto como estrenó la serie El comandante, que está inspirada en la vida del fallecido expresidente Hugo Chávez. El ente dijo que este seriado es “un insulto” a la memoria del precursor de la llamada “revolución bolivariana”. (Espacio Público, 31 de enero de 2017. “Campaña de Diosdado Cabello censura serie El Comandante en Venezuela”. Recuperado el 31/1/2017 en https://goo.gl/pC5csI). [/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Febrero” tab_id=”1525120523555-b8f6ce51-4be3″][vc_column_text]2/2/2017

 

 

 

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[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Marzo” tab_id=”1525273028575-83b1f292-ecfd”][vc_column_text]1/3/2017

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Mientras se realizaban manifestaciones en contra de las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) varios periodistas de distintos medios de comunicación fueron agredidos y atacados en las afueras de las instalaciones del TSJ en la avenida Baralt, en la ciudad de Caracas, el 31 de marzo. Fueron agredidos el periodista Andry Rincón, de VivoPlay, quien fue golpeado, detenido arbitrariamente y sus equipos fueron dañados; Zuhé Rodríguez y Oscar Graterol de Globovisión, quienes fueron agredidos y sus equipos fueron robados; y Elyangélica González quien fue igualmente agredida. Marcos Bello, reportero gráfico de la agencia Reuters, fue apaleado por la Guardia Nacional. Iván Reyes, reportero gráfico del portal informativo Efecto Cocuyo, fue golpeado en la cara por la Guardia Nacional y se le intentó robar su cámara. (Espacio Público, 31 de marzo de 2017. “Espacio Público rechaza las agresiones contra la prensa en el TSJ”. Recuperado el 18/04/2017 https://goo.gl/9dbwXv). [/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Abril” tab_id=”1525273035592-62b7cbf5-e554″][vc_column_text]4/4/2017

 

 

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Los gobernadores de los estados Táchira y Yaracuy dictaron sendas normativas restringen el ejercicio de los derechos humanos a la reunión, manifestación pacífica y libre participación en los asuntos públicos, garantizados en la Constitución Nacional. (Espacio Público, 28 de abril de 2017.Gobernadores de Táchira y Yaracuy criminalizan la protesta pacífica”. Recuperado el 02/5/2017 https://goo.gl/Ot0Q6w).[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Mayo” tab_id=”1525273036744-50b53c77-41ae”][vc_column_text]3/5/2017

 

 

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Francisco Bruzco, fotógrafo del portal de noticias digital Crónica.Uno, fue agredido y robado durante la cobertura de la manifestación convocada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en la autopista Francisco Fajardo a la altura de Altamira. (Espacio Público, 31 de mayo de 2017.  “Fotógrafo Francisco Bruzco robado y agredido por la GNB en La Carlota”. Recuperado el 4/6/2017  https://goo.gl/5NnEbp).[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Junio” tab_id=”1525273037566-e9d7dd1e-f927″][vc_column_text]1/6/2017

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[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Julio” tab_id=”1525273038309-9bc20043-2f86″][vc_column_text]4/7/2017

 

 

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A las 10:30 de la noche del 30 de julio, @TBGuardians publicó un primer mensaje en Twitter: “Comenzó una nueva era”. A las 4:22 a. m. anunciaron que habían “tumbado” el sitio web del Consejo Nacional Electoral, cne.gob.ve. La razón: el total de votos anunciado por el organismo electoral como resultado de las elecciones de los constituyentistas. (Espacio Público, 31 de julio de 2017. “Vulneran sitios web del Gobierno tras anuncio de participación en la elección de los constituyentistas”. Recuperado el 24/8/2017 en https://goo.gl/NZ9NFy).[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Agosto” tab_id=”1525273039711-dbba8d78-1203″][vc_column_text]1/8/2017

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[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Septiembre” tab_id=”1525273040597-ad7a0326-8c0e”][vc_column_text]4/9/2017

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[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Octubre” tab_id=”1525273041457-3f3ccfe3-0c74″][vc_column_text]2/10/2017

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[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Noviembre” tab_id=”1525273042349-0a3ecd84-6f6a”][vc_column_text]2/11/2017

 

 

 

 

 

 

 

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[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Diciembre” tab_id=”1525273043484-ece8be77-787e”][vc_column_text]1/12/2017

 

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[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Cronología enero-diciembre 2017 en pdf” tab_id=”1525274078869-12e1732f-5ad3″][vc_column_text]Cronología 2017 Situación del derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela 2017, Espacio Público

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Ejemplos de imágenes:

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Libertad de Expresión en el 2018

Entre enero y abril de 2018, se registraron 86 casos/situaciones en los que se vulneró el derecho a la libertad de expresión en Venezuela, lo que corresponde a un total de 126 violaciones al derecho, y representa una disminución de 52% en relación al total registrado en el mismo periodo de 2017. Por su parte, el número de casos se redujo en un 55%.

Conoce todos los datos de 2018 en el siguiente documento:

Libertad de expresión en Venezuela enero abril 2018 Espacio Público

Descargar aquí

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  1. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (31 de diciembre de 2017). Institucionalidad democrática, estado de derecho y derechos humanos en Venezuela. Presentado el 12 de febrero de 2018.[]
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