Una vez más queda demostrado que la Fiscalía General solo reacciona cuando se queja el gobierno, pero calla ante la exigencia de justicia de los ciudadanos.
En lugar de demandarle al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz que elabore un plan de seguridad efectivo y que las policías patrullen las 24 horas de día y en todas partes, opta por aplicar una medida que en el fondo solo tiene un fin: silenciar a los medios de comunicación que informan sobre lo que es una realidad que viven los venezolanos en los barrios, urbanizaciones y en cualquier lugar del país, que el hampa mata a jóvenes y a adultos, sin importar la clase social.
La medida contra El Universal corresponde a una política de Estado que, ante la negligencia y la incapacidad para resolver el problema, solo busca intimidar a los periodistas y ocultar los hechos.
La muerte de un venezolano a manos de sus secuestradores no es una noticia que alegre a los periodistas de sucesos. Al contrario, la sangre, la actuación desbordada de bandas y cualquier situación violenta los asusta porque son seres humanos. Sin embargo, en el cumplimiento del deber de informar lo que acontece, no les queda más remedio que decir, escribir o fotografiar el hecho para que la colectividad se entere.
El CNP-Caracas rechaza la acción del Ministerio Público contra El Universal porque constituye una violación de los tratados de derechos humanos que garantizan la libertad de información y un desconocimiento de la Constitución, que además de garantizar los derechos a informar y expresarse obliga al Estado a proteger a los ciudadanos, cosa que lamentablemente no se cumple a pesar de que en los últimos 15 años se han adoptado igual número de planes de seguridad.
“El saldo rojo” solo evidencia que el gobierno ha fracasado en materia social, porque en una sociedad en la que se tienen cubiertas las necesidades de sus ciudadanos no tendría por qué haber inseguridad.
El CNP-Caracas exhorta a los medios de comunicación, en especial a los dueños, a no sucumbir a las presiones de los poderes. Insta a los periodistas a cumplir la Ley del Ejercicio del Periodismo y el Código de Ética, que obligan a no ser serviles ante los poderes y a defender al pueblo, bajo la concepción de la contraloría social, y emplaza a los ciudadanos a acompañar la posición digna de los periodistas que reclaman los derechos de todos los venezolanos a vivir en una sociedad segura, sin sectarismo, sin presiones, sin intimidaciones; en fin, una patria cuyo centro sean los ciudadanos y no los gobernantes.
Junta Directiva del CNP-Caracas.
