La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz se dirigió este miércoles a la sede del Ministerio Público para exigir el cierre del proceso penal que se les sigue a cuatro activistas.Los representantes de la organización se presentaron ante la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, a fin de que le sea sobreseída la causa a Kelys Amundaray, Maryluz Guillén, María de los Ángeles Peña y Tomás Becerra, quienes fueron señalados de agredir a efectivos militares y dañar bienes públicos en agosto pasado, durante una actividad en respaldo a la demanda de los pueblos indígenas yukpa y bari para que les sean demarcados sus territorios.
"Pedimos el sobreseimiento porque no hay pruebas de lo que se nos acusa. También pedimos el sobreseimiento porque la otra opción es el archivo fiscal, lo cual implicaría que en cualquier momento pudiera reabrirse la investigación y eso limitaría nuestro trabajo. Este proceso constituye una criminalización de la acción de los defensores de los derechos humanos", afirmó Guillén, una de las investigadas.
Fuente: El Universal
