Entre septiembre y octubre, ocho emisoras radiales de la ciudad de Rubio, municipio Junín del estado Táchira, salieron del aire por órdenes directas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), que nuevamente atribuyó la medida a falta de permisos y presunto uso “ilegal” del espectro radioeléctrico.
Seis emisoras de Rubio cerraron por órdenes de Conatel el 13 de septiembre: Somos Radio 88.3 FM, Pontálida 92.5 FM, Angel 102.3 FM, Café 90.7 FM, La Nuestra 89.9 FM y una emisora cuya directiva pidió no revelar el nombre. Posteriormente, el 3 de octubre, cesaron sus transmisiones las estaciones Radio Esperanza Viva 98.1 FM y Activación Estéreo 93.1 FM.
Frank Quiñones, periodista, productor y locutor de una de las emisoras afectadas en Rubio dijo a Espacio Público que el 13 de septiembre las seis emisoras recibieron llamadas de Conatel, desde Caracas, y recibieron amenazas de confiscación de equipos si no los apagaban inmediatamente.1
Un directivo de una de las emisoras cerradas, quien pidió no ser identificado por temor a represalias, asegura que la llamada que recibieron fue amedrentadora.2
“Dijeron que íbamos a ir presos, que estábamos operando de forma clandestina. Que nos confiscaban los equipos si no apagábamos inmediatamente (…) Estamos operando de manera ‘clandestina’ porque ellos nos han impuesto eso así (…) No hay posibilidad de (obtener una) concesión, si no estás (alineado con la) línea política directa del alto mando”, dijo la fuente consultada.3
El locutor y productor de dos programas que se transmitían por Pontálida 92.5 FM, Danny Carrillo, cuenta que el 13 de septiembre la dirección de la emisora les citó a una reunión en la que informaron sobre la llamada que recibieron desde Conatel.4
“Expresaban (desde Conatel) que la documentación no estaba al día y había que cumplir con el decreto de marzo 2022 en el que se dicta un reglamento sobre las vías generales de telecomunicaciones en Venezuela”, asegura Carrillo.5 Se trata del Reglamento de Vías Generales de Telecomunicaciones, fijado en el decreto N° 4.652 de la Gaceta Oficial N° 6.690 de fecha 15 de marzo de 2022.6
De acuerdo con lo informado a Espacio Público por el locutor, el reglamento “expresa que hay que entregar una serie de proyectos desde el punto de vista técnico y documentación para que se pueda usar correctamente el espectro radioeléctrico”.7
Carrillo dice que, si no se cumplía con la documentación, “podía haber un cierre oficial y definitivo, con confiscación de equipos”. La dirección de la emisora informó en sus redes sociales sobre un “receso preventivo” mientras se ponía al día con la documentación.
El periodista Frank Quiñones aseguró que, con el posterior cierre de otras dos emisoras en la localidad tachirense, solamente quedó una estación comercial funcionando y otras tres controladas por el Estado.8
Los cierres arbitrarios de emisoras violan el derecho de la población a estar informada y expresarse libremente, al tiempo que perjudica decenas de puestos de trabajo y limita las vías para opinar y hacer contraloría pública. Exhortamos al Estado venezolano a garantizar el debido proceso e informar oportunamente sobre el estatus de las concesiones y permisos que requieren los medios de comunicación para operar.
Referencias
