Un funcionario del Ministerio Público intimidó y tofografió al periodista Williams Blanco, del portal Cactus24, mientras cubría una protesta de transportistas afuera de la sede de la Fiscalía en Punto Fijo, estado Falcón (noroeste).
Blanco relató que la agresión ocurrió cuando iba a tomar fotos de los manifestantes con la fachada del Ministerio Público de Punto Fijo de fondo, alrededor de las 9:45 a. m. del 5 de abril.1
Según detalló el periodista, un funcionario se le acercó “de forma grosera” y le pidió de manera agresiva que borrara las fotos inmediatamente. Blanco le preguntó por qué no podía tomar las fotos, le explicó que solo estaba haciendo su trabajo y que no capturó las imágenes dentro de las instalaciones.2
El agresor le solicitó a Blanco que se dejara tomar una foto y le pidió sus datos de identificación, actos intimidatorios en contra del periodista; luego entró a la sede de la Fiscalía. Blanco narró que posteriormente el funcionario le explicó que estaba “cumpliendo órdenes de Caracas” y que no podía “dejar que tomen fotos allí”.3
La documentación de hechos públicos como manifestaciones pacíficas es parte de trabajo de periodistas, lo que permite que el resto de la ciudadanía sepa qué ocurre en el país. La toma de fotografías, exigencia de borrado de material y otras intimidaciones a trabajadores de los medios, son acciones violentas que silencian la información, vulneran el derecho a la libertad de expresión y ponen en riesgo el trabajo periodístico sin miedo a represalias.
Referencias
