Excarcelan con medida cautelar de presentación cada 8 días a los activistas de la ONG Fundaredes, Omar de Dios García y Rafael Tarazona este martes 26 de octubre.
“Hoy, en la mañana, fueron excarcelados, con presentación periódica ante tribunales cada 8 días, Omar de Dios García y Rafael Tarazona de Fundaredes” escribió en su cuenta de Twitter el presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero 1.
Sin embargo, el director de la organización, Javier Tarazona, permanece recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) del Helicoide.
Los hermanos Tarazona y García fueron acusados de emitir señalamientos públicos sin fundamento sobre los vínculos del gobierno de Nicolás Maduro con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el martes 6 de julio y los imputaron por los delitos de promoción al odio, traición a la patria y terrorismo.
Los defensores de los derechos humanos fueron detenidos el viernes 2 de julio en el estado Falcón.
Su defensa legal ha denunciado en varias ocasiones que su estado de salud se ha deteriorado durante el arresto. El pasado 13 de octubre, el abogado Zair Mundaray exigió el traslado “urgente” a un centro de salud y atención médica para los hermanos Tarazona, quienes dieron positivo a la prueba de COVID-19. 2.
Defender los DDHH no es delito
Como parte de la sociedad civil, los defensores de DDHH deben gozar de libertades para reunirse o manifestar pacíficamente, asociarse y formar organizaciones o grupos no gubernamentales, afiliarse o participar en ellos, comunicarse con otras organizaciones pares o intergubernamentales, además de solicitar, recibir y utilizar recursos financieros con el objeto de llevar adelante su trabajo y participar en actividades pacíficas contra las violaciones de los DDHH.
Los activistas de Fundaredes tienen el derecho de defender derechos, con libertad y sin obstáculos y no deben ser perseguidos por ello. La excarcelación de sus miembros no es libertad, el proceso continúa abierto aunque la labor de denuncia que realizan es legítima, protegida por la Constitución Nacional y por estándares internacionales.
La persecución a personas defensoras de derechos humanos y a trabajadores humanitarios ha aumentado durante el último año, vulnerando el derecho a la libertad de extensión y a la asociación en otros derechos.
Referencias
