Unamos fuerzas en defensa del espacio cívico en Venezuela

Las redes regionales de organizaciones de la sociedad civil Alianza Regional por la Libre Expresión e Información; Civicus,  IFEX-ALC y Voces del Sur exhortamos a la comunidad internacional a rechazar abiertamente la nueva iniciativa legislativa que habilita la criminalización de organizaciones y actividades legítimas de la sociedad civil venezolana protegidas por el derecho humano a la libertad de asociación. 

El pasado 24 de enero, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de la “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines”. Desde su presentación ante el parlamento se plantea un discurso estigmatizante que ubica a las organizaciones civiles que hacen trabajo social, humanitario y de promoción de derechos humanos como “enemigas de la patria”. 

Venezuela atraviesa desde hace varios años una crisis estructural con impacto negativo en la garantía de derechos sociales, económicos, civiles y políticos, y con consecuencias a nivel regional por el desplazamiento de millones de personas en condición crítica hacia otros países del continente. Esta situación ha sido atendida por organizaciones de la sociedad civil a través de asistencia social y humanitaria, cuyo trabajo se vería restringido a través de esta ley. 

A la fecha de publicación de este comunicado, el proyecto de ley no es de acceso público. Una vez presentada, la propuesta se aprobó de forma inmediata; la Asamblea Nacional no discutió la normativa ni cumplió el proceso establecido en la Constitución para el tratamiento de los proyectos de ley.  

En Venezuela las organizaciones  están sometidas a una serie de registros y cumplen con sus compromisos fiscales. Es el Estado el que impide de facto que nuevas organizaciones se registren o actualicen su documentación al paralizar los procesos en los registros públicos. 

La propuesta legal otorga facultades al Poder Ejecutivo de supervisar, inspeccionar, controlar y sancionar a las organizaciones y sujetos obligados, a través de atribuciones legislativas y de fiscalización. Tales capacidades someten la existencia de las organizaciones a la discrecionalidad de los intereses del gobierno de turno, lo que vulnera la autonomía e independencia. Además, el proyecto impone la obligatoriedad de proporcionar “datos sobre la constitución, estatutos, actividades que realizan, proveniencia, administración y destino de sus recursos, con especificación detallada de sus fuentes de financiamiento”, en un contexto donde se ha utilizado información de este tipo para perseguir y criminalizar sectores críticos al gobierno. La transparencia es un pilar fundamental del trabajo de la sociedad civil y se ejerce como una buena práctica, sin embargo la obligatoriedad contenida en la ley debe estar enmarcada en garantías institucionales claras, que respeten y protejan de manera efectiva la libertad de asociación. 

Pedimos a la comunidad internacional su apoyo con acciones que eviten que esta y otras legislaciones similares en la región sigan proliferando, ya que solo buscan mermar el espacio cívico en nuestros países. Tales iniciativas alimentan narrativas estigmatizantes e incentivan más acciones de este tipo por parte de sectores de poder con motivaciones cada vez menos democráticas. De aprobarse esta ley, el trabajo de las organizaciones no gubernamentales en Venezuela estaría bajo una seria amenaza, lo que aumentaría las restricciones en un espacio cívico ya estrecho en el país.  

Una democracia saludable requiere el trabajo de la sociedad civil; personas, organizaciones, movimientos y colectivos para contener el avance de políticas que buscan mermar sus bases, desnaturalizando mecanismos legítimos que al vaciarlos de contenido y convertirlos en  instrumentos para conservar y aumentar el poder lo único que logran es sacrificar a quienes ejercen de manera legítima sus derechos.