Gobernador de Táchira amenaza con demandar a quienes denuncien problemas en la entidad

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El gobernador del estado Táchira (suroeste), Freddy Bernal, amenazó con demandar en tribunales a todo aquel que haga “denuncias infundadas” en la entidad. Según informó el medio digital Táchira Noticias, la reacción de Bernal se produjo en respuesta a denuncias de problemas e irregularidades en el estado, que ha estado denunciando un dirigente opositor.1

Bernal afirmó que él “cree” en la libertad de expresión y que las personas “pueden decir lo que quieran, como quieran y dónde quieran”, pero “en el marco de la ley”, por lo que amenazó con demandar por “difamación e injuria” a quienes según su criterio  hagan denuncias sin pruebas.2

El medio afirma que se estaría buscando “callar” al dirigente mediante la aplicación de la inconstitucional ley contra el odio, que criminaliza los discursos críticos y se usa para reprimir y enjuiciar personas opositoras, activistas y periodistas y ciudadanía en general por hacer denuncias.3

La acción intimidatoria de Freddy Bernal no es un hecho aislado. 

En 2018, cuando estaba al frente de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), Bernal amenazó con tomar acciones legales en contra de la periodista Sebastiana Barráez por denunciar hechos que involucraban a sus escoltas. 

En mayo de 2022, ya como gobernador, Bernal demandó por “daño moral” a su antecesora en la gobernación, Laidy Gómez, luego de que lo acusara de estar implicado en el contrabando de café en el estado Táchira a través de pasos irregulares con países fronterizos.

Por su labor y manejo de dinero público, los funcionarios del Estado están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Los señalamientos o denuncias a funcionarios públicos deben obligarlos a esclarecer o desmentir esas informaciones y una de las vías respetuosas de la libertad de expresión es el derecho a réplica.

En caso de que Bernal sienta que su dignidad o su reputación están siendo atacadas, la declaración de principios sobre Libertad de expresión establece que sólo puede optar por sanciones civiles, siempre que se compruebe que había conocimiento previo de que la denuncia, en efecto, era información falsa.

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