La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) visitó por segunda vez en 15 días al canal de noticias Globovisión este 19 de enero. Esta vez, se inició un proceso administrativo en contra del canal por las declaraciones que dio el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, en el programa Vladimir a la 1, que conduce el periodista Vladimir Villegas.
El periodista rechazó estas acciones de Conatel a través de su cuenta en Twitter. El canal por su parte no ha rechazado la medida.
Ante procedimiento adm. contra Globovisión rechazo, como constituyente y periodista,la censura previa y defiendo la libertad de expresión
— Vladimir Villegas (@Vladivillegas) 20 de enero de 2017
En Globovisión no fomentamos odio, intolerancia ni violencia. Actuamos apegados a la Carta Magna.Creemos en el diálogo y la diversidad
— Vladimir Villegas (@Vladivillegas) 20 de enero de 2017
La entrevista a Guevara sucedió a los días de que la Asamblea Nacional declarara el “abandono del cargo” del presidente Nicolás Maduro. Entre otras opiniones, el primer vicepresidente del Parlamento dijo que Nicolás Maduro ya no era presidente del país. Guevara tambine hizo un llamado al respeto de la libertad de expresión.
La sanción de medios por opiniones de periodistas o entrevistados constituye un patrón reconocido de censura del gobierno, a través de la aplicación de restricciones o aperturas de procedimientos como expresión del uso discrecional de instancias administrativas. Una forma de violencia institucional que, en el caso de Globovisión, ya cuenta con antecedentes en los que las descalificaciones públicas de altos funcionarios contra el canal por su cobertura informativa, se ven seguidas de visitas de Conatel.
La libertad de expresión como derecho universal implica la posibilidad que tiene cada persona de expresar sus ideas y opiniones sin mayores limitaciones que las contempladas por la ley. En consecuencia, la opinión que disiente del gobierno no equivale a la promoción de la violencia ni su censura puede ser justificada por razones de seguridad nacional y orden interno. La aceptación de la oposición política, como dinámica sustancial de un Estado democrático de derecho y de justicia, implica la aceptación de sus opiniones, de allí que el uso de los aparatos estatales como mecanismos de criminalización de la disidencia, para la promoción de la censura previa en medios, supone la manipulación arbitraria de las instancias como brazos políticos del gobierno de turno para castigar la crítica.
Toda responsabilidad ulterior debe estar expresamente fijada por la Ley, la aplicación de esos alegatos debe estar objetivamente probada, y no ser producto de la especulación o la presunción, para que no se conviertan, bajo pretexto de defensa de derechos, en una limitación excesiva[1].
Contrario a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, en Venezuela se mantienen las leyes de desacato y vilipendio como delitos penales, que violentan el ejercicio de la libre expresión ya que criminalizan la crítica contra funcionarios con lo que se desnaturaliza la democracia al inhibir el debate público. Tal como se plantea en la Declaratoria de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, los funcionarios están más expuestos al escrutinio público en razón de la responsabilidad de sus cargos[2].
La apertura de procedimiento como forma de sanción busca inhibir la promoción de determinados contenidos, lo que constituye una censura previa. La CIDH establece que este tipo de interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación, debe estar prohibida por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión[3].
Fuentes:
Vladimir Villegas, 19 de enero de 2017, en Twitter. Recuperado el 20/01/2017
Freddy Guevara, 20 de enero de 2017, Respaldo a Globovisión ante nuevo atropello a la libertad de expresión. Recuperado el 20/01/2017 en https://goo.gl/8ZOfE7
[1] Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 13.2
[2] Párrafo 11.
[3] Declaratoria de Principios sobre Libertad de Expresión. CIDH
