En la carta, también hicieron una serie de recomendaciones al máximo ente electoral del país para mejorar las condiciones comunicacionales en elecciones, pasando por la exigencia de investigación a fondo de las irregularidades por los organismos pertinentes (Ministerio Público, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Defensoría del Pueblo, entre otros).
De igual manera, la provisión de instrucciones al personal involucrado en las elecciones (CNE, miembros de mesa, testigos electorales, Plan República) para asegurar la cobertura en los centros electorales, entre fotografías y entrevistas, al igual que al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) para evitar intimidaciones, hostigamiento y amenazas a los equipos reporteriles nacionales y extranjeros que hagan su trabajo.
Asimismo, exhortaron al CNE a mejorar sus redes de distribución de credenciales periodísticas, para asegurar la entrega oportuna a los comunicadores, al igual que reforzar su seguridad informática, evitando nuevas intrusiones que podrían alterar la información del ente electoral y generar confusión en la población.
Estos eventos, registrados a partir del monitoreo realizado por la coalición de las organizaciones Espacio Público, Colegio Nacional de Periodistas (CNP), el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa (SNTP) y el Círculo de Reporteros Gráficos de Venezuela (CRGV) alrededor de los días relacionados con la jornada electoral. Estos ataques de dieron tanto en ataques informáticos como en violaciones a la libertad de expresión ejecutadas por los organismos públicos.
A nivel informático, las agresiones a la libertad de expresión se caracterizaron por la usurpación de identidad en la red social Twitter (6 casos de diversas personalidades de la vida política y cultural del país, donde luego de controlar el perfil realizaban publicaciones para causar polémica), el bloqueo de un portal informativo por el mayor prestador del servicio de internet en el país, al igual que ataques a portales de ambas tendencias políticas (varias páginas web informativas bloqueadas por ataques DDOS y la publicación de noticias falsas en el portal de Radio Nacional de Venezuela). Aun así, el mayor impacto se dio durante el fin de semana electoral cuando la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE) fue víctima de un pirata informático conocido como “Hack521”, quien ejecutó un ataque de tipo “deface” en el portal informático del ente electoral, como método de denuncia a “debilidades informáticas” que padece el organismo en su sitio en Internet.
En cuanto a agresiones a periodistas por los organismos públicos respecta, la mayor irregularidad fue relacionada al trato que se le dio a periodistas extranjeros en el país, con casos como el de Jorge Lanata, quien fue perseguido constantemente y hostigado desde su entrada al país, y a quien antes de volver a Argentina le obligaron a bajar junto a su equipo al sótano del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar y sufrir la eliminación de grabaciones realizadas en el país. También fueron eliminados datos a otro periodista argentino, Gabriel Conte, y fueron retenidos los implementos de trabajo a un equipo reporteril de Radio Caracol Noticias.
En cuanto a periodistas nacionales respecta, se dieron diversas denuncias a nivel nacional de situaciones irregulares en centros de votación, con la prohibición de acceso o completa cobertura (entrevistas y fotografías) a periodistas, en su mayoría pertenecientes a medios privados. Estos casos se dieron en regiones como Bolívar, Aragua, Distrito Capital, Carabobo y Lara.
Por otra parte, personas identificadas como “comunicadores comunitarios” agredieron a un equipo de reporteril de Últimas Noticias mientras realizaban cobertura en un centro de votación en el Distrito Capital.
