Conatel cierra dos emisoras en Portuguesa en 24 horas

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) cerró la emisora Kalor 101.9 FM, con sede en Acarigua en el estado Portuguesa, este martes 28 de diciembre. El medio es dirigido por el periodista y recién electo alcalde por la oposición, Carlos Barrios. 

Los funcionarios se habían presentado en la estación en horas de la mañana e iniciaron un procedimiento que concluyó con la salida del aire del medio de comunicación. 

El día lunes, 27 de diciembre, el ente regulador había cerrado la estación Astro 97.7 FM, cuyo director también es Carlos Barrios. 

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció a través de sus redes sociales las medidas tomadas por Conatel: 

«El argumento para el cierre fue la concesión vencida de ambas estaciones radiales que tienen entre 12 y 20 años de funcionamiento, respectivamente. No obstante, Barrios calificó la acción como “una venganza” por haber ganado la alcaldía de Ospino el pasado #21Nov» ¹

Kalor 101.9 es la tercera emisora cerrada en el estado Portuguesa en este último trimestre del año 2021 y la segunda en las últimas 24 horas. 

Desde el año 2009 hemos registrado más de 190 cierres de emisoras radiales en Venezuela. Durante el año 2020 Conatel cerró 18 estaciones. ²  

Además de la salida del aire de las radiodifusoras, los contenidos que transmiten son monitoreados constantemente, con riesgo de recibir una visita de Conatel en caso de difundir algún mensaje u opinión que sea incómodo para las autoridades. 

En este sentido, posterior a las elecciones regionales del 21 de noviembre, 5 programas radiales en el estado Barinas fueron sacados del aire por su contenido. Lo mismo ocurrió en los estados Zulia y Falcón en el mes de octubre, con el cierre de otros 5 programas que se transmitían en las emisoras regionales de esos estados.

La persecución constante a los medios de comunicación ha llevado a la autorregulación de la programación y con ello a que cada vez sean menos los programas informativos y de opinión que se transmitan. 

Todo este contexto deja a la población sin la oportunidad de recibir información oportuna y de calidad que le permita tomar mejores decisiones y que además no pueda denunciar ni expresar las situaciones que viven en sus comunidades, violando su derecho a la libertad de expresión.