La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió el 20 de mayo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena contra Venezuela por “haber cerrado de forma ilícita” en 2007 el canal Radio Caracas Televisión (RCTV), crítico con el Gobierno.
La SIP, con sede en Miami, hizo la petición tras presentar a esta instancia un documento de “amicus curiae” (amigo de la corte), una figura jurídica que representa el apoyo ante el tribunal de un tercero no implicado en la causa.
Elizabeth Ballantine, presidenta de la SIP, invitó a la “CIDH a fallar que la decisión del Gobierno venezolano de no renovar la concesión de RCTV y no reparar el daño, en represalia por su línea editorial, es una flagrante violación a los principios de libertad de expresión establecidos en la Convención Americana”.
RCTV dejó de emitir en abierto el 27 de mayo de 2007, después de que la administración del expresidente Hugo Chávez no le renovara el permiso con el argumento de que era una compañía “golpista”.
En el documento presentado por la SIP se indicó que la concesión no fue renovada “en represalia por su postura editorial crítica e informaciones contrarias al Gobierno venezolano”.
En el escrito también se destacó que “por vía de medidas cautelares presentadas por organizaciones sociales, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ordenó la incautación, sin indemnización, de toda la plataforma de RCTV, a fin de asegurarle al propio Estado la operación inmediata de una señal de televisión”.
El Gobierno, por orden directa Chávez, cerró la emisora de señal abierta RCTV y confiscó sus 48 estaciones repetidoras y equipos de transmisión. Un nuevo canal público comenzó a operar después de que fueran desconectados los equipos de la estación.
La Televisora Venezolana Social (TVes), patrocinada principalmente por el Estado venezolano, ocupa las frecuencias que anteriormente tenía RCTV y opera en todo el país utilizando los transmisores pertenecientes a la emisora, explicó la SIP.
La SIP tiene una larga trayectoria como “amicus curiae” y de iniciativas ante la CIDH. Ante la Corte presentó argumentos, entre otros, por los casos de Ricardo Canese, Paraguay, en febrero de 2004; el diario La Nación y el periodista Mauricio Herrera Ulloa, Costa Rica, en marzo de 2004; Gabriela Perozo, Aloys Marín, Oscar Dávila Pérez y otros periodistas de Globovisión, Venezuela, en abril de 2008; Luisiana Ríos y otros periodistas y trabajadores de Radio Caracas Televisión – RCTV, Venezuela, en julio de 2008.
Ante la Comisión Interamericana la SIP también formuló un “amicus curiae” en el caso contra The Gleaner Company Limited y Dudley Stokes, de Jamaica, en abril de 2004, y ante esta instancia ha presentado las investigaciones de 29 asesinatos de periodistas ocurridos en Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, México y Paraguay, de las cuales 14 fueron admitidas.
Para acceder al amicus curiae por el caso de RCTV, por favor, visite, http://slidesha.re/1kmoMoQ.
Fuente:
El Universal, 22 de mayo de 2014, SIP pide condenar cierre de RCTV a la Corte Interamericana. Recuperado el 22/05/2014 en http://goo.gl/qSkGIz
El Nacional, 21 de mayo de 2014, SIP pide condena para Venezuela por “cierre ilícito” de RCTV. Recuperado el 22/05/2014 en http://goo.gl/gFopPx
El Tiempo, 21 de mayo de 2014, SIP pide que se condene a Venezuela por “cierre ilícito” de RCTV. Recuperado el 22/05/2014 en http://goo.gl/F9sEYG
