Desde la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información rechazamos la aprobación de un paquete de leyes que consolida un sistema que facilita la vigilancia masiva de la ciudadanía, debilita los mecanismos de control y pone en riesgo derechos fundamentales como la libertad de expresión y la privacidad.
El Congreso de la Unión aprobó, en este periodo extraordinario leyes, en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de Seguridad Pública, de Investigación e Inteligencia, de Población, de Desaparición Forzada y de Guardia Nacional, estableciendo una arquitectura permisiva de vigilancia estatal sin garantías mínimas de protección a los derechos humanos.
Entre las medidas más preocupantes se encuentra la creación de la CURP biométrica, que será obligatoria para acceder a cualquier servicio público o privado. Estará centralizada en la Plataforma Única de Identidad Digital, y las actividades que se realicen con dicho documento de identificación dejarán un rastro que podrá ser consultado por las autoridades en tiempo real, sin orden judicial y sin ningún tipo de control.
Las legislaciones aprobadas también ordenan la interconexión de bases de datos nacionales e internacionales, tanto públicas como privadas, para que las autoridades accedan a ellas sin los controles necesarios. También otorgan facultades de acceso irrestricto a esta información al Centro Nacional de Inteligencia.
La Plataforma Única de Identidad Digital será una pieza más de estos registros interconectados. Por lo tanto, autoridades civiles y militares podrán acceder a datos personales altamente sensibles de la ciudadanía sin que una persona juzgadora determine que dicho acceso es siquiera legal.
Se faculta a la SEDENA para procesar y usar información para actividades de inteligencia por motivos de seguridad nacional, sin que existan controles o salvaguardas para acotar estas atribuciones o evitar abusos. Además, permite a la Guardia Nacional acceder a datos conservados (sábanas de llamadas) y geolocalización sin orden judicial, es decir, sin que exista un control donde se compruebe y justifique que esta información es necesaria para los supuestos fines para los cuales la requerirán.
Otra disposición alarmante es la autorización para que la Guardia Nacional realice operaciones encubiertas, lo que podría ser una técnica de investigación que podría dar lugar a la obtención de pruebas ilícitas, violar los derechos a la privacidad y a la no incriminación.
La consolidación de un poder de vigilancia sin control para las autoridades -sobre todo para las fuerzas armadas-, el debilitamiento de mecanismos de control y el establecimiento de un Estado que monitorea permanentemente a la sociedad a través de bases de datos y registros obligatorios, son una afrenta directa a los derechos y libertades mínimas en un contexto democrático.
Estas reformas representan un grave retroceso en la libertad de expresión, privacidad y acceso a la información y contraviene los más altos estándares internacionales al legalizar prácticas de vigilancia. La vigilancia ilegal y abusiva por parte del Estado es una práctica reiterada que hemos advertido y documentado durante los dos últimos sexenios. En todos los casos, la impunidad es absoluta para quienes cometieron estas violaciones.
Además de facilitar expresamente condiciones para la vulneración de la privacidad, el acceso injustificado e ilegítimo a datos personales, tales iniciativas también promueven la violación de otros derechos, como el debido proceso y la integridad personal, al facilitar potenciales detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, al poner a libre disposición de funcionarios acceso a la información sensible.
Ante la gravedad de esta situación, exigimos al Estado mexicano reformar las legislaciones para dejar sin efecto aquellas disposiciones que atentan contra los derechos humanos y evitar prácticas que empeoren la situación de las garantías fundamentales en el país.
Somos parte de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, una red creada en 2006, integrada por 18 organizaciones no gubernamentales referentes de 15 países de América Latina y El Caribe, que comparten la convicción de que la libertad de expresión y el acceso a la información pública son esenciales para garantizar la calidad de la democracia y un ambiente habilitante del goce de otros derechos.
