El último mes del año 2024 estuvo marcado por 13 vulneraciones siendo la censura (4) y la intimidación (3) las violaciones a la libertad de expresión más frecuentes, seguidas por el hostigamiento judicial (2) y las restricciones administrativas (2). Registramos 9 casos y los principales responsables identificados fueron los cuerpos de seguridad (4) y las instituciones del Estado (3).
Sin deportes, entretenimiento o sucesos
La banda venezolana Rawayana suspendió la gira que planeaba efectuar en el país durante el mes de diciembre, días después de que Nicolás Maduro atacara a una de sus canciones en un mitin oficialista, transmitido por el sistema de medios públicos. “Así es como nos despedimos de nuestro país hasta nuevo aviso. Nuestra música no está hecha para dividir”, dijo la banda Rawayana en su cuenta de X1.
La empresa productora de la gira de conciertos de Rawayana, Cusica, anunció en su cuenta de Instagram que, por “causas ajenas” a su voluntad se cancelaban tanto el “Quien Trae las Cornetas World Tour” como su propio Cusica Fest, que estaba previsto para el 7 de diciembre en Caracas con la presencia de artistas nacionales e internacionales.2
Funcionarios del Grupo de Reacción Inmediata Motorizada (GRIM) de la Policía del estado Mérida (oeste) intimidaron y le quitaron las credenciales al reportero gráfico del portal El Merideñazo, Héctor Toscano, mientras cubría un suceso en la avenida Las Américas de la ciudad de Mérida el 1º de diciembre. Toscano ralató que estaba recopilando información y material audiovisual de un arrollamiento que ocurrió en la entrada del Círculo Militar, en una zona cercana al GRIM, cuando lo abordaron funcionarios de ese organismo quienes lo obligaron a entregarles sus equipos de trabajo y, posteriormente, borrar todo el material audiovisual y fotográfico que había captado.
El reportero gráfico aseguró que, desde el principio, una funcionaria de ese cuerpo insultó y ofendió su trabajo y el de toda la prensa antes y después de borrar por completo las fotos y videos3.
El incremento de las denuncias de violaciones a la libertad de expresión afectó al mundo del deporte. Atletas, por temor a represalias, autocensuran sus opiniones, limitando la capacidad de usar sus plataformas para abordar temas sociales importantes. Igual situación viven las personas entrenadoras y dirigentes deportivos, quienes también enfrentan presiones para alinearse con las posturas oficiales, lo que restringe el debate dentro de las organizaciones deportivas. Además, la exposición constante de las federaciones al control gubernamental1 pone en riesgo la autonomía y transparencia de la gestión deportiva a diferentes niveles, lo que a su vez dificulta la denuncia de irregularidades. Narramos los casos que documentamos en Miedo en la cancha. La censura en el deporte venezolano.
Justicia contra la gente
Violando su derecho a la privacidad, el 10 de diciembre el gobierno de Nicolás Maduro divulgó fotos de la defensora de derechos humanos y abogada Rocío San Miguel siendo “atendida” por personal médico por una fractura en el hombro derecho que detectaron con cuatro meses de retraso. San Miguel está detenida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en El Helicoide, Caracas, tras una presentación violatoria del derecho al debido proceso y una desaparición forzada de más de 70 horas.
A 10 meses de su detención arbitraria e injustificada, la también directora de Control Ciudadano, sigue sin recibir sus derechos a un juicio justo, una defensa privada y, ahora, a una atención médica oportuna y de su entera confianza.
El 15 de diciembre se realizaron las elecciones de jueces de paz comunal, propuestas por Nicolás Maduro el 14 de noviembre. Para estos comicios que organizó el Ministerio de las Comunas, con el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral, fueron electos 30.000 jueces de paz: 15.000 principales y 15.000 suplentes que tendrán la potestad de revisar sentencias y su cumplimiento, además de solicitar información a servidores públicos sin ser parte del Poder Judicial.
En el artículo 33 se plantea que los/as jueces de paz tendrán acceso a documentos e información sobre las partes involucradas en un conflicto, aún cuando no forman parte del Poder Judicial ni tienen educación formal que les permita proteger, interpretar, o ser imparciales ante una situación de conflicto social de cualquier tipo: desde impago de alquiler, hasta disputas vecinales.
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas citó para el 16 de diciembre a la activista y periodista Andreína Baduel, presuntamente en calidad de testigo, en relación con un expediente penal por un delito estipulado en la ilegal ley contra el odio. Baduel dijo ante los medios de comunicación que la citaron por averiguaciones que lleva a cabo la División de Investigación contra Terrorismo sobre las denuncias públicas hechas por el Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos “Según los funcionarios, han estado documentando las denuncias que realiza el comité de víctimas, a través de sus redes sociales, y fue citada para obtener más información al respecto”4.
- RAWA (@Rawayana). 3 de diciembre de 2024. CANCELADO nuestro tour por Venezuela 🇻🇪Gracias a todos los involucrados por intentarlo. https://x.com/rawayana/status/1864120740246687868?s=46&t=dfF1t5O5zDKwchxZOXiF9g [↩]
- CUSICA (@cusicavzla). 3 de diciembre de 2024. Comunicado oficial. https://www.instagram.com/p/DDIzx3sxIsE/?igsh=c3V5YTQxeG9kYzMy [↩]
- H. Toscano. 4 de diciembre de 2024. Comunicación telefónica. [↩]
- Comité por la Libertad de los Presos Politicos (@clippve). 16 de diciembre de 2024. SALE DEL CICPC | Andreina Baduel sale de la sede de la policía científica de #Venezuela, junto a la Abogada Theresly Malave, la mañana de este lunes #16Dic. https://x.com/clippve/status/1868722642213363763 [↩]
