Funcionarios del Grupo de Reacción Inmediata Motorizada (GRIM) de la Policía del estado Mérida (oeste) intimidaron y le quitaron las credenciales al reportero gráfico del portal El Merideñazo, Héctor Toscano, mientras cubría un suceso en la avenida Las Américas de la ciudad de Mérida el 1º de diciembre.
Según relató Toscano a Espacio Público, estaba recopilando información y material audiovisual de un arrollamiento que ocurrió en la entrada del Círculo Militar, en una zona cercana al GRIM, cuando fue abordado por funcionarios de ese organismo.1
Los funcionarios obligaron a Toscano a entregarles sus equipos de trabajo y, posteriormente, borrar todo el material audiovisual y fotográfico que había captado. El reportero gráfico aseguró que, desde el principio, una funcionaria de ese cuerpo estaba insultando y ofendiendo su trabajo y el de toda la prensa con insultos, antes y después de borrar por completo las fotos y videos.1
Una vez borrado todo el material, Toscano les pidió que le devolvieran su carnet del Círculo de Reporteros Gráficos que lo acreditan para cumplir con su labor, pero la funcionaria se negó y dijo que lo contactarían luego para entregárselo. Al 4 de diciembre, tres días después de quitarle su credencial, ningún funcionario se la había devuelto.1
La seccional Mérida del Círculo de Reporteros Gráficos rechazó el acto intimidatorio en contra de Toscano por violar el ejercicio de su profesión y exigieron devolver de forma inmediata el carnet de su agremiado. “Instamos a las autoridades competentes a realizar una investigación que aclare estos hechos y se exhorte a los funcionarios policiales y de cualquier otro organismo de seguridad del estado a respetar el trabajo de los Gráficos y comunicadores sociales”, dijo el gremio en un comunicado.2
Desde Espacio Público rechazamos esta y todas las acciones intimidatorias y estigmatizantes que ejecutan diariamente funcionarios de seguridad del Estado en contra de las y los trabajadores de la prensa, amparándose en la impunidad y la inacción de los órganos encargados de hacer valer el derecho a la libertad de expresión, consagrado en la Constitución nacional.
