Informe 2015

SITUACIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN EN VENEZUELA

[aesop_chapter title=”2015″ subtitle=”INFORME” bgtype=”img” full=”on” img=”http://espaciopublico.ong/wp-content/uploads/2016/04/papel-periodico.jpg” bgcolor=”#888888″]

En el año 2015 continuaron las adversidades para periodistas e infociudadanos al momento de ejercer el derecho a la libertad de expresión. La confrontación física durante la cobertura de calle, así como el discurso ofensivo por parte de funcionarios públicos legitima la descalificación contra el periodismo crítico e independiente. Esto se traduce en un círculo vicioso que alienta un clima de enfrentamiento, donde quienes cuestionan, denuncian o buscan información son tratados como enemigos públicos. La principal consecuencia: una prensa inhibida y una sociedad desinformada.

Total de denuncias/casos de violaciones a la libertad de expresión por año

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

110
141
121
106
126
120
246
159
139
169
220
350
237

[aesop_chapter title=”CONTENIDO” bgtype=”img” full=”on” img=”http://espaciopublico.ong/wp-content/uploads/2016/04/Reporteros-cenital-2-1.jpg” bgcolor=”#888888″]

Datos sobre violaciones a la libertad de expresión ocurridas durante el año 2015

Casos ocurridos durante el año 2015

Casos ocurridos durante el año 2015

Casos ocurridos durante el año 2015

Casos ocurridos durante el año 2015

Casos ocurridos durante el año 2015

Casos ocurridos durante el año 2015

Clasificación de víctimas según cargo u ocupación

Agresores más frecuentes

Distribución espacial de casos ocurridos durante el año 2015

Propuestas para garantizar la libertad de expresión en Venezuela

Marco metodológico empleado para la realización del informe

[aesop_chapter title=”BALANCE” bgtype=”color” full=”on” img=”http://espaciopublico.ong/wp-content/uploads/2016/04/Periodistas-1.jpg” bgcolor=”#000000″]

    Entre enero y diciembre de 2015, se contabilizaron 286 violaciones a la libertad de expresión que corresponden a 237 casos/eventos. Esto representa una disminución de 50,60% respecto al total violaciones del año 2014, con 579 violaciones. De la misma forma, el número de denuncias/casos registró una disminución de 32% respecto al año anterior.

    2015 se ubicó como el tercer año con mayor cantidad de denuncias de violaciones a la libertad de expresión en 14 años de registro, después de 2014 y 2009, en primer y segundo lugar, respectivamente. Estos tres años representan el 34% del total de casos registrados desde el año 2002.

    La legitimación de un discurso estatal hostil es paralela tanto a la incidencia de mecanismos de violencia directa (restricciones de cobertura, retención de equipos, agresiones físicas), como a la gestación de procesos cada vez más afinados que restringen de forma indirecta el derecho a la libertad de expresión: sanciones judiciales y económicas, la apertura de procedimientos administrativos, los impedimentos para la compra de papel prensa.

    Casos restrictivos a la libertad de expresión por mes

    • Casos

    Tales acciones se han constituido como prácticas institucionales habituales que entorpecen el normal desarrollo de los medios de comunicación, al estos no contar con estabilidad financiera ni certeza jurídica. Cierre arbitrario de emisoras en las regiones, reducción del formato de medios impresos, e incluso la suspensión de su circulación por tiempo indefinido conforman graves situaciones que han eliminado espacios para informar y opinar. Las condiciones necesarias para encarnar una democracia son cada vez menos auténticas.

    En el contexto de las elecciones legislativas del 6 de diciembre, las violaciones a la libertad de expresión aumentaron de forma considerable. Entre el 2 y el 6 de diciembre se contabilizaron 36 casos: treinta y un (31) intimidaciones, dos (2) amenazas y tres (3) agresiones. El impedimento a la cobertura periodística en los centros de votación fue la denuncia más frecuente, así como la retención de periodistas y la eliminación de material audiovisual por parte de funcionarios policiales y militares. Esto explica la mayor ocurrencia de casos en diciembre en comparación con el resto de los meses, en los que la frecuencia fue relativamente homogénea.

    Casos de violaciones a la libertad de expresión por tipo

    • Intimidación
    • Hostigamiento Verbal
    • Censura
    • Ataque
    • Agresión
    • Restricciones legales
    • Restricciones administrativas
    • Hostigamiento Judicial
    • Amenaza

    La intimidación (impedimento de la cobertura mediante restricciones de ingreso o desplazamiento en espacios públicos, asalto y confiscación de equipos) fue el tipo de violación más frecuente durante el año, con 91 ocurrencias. El 28% del total de intimidaciones (31 casos) se registraron en la semana de las elecciones legislativas.

    Junto al hostigamiento verbal, la intimidación se ubicó en los primeros lugares. En principio ambas se desarrollaron en el contexto de las colas para la obtención de productos básicos a las afueras de los establecimientos. Se impidió la toma de fotografías o grabaciones, e incluso se presentaron agresiones por parte de cuerpos de seguridad, trabajadores de los comercios, y en menor medida, usuarios en cola. Entre enero y diciembre de 2015 se registraron 20 casos de violación a la libertad de expresión durante la cobertura de colas, con un total de 29 periodistas, reporteros gráficos e infociudadanos afectados en su derecho a buscar información.

    En los meses siguientes, el hostigamiento verbal y la intimidación estuvieron en mayor medida vinculados a la retención arbitraria de periodistas y sus equipos de trabajo por cuerpos de seguridad o terceros particulares, en especial cuando intentaron cubrir temas incómodos para la gestión gubernamental y durante procesos electorales. También se manifestó en la prohibición de acceso a edificios o espacios públicos por parte de funcionarios bajo motivos personales o de enemistad política, en declaraciones destinadas a desacreditar el trabajo periodístico independiente, y en el señalamiento de la prensa como adversario político por parte de servidores públicos cuando no se siguió la línea pro-gubernamental.

    [aesop_chapter title=”INTIMIDACIÓN” bgtype=”color” full=”on” img=”http://espaciopublico.ong/wp-content/uploads/2016/04/PERIODISTA-AGREDIDA-21-06-2002.jpg” bgcolor=”#000000″]

      La intimidación y hostigamiento verbal son patrones concurrentes en la construcción del miedo a expresarse, son los precursores que delatan el propósito de la política pública: silenciar las críticas públicas, objetivo que se impide cuando las víctimas denuncian lo sucedido y la acción colectiva vence el miedo a comunicarse.

      El 16 de abril de 2015, la periodista del estado Zulia Madelyn Palmar informó a través de su cuenta en Twitter que fue impedida de realizar una cobertura periodística en el sector El Diluvio, en la entidad zuliana. “Por grabar situación que viven habitantes de alrededores de El Diluvio fuimos retenidos por la FANB”, dijo. Las imágenes que grababan mostraban la “situación que viven habitantes de alrededores de El Diluvio”, donde hay unas maquinarias abandonadas que pertenecían a un proyecto de Desarrollo Agrícola Socialista con fecha de entrega para el año 2010. Al momento de la detención, el teniente Valladares les advirtió que tomaran en cuenta que: “aquí somos radicalmente chavistas y no queremos aquí opositores pitiyanquis”. El funcionario le dijo a todo el equipo reporteril que ellos podían ser detenidos porque “quien goza de inmunidad parlamentaria es el diputado Julio Montoya, no ellos”. Valladares les quitó a los profesionales de la comunicación parte del material que habían recabado y les dijo: “le entregaremos esto al diputado Diosdado Cabello”.

      A la periodista del Diario El Norte de Anzoátegui, Nazareth Montilla, le apuntaron con un arma en la cara e intentaron llevársela detenida mientras realizaba la cobertura periodística de una cola en el Abasto Bicentenario de la entidad, el 29 de julio de 2015. En el lugar estaba un piquete de Polianzoátegui que comenzó a repeler a los ciudadanos que se quejaban. “Me puse a grabar un video y la brigada de orden público estaba disparando perdigones o balas de plástico, no estoy clara de qué eran. Hicieron tres detonaciones y las personas comenzaron a correr”, detalló la periodista. Seguidamente un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) se dio cuenta de que estaba grabando con mi celular y me ordenó que dejara de hacerlo. “Bajé el teléfono, me identifiqué como periodista y él me apuntó con un arma larga, luego le pregunté a un oficial y me dijo que era una escopeta”, explicó. La periodista se resistió a dejar de grabar y el funcionario intentó cargarla, pero no pudo. Llamó a otro uniformado y a una dama para llevársela detenida. “Me metieron en el -abasto- Bicentenario junto con otro detenido que estaba esposado. El que estaba a cargo del operativo era un sargento supervisor de apellido Gómez”, detalló. Montilla afirma que los funcionarios argumentaron que estaba prohibido grabar “según lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal”, seguidamente la amenazaron con llevarla a la Fiscalía si no borraba el video. “Les dije que si el procedimiento estaba apegado a la ley, que me llevaran detenida pero que yo no iba a borrar el video. En ese momento yo no cargaba mi carnet de prensa pero les recordé que como venezolana, en un país democrático, yo tenía derecho a grabar”, aseveró.

      La periodista de la web de noticias @elpitazotv y el Diario de Sucre, Nairobi Rodríguez, fue agredida en Cumaná por el Plan República mientras realizaba recorridos en centros de votación el 04 de diciembre. Los funcionarios argumentaron que “está prohibido constitucionalmente tomar fotos fuera de los centros electorales”. La reportera fue rodeada por tres funcionarios, la golpearon en la boca y fue obligada a borrar el material audiovisual que tenía guardado en su celular. El hecho ocurrió en el centro de votación en la Avenida Cancamure, al frente de la oficina del Consejo Nacional Electoral (CNE). La agresión de Rodríguez se da luego de que el CNE emitiera un comunicado en el que se señaló que “los medios de comunicación ingresarán al Centro de Votación para cubrir la votación de una personalidad y se retirarán cuando ésta haya finalizado” y agrega que “el ingreso para la toma de fotografías y toma de imágenes de apoyo podrá realizarse siempre y cuando sea dirigido por el coordinador de centro”.

      [aesop_chapter title=”CENSURA” bgtype=”color” full=”on” img=”http://espaciopublico.ong/wp-content/uploads/2016/04/635445982535055602.jpg” bgcolor=”#000000″]

        La censura se ubicó como el tercer tipo de violación más frecuente, 47 ocasiones que representan el 16% de las violaciones. Los dueños o directiva de medios de comunicación fueron censores en el 34,78% del total de casos. El tratamiento de temas incómodos para la gestión gubernamental es el denominador común en los casos de censura por parte de la directiva de medios de comunicación. La compra-venta de medios críticos se ha manifestado en un cambio de línea editorial hacia una postura favorable a la línea gubernamental, lo que deviene en una serie de tensiones internas que se traducen en censura, y reduce el espectro de opinión a un entorno cada vez menos plural. El despido y la salida de artículos, por diferencias respecto a la línea editorial o la emisión de opiniones políticas a través de cuentas personales de los periodistas describen la mayoría de los casos.

        El periodista Félix Pirela, ancla de la Emisión Estelar y del programa Más Noticias en Globovisión, anunció en Twitter el 09 de diciembre que fue despedido por negarse a censurar las noticias. También fue despedido Daniel Guillermo Colina, periodista de sucesos. Pirela, comunicador social y profesor universitario oriundo de Ciudad Ojeda, estado Zulia, explicó además que entre las noticias que se negó a censurar están: “Caso Narcotráfico Los Flores y exigir equilibrio en la pantalla durante la campaña”. Indicó que “por tales motivos habría sido calificado como ‘Periodista Escuálido’”. “A los que me conocen saben que nunca me he visto involucrado en polémicas como periodista, tengo como premisa que el protagonista debe ser siempre la noticia y nunca el periodista. Los que ejercemos esta profesión nos debemos a la información veraz, oportuna y equilibrada, informaciones de respeto a todos los sectores. El pasado domingo me prohibieron salir al aire cuando me tocaba cerrar el operativo para esperar resultados y eso fue el detonante de mi partida. No negocio mis principios”. La confirmación del despido ocurre cuatro días después de las elecciones parlamentarias, en las que Pirela debía incorporarse al operativo especial de la planta televisiva desde las 9:00 pm, pero no se lo permitieron. “Desconozco las razones por las cuales decidieron no permitirme salir al aire en el operativo de Globovisión, alegan ‘órdenes superiores'”. En el caso del reportero Daniel Guillermo Colina fue despedido tras criticar a través de su cuenta personal en Twitter el programa especial con los candidatos oficialistas que transmitieron Globovisión, Venevisión, Televen y Venezolana de Televisión en cadena el último día de campaña, realizado el jueves 3 de diciembre. “A ustedes en @VTVcanal8 que están generalizando y diciendo que periodistas participamos en un programa de cierre de campaña, sepan que YO NO. A mis seguidores: No tengo participación en algún programa especial de cierre de campaña que se transmitió por @VTVcanal8. No me interesa”, publicó Colina en su perfil de Twitter.

        El diario Notitarde, vendido en el mes de enero de 2015, censuró la nota informativa redactada por la periodista Ketherine Ledo sobre el hostigamiento y la detención de la que fue víctima el equipo reporteril del medio regional, además de otros colegas, durante la cobertura de procedimiento de la Guardia Nacional en un denominado “Operativo para la Liberación del Pueblo”. En lugar de publicar la información sobre la agresión a su reportera, el diario Notitarde tituló este miércoles 19 de agosto que la OLP es “acertada y precisa” y que las acciones policiales “han sido adecuadas”.

        Conatel decidió retirar la concesión de la emisora Infinita 90.9 FM de Barinas el 6 de febrero de 2015 sin causa conocida. El directorio de la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión emitió un comunicado en el que rechaza la acción al denunciar que “en menos de media hora, luego de ocurrido el cese de transmisiones ordenado por Conatel, comenzó a transmitir otra emisora desde esa misma frecuencia (cosa imposible de lograr sin hacer arreglos legales y técnicos que toman normalmente varios meses). Esto hace nugatorio cualquier derecho de los representantes de la emisora Infinita 90.7 FM a interponer los recursos legales que le corresponden”.

        [aesop_chapter title=”AGRESIONES Y ATAQUES” bgtype=”color” full=”on” img=”http://espaciopublico.ong/wp-content/uploads/2016/04/AGREDIDO-GUSTAVO-ORTIZ-R-G-EL-CARABOBEÑO.jpg” bgcolor=”#000000″]

          Con respecto a los ataques y agresiones hacia periodistas y reporteros gráficos, la mayoría se produce en el contexto de colas a las afueras de los comercios y en menor medida durante manifestaciones públicas, cuando se les intenta dar cobertura. Espacio Público registró de enero a diciembre 32 agresiones contra periodistas que incluyen detenciones, confiscación de cámaras fotográficas y celulares, supresión de material audiovisual y fotográfico, amenazas e intimidación. En la mayoría de los casos haberse identificado con carnet de periodistas ocasiona mayor ensañamiento y violencia en contra. Los reporteros gráficos son un grupo de riesgo importante siendo fácilmente identificados por sus equipos de trabajo, por lo que se exponen a las agresiones de grupos hostiles hacia el ejercicio periodístico.

          El 03 de junio de 2015, un camarógrafo y dos periodistas, trabajadores de la alcaldía de Mario Briceño Iragorry, en el estado Aragua, resultaron heridos durante los hechos violentos que se desarrollaron en las instalaciones del ayuntamiento. El camarógrafo Alejandro Ledo fue lanzado desde la azotea de la sede de la alcaldía y la periodista Helena Santinés recibió un impacto de bala. Finalmente, su colega Pedro Torres fue objeto de una golpiza. En la mañana el alcalde Delson Guárate informó que obreros huelguistas estaban alterando el orden público y que personal de la alcaldía continuaba sitiada “por tropas del PSUV” que rodeaban el edificio. Al mediodía, las personas que rodeaban las instalaciones violentaron el portón perimetral y se desencadenaron los hechos violentos.

          El periodista Luis Córdoba del diario El Tiempo, del estado Anzoátegui, denunció haber sido agredido el pasado 30 de abril en el municipio Anaco de la misma entidad. Dijo que fue “salvajemente golpeado por efectivos de la Policía Municipal de Anaco y la Policía Nacional Bolivariana (PNB)” mientras tomaba fotografías con una cámara y un teléfono. La agresión tuvo lugar en medio de la cobertura periodística de una protesta a las puertas de la alcaldía de Anaco. Los manifestantes reclamaban porque se impidió la realización de un evento político en favor de la candidatura de Jesús Gómez y su suplente, Carolina Silva, candidatos en las elecciones parlamentarias por el Circuito 2 de la Mesa de la Unidad Democrática en el estado. “Cuando vieron que yo había filmado y estaba haciendo fotos, se lanzaron contra mí unos 7 u 8 policías arengados por el Director de la Policía Municipal, y pese a que como pude saqué mi credencial de periodista y la mostré, nada les importó y siguieron dándome golpes y patadas e incluso dos de ellos se empeñaban en fracturarme los dedos de ambas manos con sus propias manos.”, relató el periodista. Además, entre ocho funcionarios de la PNB, lo llevaron “al otro lado de la calle, me tiraron al piso de la avenida Zulia y allí me dieron patadas en plena vía pública que la inmensa cantidad de gente que se había aglomerado en el lugar veían estupefactos”. Luego fue detenido hasta horas de la noche. El periodista Córdoba presentó una denuncia el 07 de mayo ante la Fiscalía Superior del Ministerio Público por las agresiones recibidas.

          Poco antes de la medianoche del 08 de febrero dos individuos, no identificados, lanzaron un par de artefactos explosivos a la sede de la televisora estatal Vive, perteneciente al Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, y cuya sede está ubicada en el sector Zapara de la parroquia Coquivacoa de la ciudad de Maracaibo, estado Zulia.

          [aesop_chapter title=”RESTRICCIONES ADMINISTRATIVAS Y LEGALES” bgtype=”color” full=”on” img=”http://espaciopublico.ong/wp-content/uploads/2013/06/conatel_niega_informacion.jpg” bgcolor=”#000000″]

            Las medidas administrativas y legales en 2015 suman 23 casos. Si bien se redujeron en un 15% con respecto al año anterior, esto no mitiga su dramático alcance al estar orientado a silenciar informaciones incómodas para el gobierno nacional, a través de restricciones indirectas en la mayoría de los casos. La escasez de papel prensa, consecuencia de los obstáculos para la adquisición de divisas y el monopolio en la venta de papel por parte del Estado, es un resultado concreto de estas políticas que afectaron a 11 medios impresos nacionales y regionales. Algunos tuvieron que reducir su formato, mientras que otros salieron de circulación de forma temporal, tras retornar pero con limitaciones de inventario.

            El Correo del Caroní, del estado Bolívar; El Impulso y El Informador del estado Lara; El Carabobeño del estado Carabobo y el Diario La Nación, del estado Táchira, redujeron sus formatos. Notidiario, de Delta Amacuro y El Propio, del Distrito Capital, salieron de circulación momentáneamente, para retornar con suministro limitado de papel. Los periódicos El Nacional y Nueva Prensa de Guayana, denunciaron escasez aguda de inventario, mientras que el Diario La Opinión, salió de circulación de manera indefinida el 7 de noviembre ante la falta de materia prima.

            A nivel de restricciones legales se aprobó el 10 de diciembre la Ley de Comunicación del Poder Popular la cual establece que se le dará prioridad a los “Medios de Comunicación para el Poder Popular” sobre el espectro radioeléctrico nacional. Esta medida es contraria a los estándares de derechos humanos de libertad de expresión ya que no brinda un trato justo y equitativo a todos los tipos de medios de comunicación, sean estos públicos, privados o comunitarios.

            Otra medida que constituye una restricción legal es la reforma la Ley del Banco Central de Venezuela (BCV), por parte del presidente Maduro, el 30 de diciembre de 2015, un día antes del vencimiento de la Ley Habilitante. En esta reforma se modificaron varios artículos, entre ellos el 40, 42 y 87, sobre particulares que representan obstáculos en el acceso a la información pública al someter a discreción la suspensión de publicación de informes, de manera que legaliza la restricción de información de temas de interés colectivo.

            [aesop_chapter title=”HOSTIGAMIENTO JUDICIAL” bgtype=”color” full=”on” img=”http://espaciopublico.ong/wp-content/uploads/2016/04/TSJ_fachada_980.jpeg” bgcolor=”#000000″]

              El hostigamiento judicial registró un total de 19 casos entre amenazas de querellas y demandas efectivas en tribunales nacionales contra periodistas y medios de comunicación principalmente por la difusión de información que cuestiona la actual gestión gubernamental.

              La amenaza de demanda de la Ministra para los Asuntos Penitenciarios, Iris Valera contra el reportero gráfico Jesús Medina Ezaine, el 27 de octubre de 2015, tras haber informado la situación que se vivió en la cárcel Rodeo II, el 22 de octubre de 2015, donde un (1) recluso murió y cinco (5) personas estuvieron secuestradas por una semana. “En declaraciones el día de ayer la ministra enfatizó que gracias a mi irresponsabilidad no se había solventado la situación del Rodeo II, cuando yo lo único que hice fue intermediar. Incluso, gente del alto mando militar, del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo me pidieron que siguiera haciendo el enlace con los reos que mantenían secuestrados a los 5 trabajadores sociales”, declaró el fotógrafo al portal de noticias Caraota Digital.

              Tras reiteradas amenazas el presidente de la Asamblea Nacional, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y capitán activo, Diosdado Cabello, demandó el 21 de marzo a los medios Tal Cual, El Nacional y La Patilla por haber replicado una información publicada por el diario ABC de España, que vincula al diputado con el narcotráfico.

              A raíz de este proceso, el 12 de mayo se emitió la prohibición de salida del país a 22 directivos de los mencionados medios. Días después, el Ministerio Público (MP) entregó el 14 de mayo una carta solicitando al director del semanario Tal Cual, Teodoro Petkoff, que remita a la Fiscalía Vigésima Primera a Nivel Nacional con Competencia Plena información sobre las funciones que cumple el periodista Omar Pineda. Luego el 23 de septiembre, un tribunal de primera instancia de Caracas ordenó al estatal Sistema Integrado de Información Policial (Sipol), a solicitud de los demandantes, buscar a los directivos de La Patilla, El Nacional y Tal Cual, a los fines de hacer “comparecer mediante la fuerza pública a los acusados que persistan en contumaz incomparecencia ante la sede” del juzgado. Dos funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) llegaron a la sede del semanario Tal Cual, a las 8:00 p.m. del 8 de octubre, buscando a Francisco Layrisse, directivo del medio. La medida fue emitida por el Tribunal 29° de Primera Instancia en lo Penal del Área Metropolitana de Caracas. Los funcionarios del cuerpo de seguridad también visitaron la sede del diario El Nacional en búsqueda de Miguel Henrique Otero, presidente editor de este rotativo, así como las instalaciones de la página informativa La Patilla.

              El periodista Damián Prat, articulista del diario el Correo del Caroní y el semanario Tal Cual, fue señalado por el Ministro de Interior y Justicia, Gustavo González López, de estar vinculado con la planificación de saqueos en Ciudad Guayana, estado Bolívar el 14 de septiembre. El nombre del periodista no fue mencionado por el funcionario, sin embargo, en una pizarra que se mostró en medio de la rueda de prensa transmitida en por el canal del Estado, Venezolana de Televisión, aparecía su nombre y su cédula de identidad. Se le señala de pertenecer a una banda paramilitar que es, según las acusaciones del ministro, liderada por el dirigente de Primero Justicia Wilson Castro.

              [aesop_chapter title=”AMENAZA” bgtype=”color” full=”on” img=”http://espaciopublico.ong/wp-content/uploads/2016/03/La-voz-de-falcon.jpg” bgcolor=”#000000″]

                A los periodistas y reporteros gráficos se les amedrentó e incluso amenazó de muerte, tanto de forma directa durante la cobertura de calle como a través de las redes sociales, a fin de impedir la difusión de información, en particular denuncias sobre fallas de servicios o críticas a la gestión de gobierno. 17 casos con estas características se registraron en 2015.

                El 12 de enero, los equipos prensa del web de noticias Contrapunto.com y el canal colombiano NTN24 fueron amenazados por grupos identificados como oficialistas mientras cubrían una denuncia de médicos, en el Hospital Clínico Universitario de Caracas, sobre la situación de desabastecimiento de insumos básicos y suspensión de cirugías en áreas clave en la referida institución. La periodista de Contrapunto, Airam Fernández, explicó que miembros del Sindicato de Seguridad del Hospital y colectivos hostigaron verbalmente a la prensa. “No vamos a permitir que se hagan más guarimbas. No respondemos por lo que les pase si prenden las cámaras, váyanse que les puede pasar algo”, les dijeron. Al camarógrafo del canal colombiano NTN24 lo amenazaron con que le iban a “caer a coñazos”, agregó la reportera. Por su parte, la periodista Ana Vanessa Herrero, detalló que los individuos que los amenazaron usaban camisas rojas y gorras alusivas al PSUV.

                Félix Amaya, periodista de Médano Televisión de Coro, fue objeto de intento de sicariato. Se reportó que un sujeto que viajaba como parrillero en una moto abrió fuego contra el comunicador. Amaya salió ileso del hecho ocurrido en Coro, estado Falcón. Asegura que venía manipulando su celular no cree que haya sido para robarle por lo que sospecha que detrás del ataque estén personas vinculadas con el hombre que lo llamó a su programa radial “Aquí Cabemos Todos” y amenazó con “detonarlo”. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP), señaló que el periodista funge como conductor de un programa de radio y televisión crítico al gobierno regional, y que desde hace tiempo ha denunciado recibir amenazas.

                El periodista Horacio Giusti, colaborador voluntario del Foro Penal Venezolano, denunció que fue golpeado por dos desconocidos el 28 de abril, recibió golpes en el ojo derecho y en la boca. Giusti relaciona el hecho con lo sucedido el día 15 de abril, cuando la organización con la que colabora dio una rueda de prensa a las afueras del Palacio de Justicia, en el centro de Caracas, con relación al caso de Gerardo Carrero y para la actualización de cifras del Foro Penal. El periodista dijo que al salir de ese encuentro con la prensa dos hombres a bordo de una moto lo persiguieron desde el Palacio de Justicia. “Yo pensé que me iban a robar y crucé la calle rápido, cuando llegué a la avenida Universidad me estaban esperando y lo que hicieron fue señalarme, en señal de amenaza”. Posteriormente, el viernes 24 de abril el periodista encontró en su casa un papel que decía entre otras cosas: “sabes que estás en la mira escuálido, no te comas la luz”. El hecho fue denunciado en la Fiscalía y ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), pero ambos organismos indicaron que no había forma de proceder porque no existía evidencia alguna de quién puedo ser el autor de la amenaza. El 28 de abril en horas de la noche Giusti se dirigió a su casa desde la avenida Urdaneta, al estar cerca de la avenida Libertador dos personas lo acorralaron contra la pared y tras varios insultos le dijeron: “habla rápido quién eres y a qué te dedicas” a lo que él respondió “Horacio, periodista” y de inmediato lo golpearon en el ojo, en la boca y lo dejaron en el sitio.

                [aesop_chapter title=”VÍCTIMAS” bgtype=”color” full=”on” img=”http://espaciopublico.ong/wp-content/uploads/2016/04/REPORTEROS-CORREN.jpg” bgcolor=”#000000″]

                  Periodistas, reporteros gráficos, medios de comunicación y trabajadores de la prensa (camarógrafos, asistentes, conductores) suman el 90% de los afectados. Le siguen los directivos de medios, con 6 ocurrencias que corresponden a los casos Tal Cual, La Patilla, El Nacional y 6to Poder, con demandas judiciales en su contra.

                  Víctimas según profesión u ocupación

                  • Periodista
                  • Funcionarios(as) / Militar activo
                  • Medio(s) de comunicación
                  • Defensor de DDHH/ONG
                  • Reportero(a) gráfico
                  • Economista
                  • Trabajadores de la prensa
                  • (Info)Ciudadano
                  • Directivos de medios
                  • Representantes de gremios, asociaciones
                  • Humorista
                  • Miembros de partidos políticos / ex funcionarios

                  El hostigamiento a la fuente se manifestó en represalias contra representantes gremiales por declarar sobre temas sensibles a la administración estatal que movieron la opinión pública en Venezuela. Descalificaciones y detenciones fueron algunos de los métodos usados para silenciar asuntos de importancia para los venezolanos como la inseguridad, la salud y la alimentación.

                  El presidente de la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales, doctor Carlos Rosales Briceño, fue detenido y liberado posteriormente por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), tras emitir declaraciones sobre la escasez de medicinas en el país.

                  El presidente de la Comisión Eléctrica del Colegio de Ingenieros de Lara, Luis Vásquez Corro, fue recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en el estado Lara, desde este 19 de abril luego de haber declarado al diario El Impulso sobre la situación actual de la represa El Guri. Los efectivos dijeron que la razón de la detención era que un grupo de personas denunció ante el Sebin sentirse afectado por las declaraciones que diera el ingeniero al diario El Impulso. Vásquez Corro fue liberado la mañana del 20 de abril. Deberá presentarse ante el tribunal cada vez que el ente legal así lo requiera. Al ingeniero se le imputó el delito establecido en el artículo 296 del Código Penal, que contempla la figura de difusión de informaciones falsas, y por el cual se pueden pagar de dos a cinco años de cárcel.

                  El presidente de la Federación Venezolana de Licoreros y Afines (Fevelif), Fray Roa, fue detenido por un presunto plan orquestado para desestabilizar al Gobierno nacional, de acuerdo a lo señalado por Diosdado Cabello. El diputado cuestionó que Roa haya sido entrevistado por CNN, donde denunció que el sector cervecero tiene niveles de inventario críticos en cerveza. “Por las razones que sea el venezolano toma cerveza, culturales, sociales, las que sea… No tienes alimentos y ahora te van a quitar la cerveza. Así se monta un plan para que el pueblo pierda la paciencia”, dijo Cabello durante su programa televisivo Con El Mazo Dando, la noche del miércoles 29 de julio. “Roa está muy vinculado a un periodista de derecha. Él sabe quién es”, agregó.

                  El jefe del servicio de Pediatría del Hospital José María Benítez, en el estado Aragua, doctor Feder Álvarez, fue despedido el 28 de agosto luego de denunciar escasez de insumos. Feder Álvarez relató que recibió una notificación de la Dirección del Hospital José María Benítez y Recursos Humanos en donde se le indicó que su contrato como pediatra fue rescindido debido a que realizó “unas denuncias en diversos medios de comunicación en donde reclamamos las malas condiciones del hospital”.

                  Víctimas según género

                  • Masculino
                  • Femenino

                  El mayor porcentaje de víctimas son hombres, que representan el 59% (118 ciudadanos), y las mujeres alcanzan un 41% (83 personas). En el año 2015 las féminas se ubican como víctimas en un alto porcentaje de incidencia, la más elevada desde 2005 cuando fue de 47%, entre 2006 y 2014, esta osciló de 23% a 38%.

                  [aesop_chapter title=”VICTIMARIOS” bgtype=”color” full=”on” img=”http://espaciopublico.ong/wp-content/uploads/2016/02/0_abrazo_dc_y_nm.jpg” bgcolor=”#000000″]

                    Los cuerpos de seguridad fueron los principales victimarios con 65 casos. La ocurrencia de agresiones, impedimentos de cobertura, y retención de equipos de trabajo se mantuvo durante el 2015 con elevada frecuencia al considerar que los cuerpos de seguridad fueron los mayores victimarios durante el 2014, responsables de 100 violaciones (28%). Este escenario atenta directamente contra el derecho al trabajo periodístico y el acceso a la información de las personas.

                    Los funcionarios arremetieron contra la prensa en 53 oportunidades. De acuerdo a la tendencia registrada durante el 2015, el ex presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, se mantuvo como el principal victimario entre los servidores públicos. El 39,62%, es decir, veintiuno (21) de cincuenta y tres (53) arremetidas contra la libertad de expresión por parte de funcionarios fueron ejecutadas por Cabello, entre descalificaciones públicas y demandas judiciales contra medios de comunicación y periodistas.

                    Víctimarios según profesión u ocupación

                    • Cuerpos de seguridad
                    • Funcionarios (as)
                    • Instituciones del Estado
                    • Particulares
                    • Dueño/Directiva de medios
                    • Instituciones administrativas
                    • Presidente de la República
                    • Simpatizantes del Gobierno Nacional
                    • Desconocidos
                    • Hackers
                    • Miembros del centro electoral
                    • Canal/conductor/programa de TV
                    • Simpatizantes de oposición
                    • Redes sociales

                    [aesop_chapter title=”¿DÓNDE OCURRIERON?” bgtype=”color” full=”on” img=”http://espaciopublico.ong/wp-content/uploads/2016/04/Mapa-de-Venezuela.jpg” bgcolor=”#000000″]

                      El 32% de los casos se registró en el Distrito Capital, con 76 ocurrencias. A nivel estadal siguen Aragua con 12, Carabobo y Zulia con 11, Táchira y Anzoátegui con 10 casos. En 41 oportunidades los eventos ocurrieron a nivel nacional, es decir, a través de medios de comunicación con alcance en todo el país. 16 casos se registraron en Internet como amenazas en redes sociales, hackeo de cuentas o correos e intervención de líneas telefónicas.

                      Distribución geográfica de las violaciones

                      [aesop_chapter title=”EXIGENCIAS Y RECOMENDACIONES” bgtype=”color” full=”on” img=”http://espaciopublico.ong/wp-content/uploads/2016/04/venezuela_2_1.jpg” bgcolor=”#000000″]

                        El contexto nacional exige que se respete la libertad de expresión como derecho humano, fomentándola y eliminando las barreras que puedan impedir su realización. La necesidad de diálogo y debate, la consideración de diversos puntos de vista, representa en Venezuela, una herramienta democrática que contribuiría a la ampliación de oportunidades para la participación de las comunidades, fortaleciendo la gobernabilidad del país y permitiendo la mejora de la calidad de vida.

                        Reiteramos que el abandono por parte del Estado de las garantías del ejercicio del periodismo y de la protección del derecho humano a la libertad de expresión, aunado al discurso de descalificación por parte de funcionarios públicos, contribuyen a sostener un contexto polarizado y de hostilidad para el ejercicio de la comunicación que afecta al universo de la población que reside en Venezuela.

                        La preeminencia de un discurso político polarizador, especialmente inducido desde el ejecutivo nacional pero al que contribuyen diversos sectores de la sociedad venezolana, que coloca a los diversos actores en un juego de enemigo o amigo intensifica el encono o animadversión, reduciendo las posibles opciones de diálogo e intercambio, especialmente entre las élites políticas, que son necesarias para la sociedad venezolana.

                        Las recomendaciones y exigencias que aquí se proponen insisten en la necesidad del cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos a los cuales Venezuela está suscrita de manera voluntaria y en el compromiso por parte del Estado, en garantizar las condiciones que permitan la participación plena y crítica de los ciudadanos. De esta manera, se busca el ambiente de paz y de diálogo que pueda dar cimientos a una sociedad democrática.

                        Garantizar independencia por parte de CONATEL y otros entes rectores en la asignación de frecuencias del espectro radioeléctrico, asignación de divisas para importación de papel e insumos para prensa, con el objeto de que puedan existir medios de comunicación plurales en los que todas las ideas puedan ser expresadas.

                        Garantizar la integridad personal de los comunicadores sociales durante el ejercicio de sus actividades profesionales, investigando y sancionando cualquier agresión proveniente de funcionarios públicos o particulares. Especialmente deben investigarse, sancionar a los responsables y contribuir a la reparación de las muertes de los periodistas que ocurrieron por causas asociadas a su desempeño profesional.

                        Que el Estado cumpla cabalmente, las obligaciones adquiridas en los convenios internacionales en donde se compromete a respetar y a proteger los derechos humanos. Ello implica entre otros desafíos ajustar el marco regulatorio venezolano a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos para evitar las incompatibilidades que existen y debe permitirse la visita de los responsables de las Relatorías del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas para que puedan contribuir con las políticas públicas de Estado venezolano y armonización con las obligaciones del Derecho internacional de los Derechos Humanos.

                        Desarrollar un marco legal que garantice el ejercicio al derecho a réplica y rectificación en los medios de comunicación por parte de los afectados. Un marco adecuado para este contenido de la libertad de expresión permitiría fomentar y mantener el debate público y permite a los afectados por imprecisiones u opiniones la posibilidad de argumentar y defenderse con los mismos recursos del medio o periodista.
                        Se propone realizar una revisión del Código Penal que suprima las figuras de difamación e injuria, vilipendio y desacato como delitos penados con privación de libertad. De esta manera las faltas al honor o reputación puedan ser resarcidas a través del derecho a réplica.

                        Actuar de manera coherente con el discurso de la participación pública e incentivar otras formas de participación distinta al voto, como la contraloría social, que requiere de una libertad de expresión plena de manera que logre ofrecer distintos puntos de vista, condición necesaria para la construcción del pensamiento crítico.

                        Promover una política pública centrada en la transparencia y el más amplio acceso a la información pública lo que demanda la aprobación de leyes nacionales, estadales y ordenanzas; la aplicación de políticas concretas para favorecer la publicación proactiva de información; y el diseño de sistemas orientados a servir y responder a los ciudadanos. Esta política pública debe permitir el acceso a la información pública por parte de los ciudadanos en forma oportuna, adecuada y con las debidas garantías de confiabilidad sobre los datos suministrados.

                        Establecer una regulación que limite el uso de las cadenas de radio y televisión para los eventos o situaciones que los requieran por estricta necesidad, ello implica revisar lo contemplado en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y en la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.
                        Los procesos administrativos y judiciales deben realizarse con respeto a las garantías para el debido proceso. Ello demanda garantizar la independencia de los órganos y la estricta precisión de las normas que deben respetar el contenido del derecho según los estándares internacionales.
                        El Estado debe contribuir a impulsar un contexto en donde el diálogo e intercambio, basado en el respeto y en el reconocimiento como iguales, sea posible. Este es un requisito indispensable en una sociedad democrática y pacífica que se desea y la institucionalidad pública cuenta con las herramientas que lo pueden hacer posible.

                        [aesop_chapter title=”METODOLOGÍA” bgtype=”color” full=”on” img=”http://espaciopublico.ong/wp-content/uploads/2016/04/portadaINFORME-2015.jpg” bgcolor=”#000000″]

                          El registro cotidiano se realizó sobre la base de una matriz de eventos o casos en los cuales se incluían las siguientes variables: área geográfica; sexo de las víctimas; tipo de víctima (periodistas, medios, audiencia); tipología según el área de trabajo (reporteros, columnistas, camarógrafos, etc.); y tipo de agresión según las categorías definidas anteriormente.

                          Las informaciones de los distintos eventos o casos se contabilizaron a partir de las notas aparecidas en diarios de circulación nacional y regional, confirmadas con el testimonio de las víctimas y afectados, con el objeto de realizar un registro de fuentes directas. También se recogen datos de investigaciones realizadas por instituciones gremiales, académicas y de Derechos Humanos, de carácter nacional y/o internacional.

                          A partir de los datos recogidos se creó una matriz que considera las variables que explicitamos anteriormente. Se realizó una depuración de los distintos eventos, así como el cruce de las distintas variables. Se ejecutaron los cálculos correspondientes, y ello derivó en las tablas y gráficos que ilustran este trabajo. El estudio comprende una descripción de los patrones de violación al derecho, seguidos de una ilustración con algunos casos relevantes. En los eventos o casos se puede registrar la participación de varios agentes violadores o responsables e igualmente varias víctimas. De la misma forma en un caso pueden aparecer diversos tipos de víctimas: medios, periodistas, fotógrafos, y varios tipos de violaciones.

                          [aesop_chapter title=”RECURSOS ADICIONALES” bgtype=”color” full=”on” img=”http://espaciopublico.ong/wp-content/uploads/2016/04/portadaINFORME-2015.jpg” bgcolor=”#000000″]

                          Un paso al frente para la libertad de expresión

                          Libertad de expresión en caricaturas