La presidente de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel denunció a través de la red social Twitter que ella y su esposo fueron amenazados vía telefónica, la tarde de este martes.
San Miguel informó que recibieron llamadas telefónicas de parte de un hombre no identificado, que la llamó por su nombre y les advirtió que tenía información de que ella y su esposo eran el objetivo.
“En llamadas realizadas a mi teléfono y el de mi esposo hoy, entre las 16:00/16:30 hrs recibimos amenazas de un sujeto que me identifica junto a mi grupo familiar como objetivo”, detalló Rocío en la red social.
Rocío San Miguel es una reconocida activista de la sociedad civil venezolana, cuya labor en favor de la defensa de los derechos humanos puede incomodar a un sector del poder, pues ha denunciado la politización de la Fuerza Armada Nacional así como la proliferación de grupos armados al margen de la ley con anuencia del Estado venezolano.
“Otra vez comienza el ciclo de amenazas. Responsabilizo al Estado, de cualquier daño que pueda ocurrirnos” Rocío San Miguel.
No es primera vez que San Miguel está expuesta a situaciones similares, en mayo de 2010, luego de que en su condición de Presidente de la Asociación Civil Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional hizo una denuncia pública a través del canal de televisión Globovisión, en el programa “Aló Ciudadano”. En ella destacó a la existencia de militares activos de las FANB inscritos como militantes en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Situación que violenta de forma flagrante el artículo 328 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que expresamente establece que la Fuerza Armada Nacional es una institución sin militancia política.
Ese mismo día, San Miguel recibió una serie de llamadas telefónicas de personas que supuestamente querían aportar información confidencial de las FANB. Al día siguiente se conoció que se solicitó a una juez de control que firmara una orden de detención en su contra, acción que luego fue negada por la juez. Los dos hechos indicaron que probablemente se pretendió montar una maniobra aportándole información y posteriormente se procedería a allanar su vivienda con lo cual se justificaría una orden de detención.
Exigimos al Estado venezolano adoptar medidas que garanticen la integridad personal de Rocío San Miguel, su familia, y demás personas que laboran en su equipo de trabajo de la ONG Control Ciudadano.
