ODH-ULA reitera carácter inconstitucional de la Ley contra el Odio y pide liberación de efectivos bomberiles

El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) rechazó la detención de los efectivos bomberiles Carlos Varón y Ricardo Prieto, adscritos a la Unidad de Apartaderos del Cuerpo de Bomberos del estado Mérida, quienes se encuentran privados de su libertad por difundir un video satírico contra el presidente Nicolás Maduro.

A los bomberos, presentados ante el Tribunal de control número 2 del Circuito Judicial Penal este 16 de septiembre, el juez Carlos Márquez les imputó el delito de promoción e incitación al odio con el agravante por motivos de odio e intolerancia, establecido en los artículos 20 y 21 del instrumento legal que entró en vigencia en noviembre del año 2017.

Mayda Hocevar, directora del ODH-ULA, cuestionó el procedimiento penal en contra de los bomberos y reiteró que la Ley contra el Odio es ilegítima porque viola la Constitución Nacional y los tratados internacionales sobre derechos humanos y proviene de un órgano fraudulento que es la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), sin competencia para legislar, electa de manera írrita e instalada para acabar con las libertades de los venezolanos.

En ese sentido, el ODH-ULA exigió al gobierno de Nicolás Maduro liberar a los bomberos y le recordó a la justicia venezolana que los mismos deben ser juzgados bajo la presunción de inocencia, tal como lo establece el estado derecho, el cual viola reiteradamente el poder Judicial de rodillas ante el poder Ejecutivo.

La sátira no es amenaza para la Nación

La tarde de este lunes 17 de septiembre el equipo jurídico del ODH-ULA acudió a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), ubicada en la ciudad de Ejido del estado Mérida, para constatar el trato que reciben los funcionarios bomberiles y velar porque se les garanticen sus derechos humanos y le fue negado el acceso.

Desde el ODH-ULA Mayda Hocevar cuestionó el debido proceso en el caso de los bomberos, el cual no se cumplió como lo establecen las leyes constitucionales y penales y no dejó de mencionar que la Digcim, organismo que detiene e investiga a los bomberos, es un órgano de contrainteligencia militar, cuya función es impedir la inteligencia o espionaje enemigo interno y externo, realizado por los militares y civiles contra el Comandante en Jefe y las Fuerzas Armadas de Venezuela, para que así se garantice la seguridad y defensa de la Nación.

Sobre el particular, Hocevar manifestó no entender cómo la difusión de un video satírico puede constituir una amenaza para la seguridad nacional.

Asimismo, dijo que la acción contra Carlos Varón y Ricardo Prieto muestran el carácter dictatorial del gobierno de Nicolás Maduro, quien impulsó la Ley contra el Odio a través de una inconstitucional ANC para castigar con prisión a la disidencia y atornillarse en el poder, violando las leyes constitucionales y pasando por encima de poderes legítimamente constituidos como la Asamblea Nacional. (Prensa ODH-ULA)

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