La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó este 5 de abril su informe sobre la situación del derecho en el hemisferio. La CIDH “ha identificado que en Venezuela existe un clima de intolerancia que obstaculiza la activa participación e intercambio de ideas de los diversos sectores de la sociedad. Sumado a lo anterior, los actos de violencia en contra de periodistas y medios de comunicación en relación con su trabajo, así como las declaraciones descalificatorias de altos funcionarios públicos, configuran un escenario restrictivo que continúa inhibiendo el libre ejercicio de la libertad de expresión” en el país.
La Relatoría identificó varias piedras angulares que han llevado la situación del derecho a la libertad de expresión en Venezuela a una situación poco favorable. Destacan que los procesos de venta de medios de comunicación han determinado el proceso de cambio de esas líneas editoriales a unas ahora “complacientes al Gobierno”, el control oficial de papel y el uso del derecho penal para sancionar reprimir e inhibir expresiones críticas o informaciones de prensa que refieren a las altas autoridades gubernamentales.
En el informe también se hace referencia a que “la justicia venezolana ha rechazado recursos de amparo para garantizar el derecho de acceso a la información, basado en motivos contrarios a los principios internacionales que informan este derecho”, se refiere a las veces que el Tribunal Supremo de Justicia ha declarado inadmisibles este tipo de demandas.
La Relatoría destaca que durante el 2015 se siguieron registrando amenazas, agresiones y hostigamientos a periodistas y medios de comunicación “se registraron numerosas agresiones contra periodistas que cubrían manifestaciones, protestas por escasez de productos, o las filas que las personas hacían frente a supermercados para poder comprar alimentos y demás productos para el hogar. En algunas de esas ocasiones los reporteros fueron detenidos por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes en algunos casos también destruyeron el material grabado o fotografiado”. Señalan que la práctica de eliminar el material recopilado se repitió en la cobertura de otro tipo de pautas, como en protesta o motines de cárceles.
La instancia también detalló en su informe los hostigamientos verbales que hicieron los altos funcionarios del Gobierno. Tales como las veces que el expresidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello, señaló a los defensores de derechos humanos que salieron del país, dando, entre otras cosas, detalles de sus vuelos de salida y llegada. También destacaron la demanda que Cabello interpuso contra El Nacional, Tal Cual y La Patilla por la reproducción de una información de ABC, donde era señalado de narcotraficante.
Por todos los casos de agresiones, amenazas y hostigamientos expuestos en el informe, sección Venezuela, la Comisión recuerda que: “la diversidad, el pluralismo y el respeto por la difusión de todas las ideas y opiniones, son condiciones fundamentales en cualquier sociedad democrática. En consecuencia, las autoridades deben contribuir decisivamente a la construcción de un clima de tolerancia y respeto en el cual todas las personas puedan expresar su pensamiento y opiniones sin miedo a ser agredidas, sancionadas o estigmatizadas por ello. Asimismo, el deber del Estado de crear las condiciones que permitan que todas las ideas u opiniones puedan ser libremente difundidas, incluye la obligación de investigar y sancionar adecuadamente a quienes usan la violencia para silenciar a los comunicadores o a los medios de comunicación”.
Para consular el informe completo, haga click en este enlace
Fuente:
OEA, 2016, Informe Anual 2015 de la Relatoría para la Libertad de Expresión. Recuperado en http://goo.gl/00QQ9i
