Balance del primer año de Covid-19 en Venezuela

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

La enfermedad causada por el Virus del Coronavirus (Covid-19), fue detectada por primera vez en la provincia de Wuhan, tras un primer brote el 31 de diciembre de 2019. Para mediados del mes de marzo, las autoridades reportaron que la enfermedad se encontraba en más de 100 territorios a nivel global.  La veloz propagación del virus llevó a que la OMS la declarara una pandemia. 

Los gobiernos de todo el mundo tomaron acciones drásticas e inmediatas, con el fin de frenar el avance de la afección en sus distintos territorios. La pandemia, no solo afectó el curso normal de la vida y las sociedades, también trajo una serie de consecuencias y efectos a escala social, política y económica, situaciones que estuvieron determinadas por una serie de restricciones impuestas por las autoridades. 

Las limitaciones fueron de carácter obligatorio, en muchos países causó la imposición de sanciones económicas y legales para todo aquel que no las cumplieran, medidas que iban  entre confinamientos, aislamiento social, cancelación de actividades: educativas, deportivas y sociales. A esta lista también se sumaron las restricciones en el sector económico, en donde se observaron fuertes limitaciones con el cierre de comercios y establecimientos que no se considerarán actividades de sectores declarados como prioritarios. En paralelo se llevaron a cabo restricciones de viajes, movimiento, asociación y cuarentena obligatoria. 

Si bien el establecimiento y declaración de esta serie de medidas traería como resultado una disminución significativa en el número de contagiados y fallecidos, los daños colaterales no se hicieron esperar. Las restricciones generales impuestas por las autoridades, como respuesta a la pandemia generada por la COVID-19,  implicaron en un impacto directo a la violación  de una serie de garantías  y derechos fundamentales. 

En un plano más local, a estos casos,  se le sumaron violaciones a la libertad de expresión y acceso a la información pública, registrados por la organización Espacio Público, quien documentó y reportó violaciones a estos derechos en Venezuela. 

 

Promoción y defensa de los DDHH a un año y medio de COVID-19

 

Peticiones de información 

Durante el año 2020, Espacio Público redactó un total de cuatro solicitudes de información con preguntas sobre la posible presencia de la COVID-19 en el país. Para la fecha de entrega de las peticiones, en Venezuela no habían reportes oficiales  sobre la existencia del virus dentro del territorio. 

Las primeras solicitudes estuvieron dirigidas al Ministerio de Salud y a la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, mientras que las otras dos peticiones fueron dirigidas a la Organización Panamericana de la Salud y al Comité Internacional de la Cruz Roja.

Transcurrido un año y medio desde la entrega de las solicitudes, y enfrentando la poca disposición de rendir cuentas por parte de los organismos consultados, el esquema de opacidad se fortaleció y generalizó dentro de las instituciones del estado. 

El silencio en la administración pública se encuentra revestido por los innumerables obstáculos encontrados para el ejercicio del derecho. Las limitaciones se caracterizaron por la negativa de los funcionarios estatales a recibir las solicitudes de información de manera física o presencial y por no tener disponible el servicio de correspondencia. 

Otra de las razones esgrimidas para negarse a recibir peticiones de información expresadas por las autoridades,  tiene que ver con algún tipo de “directriz interna» que indica que los únicos “oficios” aceptados deben venir de otro organismo público, respuesta generalizada en los entes consultados. 

Este tipo de disposiciones internas, emanadas bajo una dinámica de opacidad y cultura de “secreto”, se ha ido esparciendo en toda la administración pública, dificultando el acceso directo a estos espacios y oscureciendo aún más el panorama pre existente. Negando el derecho de los ciudadanos de acceder a la información para conocer al detalle el manejo de la pandemia y el proceso de toma de decisiones de las autoridades. 

Las peticiones de información se realizaron a través de medios electrónicos y páginas web oficiales, que generalmente ponen a disposición de los ciudadanos números de teléfonos y correos institucionales de personas claves encargadas de la atención al público. 

Sin embargo, al momento de establecer el contacto, algunos presentaron fallas técnicas, presentando ausencia en el tono de llamada. En paralelo, los otros números consultados no contaban con el servicio de operador de llamadas que atendiera dudas o preguntas a la ciudadanía. 

Otro ejemplo que puede ilustrar la dificultad en tiempos de COVID-19, para acceder a la información, se observó al momento de enviar correos con peticiones de información a las cuentas institucionales oficiales, generándose una respuesta automática de “Delivery Status Notification”,  demostrando así una intermitencia y una respuesta negativa al proceso de solicitud. La situación descrita anteriormente fue evidenciada por parte del equipo de Espacio Público, quienes de forma consecutiva enviaron 34 peticiones de información a las direcciones de correo indicadas en el sitio web del ministerio del poder popular para la salud.

La situación con el suministro y flujo de información oficial se vio agravada con la declaración del estado de alarma en Venezuela; cuyas limitaciones en un contexto “sin pandemia” ya venían restringiendo y violentando el derecho de acceso a la información.

Contactos publicados en la página del Ministerio del Poder Popular para la Salud

 

¿Divulgación proactiva de la información?

Si bien la propagación del virus COVID-19 trajo consigo una cantidad de medidas restrictivas a nivel social y sanitario como la promoción y uso de mascarillas, el aseo constante de manos y superficies, una campaña multiplataforma que buscaba generar conciencia en los ciudadanos; la data y alcance del contagio, para generar medidas de prevención y directrices de ataque a la enfermedad, se vieron limitadas y reducidas, atentando contra el ejercicio del derecho de acceso a la información. Imposibilitando una efectiva aplicación de correctivos para limitar el virus en la población.

A lo largo de este último año y medio de confinamiento producto de la pandemia, Espacio Público no registró ninguna respuesta a las peticiones de información realizadas a los organismos gubernamentales. 

A pesar de la escalada en el clima de opacidad y resistencia informativa por parte de las autoridades, y los crecientes obstáculos que deben sortear los ciudadanos, los venezolanos no dejaron de exigir sus derechos de manera proactiva, demandando mayor claridad y transparencia en la rendición de cuentas, así como la gestión de la pandemia dentro de la nación. 

Frente a este escenario de emergencia sanitaria y carencia de datos, el acceso a la información es una medida necesaria de prevención frente a la COVID-19, para cumplir con esta premisa el ejecutivo nacional puso a disposición de los venezolanos la página web  https://covid19.patria.org.ve/

El sitio web  se encuentra alojado dentro de la plataforma patria https://www.patria.org.ve/  y ofrece información sobre las medidas tomadas por el gobierno de Nicolás Maduro para controlar el avance del virus en la nación, además, en este url se encuentran datos estadísticas sobre los casos de personas fallecidas, recuperadas y positivas, dentro y fuera del territorio nacional.

Portada de la página web Patria

 

Contrariamente a que los esfuerzos gubernamentales estuvieran orientados en poner a disposición de los venezolanos un sitio web para fomentar el ejercicio del derecho, la oferta de datos e informes relacionados en un entorno de pandemia  continuó siendo deficiente.  

Frente a este escenario de aridez informativa y carencia de datos sistemático y sostenido, Espacio Público, siguiendo su compromiso con la construcción y consolidación del derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información pública, realizó una evaluación sobre la calidad informativa del portal https://covid19.patria.org.ve/ a propósito de la celebración del día internacional del acceso a la información pública celebrado todos los 28 de septiembre de cada año.

El estudio que se enfocó en las tres dimensiones de la transparencia activa que tiene el Estado Venezolano con relación a la información sobre la COVID-19, también se consideraron los criterios de información oportuna, actualizada constantemente y si estaba expresada en un lenguaje comprensible.

Seguidamente, el método empleado para la evaluación consistió en realizar una comparativa de los datos suministrados en las publicaciones oficiales, ofrecidas a través de las cuentas de Twitter o las alocuciones del ejecutivo por parte de los representantes del Estado, específicamente la vicepresidencia por medio de la “Comisión Presidencial para la Prevención Atención y Control del Coronavirus”. 

Alguno de los resultados de la evaluación señalaron que:

  1. Existe escasez de información clave disponible, como datos sobre la búsqueda activa de casos, falta de información sobre trabajadores de la salud fallecidos, contaminados y/o recuperados, otros.
  2. La información no se encuentra sistematizada y concentrada en una sola fuente. 
  3. No se ubican enlaces o recursos con informes sobre los criterios de distribución de insumos. 
  4. Ausencia de boletines epidemiológicos y anuarios de mortalidad. 
  5. No hay datos claros y actualizados sobre el número de personas fallecidas por causa de la COVID-19 discriminado por grupos etáreos.  
  6. Discrepancias entre los datos ofrecidos a través de RRSS, alocuciones oficiales y los datos publicados en el blog https://covid19.patria.org.ve

En este último año en que ha transcurrido la pandemia dentro del territorio nacional, se ha evidenciado cómo el Estado venezolano sigue una política de control de la información de interés público con relación al avance de la Covid-19. La situación inusual registrada entre la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención de la Covid-19 y el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, son una pequeña muestra de esto. 

Apegándose a la data oficial de datos de Covid-19, ofrecida por el estado venezolano, se observó que el día 7 de septiembre se presentó una discrepancia entre el acumulado de fallecidos por el virus, ofrecido por la Comisión Presidencial; los datos señalaban que la cifra de muertos era de  436 personas fallecidas, mientras que el INHRR notificó que la cifra llegaba a 965 muertos. Esta diferencia en los números fue reportada por el INHRR un día más tarde al comunicado anunciado por la Comisión Presidencial, no obstante, el instituto enmendó la cifra ofrecida el 7 de septiembre de 2020. 

Este hecho, fue definido por los  funcionarios del Estado como “vandalismo informativo¨, además, señalaron que esta situación pretendía ¨crear zozobra, angustia y desasosiego a la población (…)¨

El 04 de enero de 2021 se presentó otra inconsistencia al momento de realizar la suma aritmética de fallecidos, el total se pudo definir en 1036 casos acumulados de fallecidos hasta el momento, no obstante en reporte oficial se presentó la cifra de 1038 fallecidos, este error se mantuvo hasta abril de 2021 cuando nuevamente las cifras oficiales y las obtenidas por Espacio Público volvieron a coincidir, no se dio explicación alguna y tampoco se presentó algún tipo de fé de errata. 

La cultura de secreto se mantienen: Acceso a la información pública sobre Covid-19 en el 2021

Para el año 2021, la dinámica de  solicitudes de información, sobre la gestión del COVID-19 en Venezuela, se mantuvo. Las demandas de información tanto a organismos nacionales como internacionales, iniciaron en el mes de febrero, cuando Espacio Público, realizó 3 peticiones de información, la primera dirigida al representante de la Organización Panamericana de la Salud, Paolo Balladelli. 

El 2 de febrero de 2021, Balladelli, informó a través de su cuenta de Twitter que Venezuela tenía acceso al mecanismo COVAX. El alto funcionario del organismo multilateral, explicó que la reserva estaba destinada a la adquisición de entre 1.4  a 2.4 millones de la vacuna Astrazeneca, y que la nación contaba con un plazo de cancelación hasta el 9 de febrero, una vez realizado el pago, podría recibir las respectivas dosis para ser administradas a la población.

Paolo Balladelli informa en su cuenta de Twitter sobre el mecanismo de Covax en Venezuela

 

Por su parte, tanto el Fondo Ruso de Inversión Directa y el Centro Nacional de Investigación en Epidemiología y Microbiología Gamaleya, informaron a los medios que el 02 de febrero de 2021, Venezuela iniciaría una campaña de inmunización contra el coronavirus por medio de la vacuna rusa Sputnik V.

Estas dos situaciones llevaron a que el 11 de febrero del año 2021, Espacio realizara una solicitud de información a la Organización Panamericana de la Salud. La petición se orientó en la demanda de información sobre el método de cancelación de las vacunas para combatir la Covid-19 a través del sistema Covax, y si en la misma asignación de vacunas, se encontraban los refuerzos. 

En la misma fecha se hizo una segunda solicitud de información sobre la dotación de las vacunas Sputnik V al Ministerio de Salud.

El 1 de marzo en horas de la noche, a través de una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión, se informaba a la audiencia que un cargamento de Sinopharma era recibido por Delcy Rodríguez. La carga contenía 500.000 vacunas, y además, se incluía el material de bioseguridad para el personal de salud del sistema público. 

La entrada de vacunas y material de bioseguridad sin la respectiva rendición y transparencia, y evidenciando una fuerte restricción y control por parte del estado,  animaron a Espacio Público a que el 4 de marzo, realizara dos solicitudes de información dirigidas a la vicepresidencia de la república y al Ministerio de Salud. En ambas solicitudes, las interrogantes sobre el esquema de dotación de la vacuna china Sinopharm se mantuvieron. Hasta la fecha, no se tiene respuesta. 

El 3 de marzo de 2021, el gobierno venezolano informó sobre la detección de la cepa brasileña en algunos estados del país. Distrito Capital, La Guaira, Miranda y Bolívar Paralelamente, a que el ejecutivo nacional tomó una serie de medidas especiales para cortar con la cadena de transmisión, el 10 de marzo Espacio Público realizó una solicitud de información, como parte del seguimiento sobre la Covid-19, sobre la aparición de la cepa Brasileña en el país y el manejo de la emergencia sanitaria

En medio del repunte de casos, el viernes 05 de marzo de 2021, Nicolás Maduro anunció a la opinión pública, que el regreso a las clases presenciales sería durante el mes de abril. La máxima autoridad del oficialismo, señaló que el retorno a las aulas se realizaría con todas las medidas de bioseguridad «vayan adaptando medidas permanentes del cuidado. Venezuela sí puede hacerlo con seguridad»

El 15 de marzo de 2021, se hizo una solicitud de información al Ministerio de Educación. En la petición se consultó sobre los protocolos de bioseguridad que se aplicarían a los estudiantes para un regreso seguro a las aulas de clase. Asimismo, el esquema de interrogantes se orientó a conocer sobre si los centros educativos contaban con una normativa e infraestructura adaptada a los condiciones de bioseguridad, necesarias para el retorno a clases presenciales, en medio de un contexto de pandemia. 

Un mes después, el 08 de abril de 2021 el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), anunció a través de su cuenta de twitter, que los adultos mayores de 60 años serían los primeros en ser convocados para la aplicación de la vacuna Sputnik V. El mensaje especificaba que el proceso se realizaría a través de la plataforma del Sistema Patria y sería gratuito.

En vista de que el Instituto Venezolano de Seguros Sociales anunció el inicio de un proceso de vacunación, el 14 de abril de 2021, Espacio Público, realizó tres solicitudes de información sobre el sistema de vacunación por medio del carnet de la patria. Las peticiones fueron dirigidas  a: 1) Ministerio de Salud, 2) Despacho de la Presidencia (ejecutivo), 3) Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

A un año de Covid-19,  la respuesta por parte de los organismos del Estado es insuficiente, afianzando el silencio como parte de una política discrecional. Esta situación viene mermando y socavando la práctica de la controlaría social y obstaculizando la transparencia de sus gestiones. Requisitos innecesarios y no legales, como condición para aceptar solicitudes, forman parte de un patrón sistemático de abuso y violación del derecho. El Estado venezolano, debe ser garante y protector del cumplimiento de esta garantía.  

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.