Miembros de la Red de Derechos Humanos del estado Zulia (REDHEZ) exigieron este 14 de enero en una rueda de prensa la liberación inmediata de cinco integrantes de la ONG Azul Positivo: Johan León Reyes, Yordy Bermúdez, Layners Gutiérrez, Alejandro Gómez y Luis Ferrebuz, detenidos arbitrariamente por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) el martes 12 de enero a las 11:30 am en la sede de la organización en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia.
Asimismo, exhortaron a la coordinación de las Naciones Unidas que labora en el país a que se manifieste inmediatamente ante este hecho. «Azul Positivo es líder en asistencia a las comunidades más vulnerables en tema de emergencia humanitaria compleja y por eso exhortamos a la agencia de las Naciones Unidas a emitir un pronunciamiento urgente que hasta ahora no lo han hecho», expresó el coordinador general de la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (CODHEZ), Juan Berríos.
Berríos, junto a Alberto Nieves de Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI) y Feliciano Reyna de Acción Solidaria (ACSOL), fueron los voceros para informar sobre la situación actual del personal de Azul Positivo, que ya cumplieron 48 horas detenidos y no les han permitido tener contacto con sus abogados, quienes se dirigieron a la sede de la DGCIM y fueron informados por funcionarios que los activistas estaban sometidos a una jurisdicción militar y que posiblemente serían trasladados al Hospital Militar para un “chequeo médico”. «Luego de 24 horas fue que les permitieron el acceso a alimentos y hoy 14 de enero serían presentados ante los tribunales militares. No se ha tenido acceso a acusaciones, actas y menos a los delitos que les imputarían», destacó Berríos.
Por su parte, el representante de ACCSI subrayó que este 2021 todas las organizaciones arrancaron alarmadas ante el oleaje de persecuciones, ataques y hostigamiento por parte de los funcionarios del Estado. «Esto afecta nuestro trabajo como defensores de derechos humanos. En estos momentos Venezuela vive una de las mayores crisis de emergencia humanitaria compleja y en el caso de las organizaciones de VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) desde hace muchos años estamos siendo atacados», expresó Nieves.
Ante ello, recordó que la Fundación Manos Amigas por la Vida (MAVID), fue visitada el 15 de febrero de 2018 por efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística (CICPC), quienes allanaron su oficina en la ciudad de Valencia, detuvieron a cinco de sus integrantes, decomisaron medicamentos antirretrovirales, equipos médicos para las personas portadoras de VIH y otras en situación de pobreza extrema. También subrayó el hostigamiento del que recientemente fueron víctimas la ONG Convite y la abogada Rocío San Miguel. «¡Todas estas amenazas no nos van a cohibir!», expresó.
Los tres voceros recordaron que Azul Positivo funciona desde el año 2004 en el estado Zulia, la región con más afectados por VIH. Además, agregaron que los principios de derechos humanos de Azul Positivo están enfocados en el desarrollo de actividades directas con las comunidades de personas gais, lesbianas, transgéneros, intersexuales, y otras en situación de calle. Hasta la fecha la organización ha atendido a 9.000 personas. Adicionalmente realizan campañas de prevención y detección del VIH.
Desinformación oficial
Nieves señaló que en Venezuela hay una «orfandad total de información en materia de VIH» y es por eso que Azul Positivo entre sus actividades (gratuitas), ofrece orientación, remisión de casos al sector salud, consejería. Una vez que llegó el coronavirus a Venezuela, realizaron jornadas para que las poblaciones vulnerables que ellos atienden, estuviesen protegidas y lejos de un posible contagio. «Desde hace años trabajan en las zonas fronterizas y llevan un proyecto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para mitigar la movilidad humana en la frontera. «Las actividades de Azul Positivo se enfocan en una alimentación sana a bajo costo, primeros auxilios psicológicos. Tienen un grupo importante de jóvenes en salud preventiva que van a las zonas rurales y dialogan con las personas», agregó.
Asimismo, Reyna de Acción Solidaria, sostuvo que la situación actual de persecuciones es de una «enorme gravedad» y por eso en rechazo absoluto exigió que los integrantes de Azul Positivo sean liberados y sin cargos.
Criminalizan a ONG y medios de comunicación
El representante de Acción Solidaria señala que a varias personas que trabajan en organizaciones de la sociedad civil, los han inscrito en un patrón de «criminalización» que, se extiende hacia los medios de comunicación independientes, los cuales han sido víctimas de procedimientos administrativos, ataques, censura, cierre del libre flujo de información y a la «posibilidad de expresarse en una situación de tanta gravedad por motivos de emergencia humanitaria compleja», destacó.
Reyna apuntó que ahora las organizaciones no solamente trabajan por los principios que las caracterizan, sino que también ahora las criminalizan por los recursos que reciben, no solo económico sino de cualquier índole para acompañar a las víctimas y contribuir a posibles soluciones.
Asimismo, destacó que este tipo de hechos no los detienen. «No hay manera de apartarnos de lo que sale del corazón, de nuestras organizaciones que no solo ahora acompañan a las víctimas, sino que también buscamos mecanismos para proteger nuestros espacios nacional e internacionalmente. Es el derecho al trabajo y nuestra vocación es seguir allí, al lado de las personas y en eso vamos a continuar», puntualizó Reyna.
Finalmente, los representantes de las tres organizaciones reiteraron que los integrantes de Azul Positivo deben ser liberados y exigieron el cese del hostigamiento y persecución a la labor humanitaria, recordando que el Estado debe garantizar la libertad de los espacios cívicos.
El pasado 13 de enero, más de 100 organizaciones sociales, humanitarias y de derechos humanos demandaron a través de un comunicado:
1.- Garantizar la integridad física y psicológica y la liberación inmediata de todos los miembros de AZUL POSITIVO, así como el cese de la criminalización y hostigamiento contra las organizaciones que prestan asistencia humanitaria y defienden derechos humanos.
2.- Solicitar a todas las agencias y órganos de las Naciones Unidas activen los mecanismos de protección y seguridad a los miembros de AZUL POSITIVO por su trabajo de asistencia humanitaria y procuren garantías de respeto y protección al desempeño del trabajo humanitario y la defensa de derechos en un entorno habilitante y seguro.
3.- A la comunidad internacional prestar su total atención a la situación de hostilidad e inseguridad en la que se encuentran las Organizaciones de la Sociedad Civil, y condenen los ataques continuos contra organizaciones humanitarias, defensores y defensoras de derechos humanos.
