La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) sacó del aire a dos emisoras en el estado Apure, entre el lunes 6 y martes 7 de mayo de 2019. Las medidas además de afectar a los trabajadores de ambos diales, limita el derecho a recibir información de al menos 78.741 apureños. 1
El 6 de mayo
Conatel llegó a sede de La Mega Hertz 96.5 ubicada en el Municipio Biruaca para realizar una espacio inspección que, horas más tarde, terminó con el cierre de la radio y la confiscación de los equipos que le permitían mantenerse al aire: cónsola, computadora, micrófonos, monitores y el transmisor.
Saday Flores, productora de la estación, explicó en una entrevista a El Pitazo que la emisora sabía que era constantemente chequeada: “en programas sin contenido político se recibían llamadas para hacerles correcciones al productor sobre lo que se estaba diciendo en ese momento”.
Este monitoreo de contenidos que realiza Conatel, excede su naturaleza técnica y, es un tipo de censura “indirecta” destinada a obstaculizar el libre flujo informaciones, ideas y opiniones sobre el acontecer local y nacional.
Nos quitan la oportunidad al trabajo (…) a mantener la población informada (…) el norte de La Mega 96.5 hacer llegar aquellas informaciones que no estaban saliendo a donde llegaban nuestras ondas y eso molestó al gobierno” 2
El 7 de mayo
La víctima fue Radio Criolla 92.9 FM. Funcionarios de Conatel llegaron a la emisora ubicada en el Municipio Elorza y alegaron que la estación no contaba con la permisología necesaria para operar. José Galindo, dueño de la emisora, informó que tienen todos los documentos ingresados en el ente.
Galindo asegura que el cierre responde a razones políticas y no administrativas pues “el alcalde municipal de Rómulo Gallegos varias veces ha hecho la amenaza pública a Radio Criolla 92.9 FM”. 3
La salida del aire y el decomisó de las computadoras, micrófonos, las cónsola y el transmisor se suma a otros hechos que han afectado a Criolla 92.9 FM, como el ataque a su infraestructura de seguridad y el hostigamiento a su equipo reporteril por parte de grupos violentos armados.
El cierre de estas emisoras en Apure confirma la intención del Estado de establecer una hegemonía comunicacional, que no es otra cosa que la imposición de un discurso único. Esta y todas las violaciones a la libertad de expresión en nuestro contexto actual están destinadas a obstaculizar la circulación de información, un elemento clave para la organización y participación ciudadana, es decir, la contraloría social y la exigencia de otros derechos.
Referencias
