Rubén González, secretario general del Sindicato Único de trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera) fue sentenciado por un tribunal militar a 5 años y 9 meses de prisión en la cárcel La Pica, en Monagas.
La cuarta audiencia de juicio fue realizada el pasado martes estuvo llena de irregularidades; efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) acordonaron el área impidiendo a los familiares de González ingresar a la audiencia que debió ser pública.
El sindicalista, detenido desde el 29 de noviembre del año pasado, cuando regresaba de una marcha por reivindicaciones laborales en Caracas, fue imputado por la Fiscalía Militar con los delitos de: ataque al centinela, ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada Nacional y aunque solo mantuvieron los últimos dos, la defensa insistió en que ambos delitos también fueron desmontados pues no existen elementos que demuestren su culpabilidad.
Dirigentes de Sintraferrominera denunciaron que la persecución a González se trató de una estrategia para eliminar el Sindicato e instalar uno paralelo (sin apoyo de los trabajadores) en el momento en el que se discutía un nuevo contrato colectivo.
No es primera vez que Rubén González enfrenta a la justicia, pues en el año 2009 fue detenido por liderar una protesta en Ferrominera. En 2011 el Tribunal Supremo de Justicia anuló una sentencia emitida dos días antes en donde se le condenaba a 7 años, 6 meses y 2 días de prisión.
Esta acción en contra de Rubén González es una clara demostración de la violación constante que el gobierno hace a la Constitución, que en su artículo 97 establece que los trabajadores y trabajadoras tienen garantía de solicitar reivindicaciones y buscar mejoras de sus condiciones de vida y de trabajo.
Rechazamos la criminalización de la protesta y el uso de la justicia como instrumento para castigar a quien exige el cumplimiento de los derechos humanos establecidos no solo en la Constitución sino también en los convenios y pactos internacionales que como nación hemos suscrito.
Exigimos al sistema de administración de justicia, que al momento de conocer el caso en apelación, respete las garantías del debido proceso y dicte una sentencia que se apegue a la Constitución.
