Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, expresamos nuestro rechazo a los actos de violencia ocurridos en la República Bolivariana de Venezuela en las últimas dos semanas, que han resultado en la muerte de al menos ocho (8) personas.
Tim Pool, periodista y productor del portal internacional Vice.com, anunció el 23 de febrero que abandonó Venezuela tas recibir “miles de amenazas de muerte”; entre ellas se cuenta una publicación de Mario Silva, ex conductor de La Hojilla en Venezolana de Televisión, que dice: “Tenemos aquí a un mercenario mediático => @Timcast viene de USA a apoyar las guarimbas y la desestabilización ya paso por Ucrania. Alerta!”.
El periodista Francisco León Martínez fue amenazado por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) mientras estaba cubriendo una manifestación en Ciudad Guayana, el 22 de febrero, para Radio Fe y Alegría 103.1 FM.
El corresponsal en América del Sur del canal de noticias Deutsche Welle, Marc Koch, denunció el 21 de febrero que funcionarios policiales le han impedido el ejercicio de su labor en Venezuela, a pesar de contar con acreditaciones de prensa emitidas por el gobierno: “nos echaron del terreno”, comentó.
Elita Barroso Torres, delegada de prevención y periodista del diario Primicia, narró que al menos nueve colegas han sufrido ataques durante la cobertura de manifestaciones en Puerto Ordaz; desde el 18 de febrero manifestantes han impedido el libre ejercicio de su profesión: “hemos optado por no usar carnet ni uniforme” como medida de protección.
La aplicación para teléfonos móviles Zello, fue bloqueada por la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) el 20 de febrero, según anunció desde su perfil oficial de Twitter: “Trabajamos en la actualización para evadir el bloqueo de Zello por CANTV en Venezuela”. Esta herramienta permite a los usuarios utilizar sus celulares como radios, transmitiendo mensajes de voz a través de un canal sintonizable, que puede ser público o privado, con hasta 600 usuarios por canal.
El pasado jueves, 20 de febrero de 2014, el presidente Nicolás Maduro ordenó abrir un procedimiento administrativo contra el canal de noticias estadounidense CNN en Español por presuntamente “mostrar que Venezuela se encuentra en una guerra civil”. La misma noche el Gobierno retiró las credenciales a las periodistas del canal en Venezuela.
Oliver Fernández, periodista del canal Televen fue atacado verbalmente el 16 y el 19 de febrero. En la primera oportunidad por manifestantes que se encontraban en Chacaíto, Caracas, apoyando al líder de la oposición, Leopoldo López; y en segundo lugar por oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana en Altamira.
Venezuela: Violencia contra manifestantes y periodistas
La comunidad internacional debería condenar los abusos y la censura
(Nueva York, 21 de febrero de 2014) – Miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas han empleado fuerza ilegítimamente y cometiendo excesos contra manifestantes en múltiples ocasiones desde el 12 de febrero de 2014, lo cual incluyó golpizas a detenidos y disparar a multitudes que no estaban armadas, señaló hoy Human Rights Watch.
El gobierno ha censurado a medios de noticias al interrumpir la señal de un canal de televisión por cable y amenazar con perseguir penalmente a medios de comunicación privados por informar sobre los sucesos violentos. El Presidente Nicolás Maduro anunció el 20 de febrero que había comenzado el procedimiento para sacar del aire a CNN en Venezuela y según informó un sindicato de trabajadores de la prensa el 21 de febrero, el gobierno ya habría quitado las credenciales a la corresponsal de CNN en Caracas. Periodistas y defensores de derechos humanos denunciaron haber sufrido actos de violencia e intimidación por parte de agentes o partidarios del gobierno.
Keim Ojeda, reportero gráfico de Últimas Noticias, fue despojado de su equipo de trabajo por efectivos de la guardia Nacional Bolivariana en Los Teques, capital del Estado Miranda; Dayana Rivas, del mismo periódico, y Ronald Gil del diario La Región, fueron retenidos mientras daban cobertura a una acción donde a fuerza pública dispersaba a manifestantes con perdigones y gases lacrimógenos el 20 de febrero.