En agosto, registramos 3 casos y 6 violaciones al derecho a la libertad de expresión en Venezuela. La intimidación (4 hechos) concentró el 66,67 % del total, seguida por el hostigamiento verbal y la censura, con un hecho cada uno (16,67 %). Las 5 víctimas identificadas fueron todas periodistas o reporteros (100 %). Entre los 3 victimarios, los desconocidos representaron dos tercios y los cuerpos de seguridad el tercio restante.
Es el registro más bajo del año; sin embargo, la cifra no describe un mes de menos restricciones, sino un mes en el que buena parte de lo que limitó el derecho a informar no se expresó en hechos individuales denunciables, sino en decisiones institucionales, opacidad y acuerdos adoptados sin información pública.
En lo que va de 2026 acumulamos 170 violaciones, con la intimidación (47,65 %) y la censura (25,29 %) en primer y segundo lugar de frecuencia. De las 122 víctimas, 70 son periodistas o reporteros (57,38%), y entre los 104 victimarios los cuerpos de seguridad concentran casi la mitad (50,48,08 %), seguidos por instituciones del Estado (20,19,23 %).
Una mesa de negociación sin garantías para informar
El 6 de agosto se instaló en el Centro de Convenciones de la base aérea de La Carlota la mesa de conversaciones entre el gobierno y la Asamblea Nacional de 2015. Ese mismo día, cuando se retiraba del lugar, la periodista de Efecto Cocuyo Deisy Martínez fue abordada por unos cinco funcionarios sin insignias visibles que le exigieron su teléfono, borraron todas las fotografías que había tomado y le advirtieron que el protocolo indicaba trasladarla a la DGCIM. “Con un tono agresivo me dice que le entregue el teléfono”, relató. La cobertura del primer acto de la negociación empezó con una periodista obligada a entregar su material.
El 12 de agosto, al cerrar el primer ciclo, las partes anunciaron dos acuerdos: la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia y la recuperación de los activos venezolanos retenidos en el Banco de Inglaterra para atender a los afectados por los terremotos del 24 de junio. En tres entregas analizamos lo que esos acuerdos dejan fuera. La libertad de expresión, el acceso a la información y la transparencia no son puntos negociables de una agenda, son la condición que permite verificar que todo lo demás se cumpla.
En el caso del nuevo TSJ, lo que haría verificable la renovación no exige reforma constitucional ni negociación adicional, porque son requisitos de procedimiento: convocatoria pública con criterios objetivos publicados de antemano, lista completa de postulantes y credenciales en formato consultable, audiencias públicas de impugnación, motivación escrita de cada designación y publicidad de la votación en la Asamblea Nacional. Nada de eso figura en el comunicado conjunto.
En cuanto al oro retenido en el Banco de Inglaterra, el acuerdo promete “transparencia, trazabilidad y auditoría”, pero no menciona montos, cronograma de desembolsos ni quién administraría los recursos. Un fondo de emergencia sin datos abiertos no admite auditoría real.
Detenciones y represalias que no cesan
El 12 de agosto, Renny González, habitante de Maracaibo, cumplió dos años en detención arbitraria. Lo investigaban por formar parte de un grupo de WhatsApp y terminó acusado de financiamiento al terrorismo y venta de armas. Ha pasado por la sede del Sebin en Maracaibo, por Tocorón y desde marzo está en Yare II. Tiene un solo riñón y enfrenta restricciones para acceder a atención médica.
También cumplió un año la detención de Manuel Sánchez, líder comunitario de Caracas preso desde el 27 de agosto de 2025 por publicar en TikTok un video que cuestionaba un desalojo. Lo acusaron de instigación al odio, le confiscaron el teléfono sin orden judicial y en noviembre fue condenado a diez años de prisión. Su pareja, Rosalba Pereira, sostiene sola la batalla legal y las visitas a El Rodeo IV. En su testimonio lo explica así: “le tendieron una trampa porque él guiaba a las personas sobre cómo defenderse”. La CIDH otorgó medidas cautelares en junio de 2026 para proteger su vida e integridad.
Las represalias no se limitan a la cárcel. El 14 de agosto, el Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa cesó de sus funciones a Nayibet Morales, directora de la Unidad Educativa Simón Rodríguez de Ciudad Guayana, dos días después de que participara en una manifestación de trabajadores y pensionados. Sobre su destitución contó: “hubo una evaluación muy puntual y era sobre mi postura como funcionario público”. Y añadió: “no veo por qué si salgo a protestar, manifestar, salir a dar mi opinión, me den cese de mis funciones”.
Frente a ese cuadro, el testimonio de Jonathan Carrillo muestra el otro lado del proceso. Estudiante de Comunicación Social detenido el 20 de julio de 2022 y excarcelado el 26 de febrero de 2026 tras tres años, siete meses y seis días de prisión, hoy sigue bajo régimen de presentación y prohibición de salida del país. Retomó la universidad, consiguió trabajo y ayudó a lograr la liberación de otro joven. “Decidí levantarme nuevamente”, resume su historia. Salir de la cárcel no equivale al sobreseimiento de la causa.
Censura digital: del bloqueo al falso reclamo de copyright
El 13 de agosto, El Nacional denunció que Instagram suspendió su cuenta el 26 de julio por denuncias fraudulentas de infracción de derechos de autor, dejando sin ese canal a más de cuatro millones de usuarios. “Lo más probable es que esto haya sido una campaña de alguien interesado en querer dañarnos”, señaló su presidente editor, Miguel Henrique Otero, quien describió un sistema automatizado “donde no hay un criterio” y en el que el medio ni siquiera puede saber quién presentó los reclamos.
El caso repite el patrón que ya afectó a Armando.Info y El Pitazo: un mecanismo legítimo de protección de derechos convertido en herramienta de censura. Ocurre además sobre un escenario en el que más de 60 medios digitales siguen bloqueados por Conatel por vía administrativa, sin decisión judicial ni posibilidad de apelación.
La opacidad como norma: sismos y sistema eléctrico
El 17 de agosto publicamos un nuevo informe sobre el estado de la información a casi dos meses del doblete sísmico. Las cifras no coinciden entre sí: las autoridades reportan 6.125 fallecidos y 1.579 desaparecidos en La Guaira, Naciones Unidas estima que las personas en paradero desconocido podrían ascender a 50.000 y las redes ciudadanas contabilizan más de 29.000. La diferencia no se explica por dificultades de conteo.
Por otra parte, el 70% del personal sanitario admite temor a reportar la situación por amedrentamiento, el 60% de los hospitales deniega el acceso a medios independientes y el 90% mantiene bajo reserva las compras de emergencia y las asignaciones presupuestarias. En las comunidades encuestadas, el 17,4% denunció amenazas de suspensión de los programas CLAP (36,36% en La Guaira) y el 91,3% de la población quedó en estado de indefensión informativa.
Detrás de esos porcentajes hay personas que necesitaban informar para poder recibir ayuda. Gabriela Pérez perdió a su madre y a sus cuatro hijos en Caraballeda, denunció públicamente la lentitud del rescate y después fue hostigada en redes sociales y seguida por personas no identificadas. En su denuncia lo resume así: “por uno decir la verdad, por pedir ayuda lo quieran callar a uno”.
La misma opacidad se repite en otro servicio esencial. Nuestro trabajo sobre la crisis del sistema eléctrico, publicado el 13 de agosto, contrasta la versión oficial que atribuye los cortes a los terremotos. Los datos técnicos apuntan a causas estructurales: cerca del 63% de la capacidad instalada está fuera de servicio y la generación disponible no cubre la demanda nacional. Lo que la ciudadanía no tiene son balances diarios de generación y demanda, cronogramas anticipados de racionamiento ni auditoría pública de presupuestos y contratos, como el de Tocoma, anunciado en 2002 y aún sin concluir.
Verificar y exigir: la respuesta de la sociedad civil
El 26 de agosto, la periodista Ana Carolina Griffin, ex editora jefa de EsPaja.com, ofreció a 32 periodistas herramientas prácticas para enfrentar la desinformación durante las crisis, con la cobertura de los terremotos como caso de estudio. Su diagnóstico apunta menos a campañas coordinadas que al vacío institucional: “la desinformación más grande no tuvo que ver con la sociedad civil, sino con la incapacidad gubernamental” para centralizar información sobre fallecidos, rescatados y desaparecidos. De ahí su conclusión: “una información verificada puede salvar vidas”.
Cerramos el mes con un llamado a compartir: el Decálogo de acción inmediata para restituir la libre expresión y comunicación, impulsado por la Alianza por la Libertad de Expresión, contiene diez medidas que no requieren negociación ni reforma legal para empezar: cesar la persecución judicial por expresarse, detener los ataques contra la prensa, desbloquear los portales y las redes, devolver equipos y concesiones, y abrir el acceso a la información pública.