El periodista, Luis Carlos Díaz fue hostigado en la red social Twitter desde la cuenta @Lechuguinos_com por exponer en sus redes sociales pruebas que muestran que el principal proveedor de internet del país, la estatal CANTV, estuvo redireccionando a sus usuarios que querían registrarse en la plataforma de voluntariado que promueve el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó para el ingreso y distribución de la ayuda humanitaria.
En el ataque, el usuario @Lechuginos acusó a Diaz de vender la base de datos del portal http://www.voluntariosxvenezuela.com por diez mil dólares. En su denuncia el periodista explica que los usuarios de Cantv y Movilnet que ingresaron a realizar su registro en http://www.voluntariosxvenezuela.com caían en una copia idéntica de la página llamada http://www.voluntariosvenezuela.com pero alojada en otro servidor con otros dueños, es decir, un sistema de phishing, técnica utilizada en los fraudes bancarios para obtener datos de los usuarios y estafarlos.
“Conozca aquí a Luis Carlos Diaz el nerd que aunque trate de ocultarle a sus aliados el gran error que cometió, jamás podrá negar que por de 10 MIL DOLARES vendió la base de datos de los inscritos en http://www.voluntariosxvenezuela.com Muchas gracias
@LuisCarlos ahora sabemos quién es quien”1.
El periodista con su denuncia puso en evidencia que el Estado venezolano a través de su empresa telefónica ha estado robando información privada de usuarios al menos desde septiembre de 2018 con sitios web que simulan ser redes sociales o páginas de acceso al correo electrónico. Esta acción vulnera el derecho a la privacidad y a la asociación en línea en Venezuela, mientras las personas ingresan a Internet para conseguir y compartir información silenciada en los medios tradicionales por la censura y restricciones impuestas por el Estado.
El hostigamiento a periodistas es una de las violaciones más frecuentes, desde Espacio Público recordamos que ningún periodista debe ser hostigado ni amenazado por ejercer su función de informar, estas violaciones trascienden el derecho individual de la víctima a realizar su labor con libertad y afecta el derecho de todos los ciudadanos a informarse oportunamente de los hechos.
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