Espacio Público y Provea exponen su informe sobre protestas
Las organizaciones de derechos humanos Espacio Público y Provea presentaron el informe 2009 sobre manifestaciones públicas en Venezuela. El estudio contabilizó un total de 3.297 protestas el año pasado, más del doble de las cuantificadas para 2008 (1.602 protestas, un aumento de 105%).
De acuerdo al monitoreo realizado, las demandas más comunes tienen relación con exigencias laborales (1187 protestas, 36%), en segundo lugar reclamos relativos a la calidad de vida y servicios básicos (477 manifestaciones, 14,47%) y en tercer lugar la reivindicación del derecho a la educación (312 demandas, 9,46%).
Provea y Espacio Público evidencian el aumento en el número de manifestaciones reprimidas. En 2009 se registró un total de 194 manifestaciones reprimidas impedidas u obstaculizadas, en las que resultaron 435 personas lesionadas, 754 detenidas y 7 personas asesinadas.
A diferencia de años anteriores —en el que predominaban las protestas en el área capitalina— se observa un aumento de protesta en las provincias del país. Por ello, en 2009 el estado Zulia fue la región que registró el mayor número de protesta con un total de 610.
En 2009 se dio un avance en el proceso de criminalización de la protesta. Se introduce el nuevo mecanismo de encarcelamiento de los manifestantes, en lugar de someterlos a régimen de presentación. El año pasado, “hubo tribunales que ordenaron el encarcelamiento de 18 manifestantes: 5 trabajadores de PDVSA Anaco, 11 funcionarios de la Alcaldía Metropolitana, un dirigente sindical de la Ferrrominera del Orinoco y un estudiante universitario”, destacó el director de Provea Marino Alvarado.
Las organizaciones han registrado el aumento progresivo de las manifestaciones pacíficas como mecanismo de exigencia de la ciudadanía. Es así que 2009 se presenta como el período con mayor número de acciones de calle durante la gestión del presidente Hugo Chávez Frías.
Espacio Público y Provea aseguraron que la política de criminalización y de innovación legislativa por parte del gobierno en función de reducir los derechos de las personas en el ejercicio de las manifestaciones no están dando resultados.
“A pesar de las normativas legales, de la represión, de la criminalización el pueblo está en la calle y sigue reivindicando sus derechos y no se deja arrebatar. Hay una demanda real que tiene la gente en la calle y que no se deja acobardar por situaciones de este tipo”, aseveró Carlos Correa, director de Espacio Público.
Las organizaciones instaron al Estado a garantizar la integridad física de los protestantes y a disminuir el discurso violento contra las expresiones de protestas. “Una democracia participativa exige no sólo que se garantice el derecho a la manifestaciones, sino que las demandas tenga respuestas. Una manifestación es el último recurso que tienen las personas frente a la ausencia de respuestas del Estado venezolano”, destacó Correa.
