(Caracas, 2 de mayo de 2010) El derecho a la libertad de expresión se mantiene con graves restricciones en Venezuela, las voces independientes del gobierno tienen diversas consecuencias que incluyen un discurso oficial criminalizador, agresiones y ataques, persecución judicial, reparos tributarios a medios críticos, el acceso a la información pública es una excepción y el secreto la norma.
Un balance claramente negativo con regresiones claras indicando un nuevo hito que acentúa el atropello a la libertad de expresión. El total de violaciones enumeradas alcanzaron las 283 violaciones: la intimidación (64 violaciones, 22,61%), el hostigamiento judicial (54 violaciones, 19,08%) y la censura (35 violaciones, 12,37%) fueron los tipos de violaciones más asentadas en la base de datos. En estas tres principales categorías, el gobierno llevó a cabo 49 violaciones por intimidación, 52 hostigamientos judiciales y 22 censuras directas. Las restantes están asociadas a las obligaciones de protección del Estado y los presuntos victimarios son terceros particulares.
Los distintos órganos de los sistemas interamericano y universal de protección de los derechos humanos se pronunciaron a lo largo del año 2009, sobre los distintos hechos que constituyeron signos del agravamiento de la situación de este derecho en Venezuela. Destacaron los casos de las agresiones contra los periodistas; iniciativas legislativas como la denominada “ley contra los delitos mediáticos”; la apertura sucesiva de procedimientos administrativos y penales contra el canal Globovisión; el cierre arbitrario y sin garantías para el debido proceso de estaciones de radio; el encarcelamiento de periodistas; y las limitaciones a los medios que se distribuyen por cable y satélite.
En el informe que publica Espacio Público, se incluye un estudio que indica que más del 70 por ciento de las solicitudes de información o no se responden o sus respuestas son negativas. El acceso a la información pública es consustancial con la democracia, sólo con ciudadanos informados puede garantizarse una participación real en la vida pública. El acceso a la información, permite la interlocución entre la sociedad y sus funcionarios, una herramienta imprescindible para el buen gobierno, al fomentar la transparencia y la contraloría social de las cuentas públicas. El acceso a la información pública, hecho de acuerdo a los estándares internacionales de este derecho, fomenta un ambiente político de apertura que se traduce en una mejor gestión pública y fortalece la democracia.
La Libertad de Prensa, Expresión, Opinión, Pensamiento, y el Derecho a la Información, son derechos fundamentales del Sistema de Derechos Humanos que está en la base del Sistema Democrático. Así se consagra en los textos fundacionales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), así como en las disposiciones concernientes de los Pactos de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU, en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la gran parte de la normatividad internacional en materia de Derechos Humanos y Democracia.
El Estado venezolano tiene la obligación de dar las garantías necesarias para la realización de este derecho y la sociedad de documentar, denunciar y difundir los incumplimientos que existan. Este 3 de mayo es la oportunidad para reclamar que el Estado cumpla cabalmente, las obligaciones adquiridas en los convenios internacionales en donde se compromete a respetar y a proteger los derechos humanos. Estas omisiones y acciones del Estado venezolano son las que motivan la preocupación de la comunidad internacional y son un punto recurrente en la agenda internacional de los DDHH. Las descalificaciones y declaraciones altisonantes no harán mella en la voluntad de seguir el reclamo de justicia.
