El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro amenazó con enviar a la cárcel a opositores que cuestionen la confiabilidad del sistema electoral, especialmente a los dirigentes que se negaron a participar en las elecciones municipales.
Durante la reunión del Consejo Federal de Gobierno realizado en Miraflores, Maduro advirtió “Voy a ser ‘draconiano’ en la aplicación de la ley y voy a exigir la aplicación draconiana de la ley a quien sea. No me importa nada. Solo me importa la paz y la tranquilidad de los venezolanos” 1.
Refiriéndose a los dirigentes opositores agregó “no puede ser que por cuestiones oportunistas se pretenda atacar siempre al Poder Electoral. De manera criminal se ataca al sistema electoral y los que lo atacan así tienen que pagar. Me comprometo a que haya justicia a quienes pretenden desde hoy vulnerar el proceso electoral. Me declaro en batalla legal, constitucional, política y electoral contra los que pretendan insurreccionar (sic) y enfrentar el sistema electoral venezolano” 2.
En la intervención Maduro no indicó los delitos con los que se acusarían a los dirigentes que decidieran no participar en las elecciones municipales, sin embargo precisó: “¡Ya basta de llamados a la insurrección y a desconocimiento de la ley! No lo acepto. Bastantes cupos en las cárceles hay para los criminales que pretenden incendiar Venezuela otra vez. Pongo mi puño de hierro ante quienes quieran romper la paz. ¡Basta!”.
Estas amenazas ocurren cuando un sector importante de la sociedad venezolana ha decidido no participar en las elecciones convocadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para elegir Alcaldes, por considerar que no existen condiciones justas para concurrir, abstenerse de participar en eventos electorales es parte del ejercicio legítimo de los Derechos Políticos de los ciudadanos y éstos en aras de ejercer la ciudadanía puedes cuestionar a los poderes públicos del país.
La Constitución es enfática cuando establece que todos los venezolanos tienen la capacidad de intervenir en asuntos públicos, cuestionar sus acciones y el Estado lejos de perseguir o amenazar a quien lo cuestione, está en la obligación de establecer mecanismos para que los ciudadanos se expresen y se enriquezca la democracia.
“Toda persona que se encuentre en territorio venezolano sea hombre o mujer, mayor de dieciocho (18) años de edad, tendrá la capacidad de intervenir o colaborar sin ninguna restricción en las materias o asuntos jurídicos que sean de carácter público, ya sea directamente, o a través, de su representante electo.
La colaboración de la sociedad en la formación, ejecución y control de la administración pública es el medio final para lograr la proliferación que garantice su progreso total, tanto individual como en agrupaciones. El estado está bajo la obligación y deber de la sociedad facilitar la variedad de las condiciones más favorables para su uso” 3.