julio 2009

En la sede de la Fiscalía General de la República, ubicada en Parque Carabobo se concentraron este miércoles un grupo de organizaciones sociales, de derechos humanos y diferentes colectivos populares para iniciar la “Campaña en defensa del derecho a la protesta social” para rechazar la criminalización de la protesta como política de Estado y exigir que se investigue   los crímenes de sicariatos y otros delitos contra activistas sociales.

La iniciativa de la campaña es promovida por Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea), Espacio Público, Movimiento Solidaridad Laboral, Unidad Socialista de Izquierda (USI), Corriente Clasista Unitaria Revolucionaria y Autónoma (CCURA), Acción Solidaria , Convite , Periódico El Libertario, COFAVIC , Colectivo Socialismo Revolucionario (CSR) y  Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS).

En la sede de la Fiscalía General de la República, ubicada en Parque Carabobo se concentraron este miércoles un grupo de organizaciones sociales, de derechos humanos y diferentes colectivos populares para iniciar la “Campaña en defensa del derecho a la protesta social” para rechazar la criminalización de la protesta como política de Estado y exigir que se investigue   los crímenes de sicariatos y otros delitos contra activistas sociales.

La iniciativa de la campaña es promovida por Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea), Espacio Público, Movimiento Solidaridad Laboral, Unidad Socialista de Izquierda (USI), Corriente Clasista Unitaria Revolucionaria y Autónoma (CCURA), Acción Solidaria , Convite , Periódico El Libertario, COFAVIC , Colectivo Socialismo Revolucionario (CSR) y  Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS).

Según información publicada en el portal electrónico de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, se declaró improcedente la transformación de la permisología para operar a emisoras de radio en señal abierta para 43 estaciones de frecuencia modulada (FM).

Algunos de los propietarios de las estaciones fueron sancionados por no poner nunca en funcionamiento las estaciones radiales; hay otros casos de emisoras de radio que están en el aire sin contar con la concesión respectiva. En estos casos,  según algunos testimonios se habían hecho los trámites para que se les otorgara la habilitación administrativa pero hasta hace tres meses Conatel también habría declarado tales solicitudes como improcedentes. 

Tomado de El Nacional

La Cámara de la Radiodifusión analiza qué acciones legales  podría llevar a cabo ante las amenazas del ministro de Obras Públicas y Vivienda , Diosdado Cabello, de confiscar los equipos de las emisoras que Conatel considere que son ilegales o clandestinas.

El abogado Alejandro Fuenmayor señaló que no estaría permitida la confiscación de los equipos para estos casos y se refirió al artículo 173  de la Ley de Telecomunicaciones la cual estipula que se aplicará la confiscación de los equipos sólo en los casos en los que se reincida en la instalación de servicios sin habilitación, no se acate la revocatoria de la concesión o se haga uso del espectro radioeléctrico de forma clandestina. 

Las emisoras Sensacional 94.7 FM, Infinita 90.9 FM, Paraíso 102.9 FM, Positiva 95.7 FM, Premio 103.9 FM y radio Planeta, son las seis estaciones de radio con las cuales se iniciará en el estado Barinas,  el proceso de “democratización” del espectro radioeléctrico que anunciara el ministro Diosdado Cabello  el pasado 9 de julio.

La explicación  que esgrimió la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para la apertura de los procedimientos administrativos se debe a que emisores presuntamente no cumplen con las exigencias de Conatel. En el caso de  Sensacional 94.7 FM e Infinita 90.9 FM sería que se encuentran en manos de personas a quien no les fue otorgada la concesión.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó sentencia en la cual ordena a Venezuela detener “la libre remoción y discrecional” de los jueces provisorios, por ser acciones  “violatorias de los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana”

Asimismo, estableció que  "el Estado venezolano deberá adecuar en un plazo razonable su legislación interna a la Convención Americana a través de la modificación de las normas y prácticas que consideran de libre remoción a los jueces provisorios, de conformidad con lo expuesto en la Sentencia".

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó sentencia en la cual ordena a Venezuela detener “la libre remoción y discrecional” de los jueces provisorios, por ser acciones  “violatorias de los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana”

Asimismo, estableció que  "el Estado venezolano deberá adecuar en un plazo razonable su legislación interna a la Convención Americana a través de la modificación de las normas y prácticas que consideran de libre remoción a los jueces provisorios, de conformidad con lo expuesto en la Sentencia".