El Tribunal 4° de control en delitos de terrorismo ratificó la privativa de libertad y ordenó el pase a juicio de los activistas y dirigentes sindicales Reynaldo Cortés, Néstor Astudillo, Alonso Meléndez, Gabriel Blanco, Emilio Negrín y Alcides Bracho, acusados -entre otros supuestos delitos- de secuestrar a familiares de un alto funcionario del gobierno.
La información fue difundida por la organización no gubernamental (ONG) Provea, que añadió que la audiencia preliminar de los seis trabajadores detenidos culminó a las 6:30 p. m. de este 26 de septiembre.1 Más temprano, representantes de ONG, gremios, sindicatos y familiares de las víctimas protestaron frente al Palacio de Justicia, en Caracas, para exigir su liberación inmediata.2
Eduardo Torres, abogado defensor del trabajador detenido Emilio Negrín (quien es presidente de la Federación de Trabajadores del Poder Judicial), dijo a Efecto Cocuyo que los casos de los seis dirigentes han estado “llenos de irregularidades”, como allanamientos sin orden judicial y la negativa de entregar los expedientes de los acusados a sus abogados.3
De acuerdo con lo informado por Provea, los fiscales del Ministerio Público, Elin León y Yaneth Espinoza, acusaron a los seis trabajadores de “planificar el asalto a un cuartel en Mérida para sustraer 120 fusiles, secuestrar a los padres de Tareck El Aissami y realizar actos de sabotaje el 5 de julio contra Nicolás Maduro”.4
Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Alonso Meléndez y Reynaldo Cortés son dirigentes sindicales y militantes del partido político opositor Bandera Roja, mientras que Gabriel Blanco es sindicalista, trabajador humanitario, activista y defensor de derechos humanos.5
Junto con Negrín, todos fueron detenidos en diversos lugares del país entre el 4 y el 7 de julio por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), órgano que fue acusado recientemente por la Misión de Determinación de Hechos de la ONU por cometer actos de torturas y malos tratos a personas detenidas en su sede en Boleíta y en sitios clandestinos de reclusión.
Previamente, entrevistado por el medio Crónica Uno,6 el abogado defensor de las víctimas, Eduardo Torres, calificó las acciones como crímenes de lesa humanidad, pues el Estado criminaliza la defensa de derechos humanos, laborales y civiles como el derecho a la protesta pacífica, así como la participación en partidos políticos contrarios al gobierno.
En la protesta de familiares frente al Palacio de Justicia, el abogado detalló que la Fiscalía basó las pruebas de la parte acusatoria a un hombre que identifican como “patriota cooperante” y del que no se conoce más que un supuesto nombre de “Adalberto”.7
“Adalberto dijo que tuvo conocimiento de que los compañeros iban a asaltar el conscripto de alistamiento militar de San Jacinto en Mérida, para buscar 120 fúsiles. “Esta denuncia fue el 4 de julio. Además, dijo que iban a secuestrar a los padres de Tarek El Aissami e iban a realizar actos de sabotaje en las actividades del 5 de julio donde estuviera Maduro. Eso lo iban a hacer en un día y a Alcides Bracho lo detuvieron en su casa cuidando niños”, señaló Torres a Efecto Cocuyo.8
El arresto y enjuiciamiento sin evidencia clara de los seis trabajadores y activistas detenidos en julio forman parte de una política de hostigamiento e intimidación planeada y ejecutada por el Estado, con el fin de limitar la libertad de expresión de las personas manifestantes que critican la gestión gubernamental. Por otra parte, funciona como una medida coercitiva para evitar que activistas sociales critiquen la gestión gubernamental por miedo a represalias, cuestión que fomenta la autocensura y deteriora los sistemas democráticos.
Referencias
