Espacio Público, organización venezolana defensora de la libertad de expresión, sufrió dos robos consecutivos el 16 y el 26 de noviembre de 2011. En el segundo hurto sustrajeron grabaciones de las cámaras de seguridad que registraron parte del primer robo –elementos de prueba–, así como equipo informático proveniente de donaciones de apoyo a la ONG tras el primer saqueo. Permaneciendo prudente sobre el posible móvil de estos actos, Reporteros sin Fronteras expresa su sorpresa por la lentitud de la investigación. Nuestra organización espera que esta falta de voluntad no tenga nada que ver con la declarada hostilidad del gobierno contra Espacio Público, en un contexto de polarización aún extremo (http://es.rsf.org/venezuela-llamado-a-la-liberacion-sin-demora-15-11-2011,41398.html).
Regularmente atacada por la propaganda oficial, que la tacha de “agente contrarrevolucionario al servicio de una potencia extranjera” [entiéndase Estados Unidos] debido al origen de una parte de su financiamiento, Espacio Público se vio afectada de forma directa por la ley de cooperación internacional llamada “de defensa de la soberanía política y la autodeterminación nacional”, adoptada junto con otros controversiales textos el 22 de diciembre de 2010. Esta norma impide a las ONG venezolanas recibir cualquier donación extranjera (http://es.rsf.org/venezuela-aprueban-en-urgencia-reformas-22-12-2010,39133.html). En esa época el director de Espacio Público, Carlos Correa, sufrió una agresión en el recinto de la Asamblea Nacional. No se dio ningún seguimiento judicial al caso (http://es.rsf.org/venezuela-refuerzo-y-extension-a-la-internet-13-12-2010,39019.html).
“Un abogado de nuestro equipo va a contactar al Ministerio Público para ver si han designado un fiscal responsable para cada una de las denuncias”, nos confió Carlos Correa al día siguiente del segundo robo que no dio lugar, según él, a ningún registro en busca de pruebas por parte de las autoridades, como se hizo en el primer hurto. “No ha habido ningún contacto para ofrecer apoyo o alguna medida de protección”, agregó, sin excluir el móvil político.
“Ante la imposibilidad de pronunciarnos más sobre el fondo de este expediente, pedimos no obstante, que la justicia demuestre toda la equidad y la imparcialidad necesarias en la investigación. Ningún criterio ideológico o de sospecha sobre Espacio Público debe obstaculizar la búsqueda de la verdad. Conociendo el trabajo de esta organización –crítico, pero serio y argumentado–, Reporteros sin Fronteras desea que, en estas circunstancias, se ponga fin a las acusaciones contra ella que la descalifican. Este es también el deseo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), organización de origen peruano que cuenta con una oficina en Caracas, víctima de la misma propaganda”, declaró Reporteros sin Fronteras.
