Solicitan a la Asamblea Nacional rechazar el Anteproyecto de Ley de delitos Mediáticos

Diversas organizaciones venezolanas, que trabajan para la promoción y defensa del derecho a la libertad de expresión, manifestaron su profundo rechazo a la propuesta de Ley especial contra Delitos Mediáticos presentada por la Fiscal General de la República a la Asamblea Nacional, ya que constituye un grave retroceso en materia de libertad de expresión.

El texto presentado por la funcionaria Luisa Ortega Díaz, el 30 de julio de 2009, es en sí un atropello a la libertad de expresión, que fortalece la autocensura, restringe el vigor del debate y aumenta la discrecionalidad del poder en contra de las personas y la sociedad venezolana.

 

Carlos Correa, director ejecutivo de la Asociación Civil Espacio Público, alegó que el anteproyecto de ley es vago e impreciso, además de no ajustarse a los estándares internacionales. Por esta razón, se exige al Parlamento que reaccione en contra de este proyecto de ley.

 

El anteproyecto de ley determina que los sujetos activos que pueden incurrir en delitos pueden ser cualquier persona que se exprese en medios de comunicación social, especialmente productores nacionales independientes, periodistas, locutores, dueños de medios, conferencistas y artistas.

De igual manera, las sanciones estipuladas se aplican por una amplia gama de definiciones ambiguas todas orientadas a la protección de las autoridades y no para garantizar los derechos de la sociedad. El anteproyecto presentado es ambiguo y deja a la discreción de los funcionarios judiciales y jueces la interpretación de las mismas lo que implica una aplicación arbitraria de penas privativas de libertad. Esto en sí mismo es un atropello que viola las libertades y derechos humanos consagrados en nuestra Constitución.

Gustavo Hernández, director del Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela (ININCO), expresó su rechazo más absoluto a las medidas de cierre de 34 emisoras de radio, por parte del Gobierno, y a los ataques recientes contra la televisora Globovisión por grupos violentos del oficialismo. De igual manera, el instituto de investigación rechaza el proyecto de ley contra delitos mediáticos por violentar abiertamente la Constitución Nacional, porque limita las libertades de informar y opinar, criminaliza el ejercicio del derecho a la crítica, al cuestionamiento, a la disidencia y la oposición, prácticas vitales en la democracia.  

Este proyecto de ley contraviene la Constitución Nacional en sus artículos 57, 58, y 337 que consagran la libertad de expresión, la pluralidad de ideas y el derecho a la información, aun en estado de excepción.

Dada la importancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática, el Estado debe garantizar y promover su ejercicio, no limitarlo mediante leyes que buscan silenciar los medios de comunicación o todo intento de expresión libre y crítica.

Suscriben: Centro de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello (CIC), Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Espacio Público, Expresión Libre , Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela (Ininco), Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys), Reporteros sin Fronteras (RSF) y Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).