En la sede de la Fiscalía General de la República, ubicada en Parque Carabobo se concentraron este miércoles un grupo de organizaciones sociales, de derechos humanos y diferentes colectivos populares para iniciar la “Campaña en defensa del derecho a la protesta social” para rechazar la criminalización de la protesta como política de Estado y exigir que se investigue los crímenes de sicariatos y otros delitos contra activistas sociales.
La iniciativa de la campaña es promovida por Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea), Espacio Público, Movimiento Solidaridad Laboral, Unidad Socialista de Izquierda (USI), Corriente Clasista Unitaria Revolucionaria y Autónoma (CCURA), Acción Solidaria , Convite , Periódico El Libertario, COFAVIC , Colectivo Socialismo Revolucionario (CSR) y Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS).
Marino Alvarado, coordinador de Provea expresó que actualmente en Venezuela “existen 2200 personas sometidas a regímenes de presentación en tribunales por ejercer su derecho constitucional a la protesta por sus reivindicaciones fundamentales” incluidos líderes sindicales, campesinos y estudiantes.
Por otra parte, Johan Rivas de CSR indicó que este acto también es en solidaridad trabajadores de SIDOR y los líderes sindicales que han sido asesinados sin una respuesta contundente por parte de las autoridades competentes, y consideró que es una “contradicción” que el gobierno hable de socialismo y se criminalice la protesta.
Asimismo, Antonio Puppio, coordinador del programa de exigibilidad de Provea, se reunió con Alejandro Castillo, director general de actuación procesal de la fiscalía, para presentarle las demandas de las organizaciones participantes de la actividad. “Se planteó la desnaturalización del derecho a la protesta por parte del gobierno, la cual se ejerce con la aplicación de tipos delictivos que aparecen en el Código Penal y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, entre otras”.
Para Puppio, lo que “preocupa la impunidad que existe con respecto a los casos de sicariato sindical y los asesinatos de campesinos, lo cual favorece la repetición de los hechos. Además, la desnaturalización de la protesta se manifiesta por las descalificaciones que realizan funcionarios del Estado contra aquellos que ejercen su derecho a manifestar” expresó.
Por su parte, Castillo reafirmó el rango constitucional que tiene el derecho a la protesta y puntualizó que el Ministerio Público no está realizando ningún juicio contra trabajadores por ejercer su derecho, las actuaciones que han realizado contra empleados u obreros se sustenta en las actas presentadas por los funcionarios aprehensores y son una precalificación.
En cuanto a los 14 trabajadores de SIDOR que serían sometidos a juicio en horas de la mañana, fue pospuesto el acto judicial para febrero de 2010 lo cual somete a los trabajadores a seguir bajo régimen de presentación en el tribunal de control.
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