
Además, indica que en Venezuela existen más de cinco textos normativos, que permiten a los órganos del Estado conocer muy bien sus fuentes de financiamiento, y advierte que el proyecto de Ley de Cooperación Internacional “no puede convertirse en una camisa de fuerza para limitar, restringir o condicionar el derecho de asociarse libremente para participar activamente en la vida nacional”.
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