Funcionarios policiales fotografiaron a manifestantes que protestaban frente al Ministerio Público de Parque Carabobo, en Caracas, el 28 de julio, tras la detención arbitraria, persecución judicial y exposición de 33 hombres detenidos mientras ejercían legalmente su derecho a la asociación.
Aisak Ovalles, activista de País Plural, narró a Espacio Público 1 que en el lugar estuvieron presentes activistas de la comunidad LGTBIQ+ diciendo consignas y con pancartas que exigían la libertad plena de los 33 hombres. Explicó que “parte de su protesta era dejar mensajes en las aceras de la calle. Esto pareciera que despertó algunas alarmas de los policías. Cuando nosotros llegamos, cerca de la 1:20 p. m había dos policías; más tarde se acercó un Policaracas filmando y tomando fotos, no sé bajo qué intención”.
El domingo 23 de julio, detuvieron arbitrariamente a 33 hombres en el local Avalon Spa, en Valencia, estado Carabobo. El 26 de julio la fiscalía 5º de Carabobo con competencia plena y la Fiscalía Nacional 28, imputaron a los detenidos los delitos de ultraje al pudor público, agavillamiento y contaminación sónica, en una acción judicial de criminalización por orientación sexual.
El activista comentó que cerca de las 12 del mediodía “a una chica trans se le acercó un Guardia Nacional y le dijo que no podían protestar”2. Después de ofrecer declaraciones declarar a los medios de comunicación, cerca de las 2:30 de la tarde “empezaron a llegar varios policías” de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), cuando manifestantes dejaban mensajes en las aceras “como medida de intimidación, buscando infundir temor en las personas. Llegaron entre 10 y 15 oficiales con una actitud agresiva, tomando fotos, grabando videos y haciendo chistes (…) Muchas personas se fueron por resguardar su seguridad”.
La toma de fotografías y videos por parte de funcionarios policiales busca limitar el ejercicio legítimo de la protesta, al saberse en fotografías y videos de agentes del Estado, las y los manifestantes pueden minimizar su protesta por temor a represalias, lo que vulnera el derecho a la libertad de expresión, a la asociación y a la manifestación pacífica.
