Sociedad civil demanda a Hugo Cabezas por caso El Carabobeño

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Expresión Libre, el Colegio Nacional de Periodistas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, representantes de la sociedad civil del estado Carabobo y Espacio Público introdujeron este 31 de marzo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia una demanda en contra de Hugo Cabezas, en su carácter de presidente del Complejo Editorial Alfredo Maneiro, por la adjudicación discriminatoria del papel prensa, que llevó al diario El Carabobeño al cierre de su edición impresa.

Esta demanda de protección de derechos e intereses difusos, conjuntamente con una solicitud de amparo cautelar, contra Cabezas es “por la venta irregular, insuficiente y discriminatoria de bobinas de papel en perjuicio de la labor informativa crítica e independiente de la compañía anónima editora de El Carabobeño”.

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Este hecho representa una “restricción indirecta a la libertad de expresión que forma parte de un contexto oficial de persecución y censura a los medios informativos no alienados al Gobierno. La negación de materia prima a este diario lo ha obligado a que sus ediciones impresas cesaran a partir del jueves 17 de marzo de 2016, con lo cual el Ejecutivo ha lesionado su libertad de expresión, mermando correlativamente libertad de información de la sociedad venezolana, en violación a los artículos 21, 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 2 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 2, 7 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y II y IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, entre otros”, precisa la demanda.

El documento consignado señala que “El Carabobeño ha sido víctima de un conjunto de actos discriminatorios de parte del Ejecutivo en la venta, distribución y entrega de materia prima (bobinas de papel), pues, como se observará, otros medios de tendencia pro-gobierno sí han recibido oportunamente el papel necesario para operar con total normalidad, lo cual por afectar el derecho a la información libre, amplia y plural de la sociedad venezolana en su conjunto”.

La Sala Constitucional de este máximo tribunal deberá “declarar la violación a la libertad de expresión e información amparado en los artículos 57 y 58 de la Constitución, en perjuicio de la sociedad venezolana en su conjunto, que ha sido despojada ilegítimamente de una ventana democrática, alternativa, y no alienada al gobierno para expresar y canalizar sus demandas ciudadanas, además de perder una opción para conocer cuál es el acontecer noticioso de su país, desde una perspectiva no oficial”, señala el documento.

La Sala también deberá ordenar, a través del amparo cautelar solicitado, que el Complejo Editorial Alfredo Maneiro, a través de su director Hugo Cabezas, restablezca “de inmediato la entrega de papel requerido, o al menos con ejecución sucesiva, de manera de asegurar la circulación y el libre flujo informativo de las ediciones impresas de El Carabobeño”.

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Por las razones de hecho y de derecho expuestas en el documento consignado, los demandantes solicitan al Tribunal:

  1. Se declare competente para conocer el presente caso.
  2. Admita la presente demanda de protección de derechos e intereses difusos.
  3. Dicte medida cautelar de restablecimiento inmediato de la situación jurídica infringida, ordenando al Complejo Editorial Alfredo Maneiro a suministrar en forma oportuna, regular, eficaz y en condiciones de igualdad, las bobinas de papel que amerite El Carabobeño para continuar como medio crítico e independiente en el país, en garantía de la libre, diversa y amplia circulación de información para la sociedad.
  4. Declare con lugar el presente recurso y en consecuencia proteja los derechos a la libertad de expresión e información y de igualdad y no discriminación de la sociedad venezolana en su conjunto y ordene al Complejo Editorial Alfredo Maneiro suministrar en forma oportuna, regular, eficaz y en condiciones de igualdad, las bobinas de papel que amerite El Carabobeño y abstenerse de realizar acciones que tengan por resultado u objeto menoscabar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información, respecto de los contenidos críticos, adversos o que irriten, molesten o perturben la línea oficial, sin perjuicio de las demás sanciones y responsabilidades a que haya debidamente lugar.

“Una de las cosas que deberá hacer este tribunal es investigar y esclarecer cual es el criterio para la distribución del papel que usa la el Complejo Editorial Alfredo Maneiro”, señaló Carlos Correa, director ejecutivo de Espacio Público. “Esta acción es colectiva, participan asociaciones civiles, gremios y representantes de la sociedad de Carabobo, vinimos a exigir justicia y esperamos que el TSJ de respuesta a esta situación que afecta a la sociedad venezolana en su conjunto”, dijo.

Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, señaló que “todo ciudadano tiene derecho a estar informado y lo que se está haciendo al entregar este documento es exigir la correcta administración, para tener información veraz, sobretodo de medios independientes que tiene una postura contraria al Gobierno nacional”.

 

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