Según registros de la Organización Provea, 2200 personas están sometidas a procesos penales por haber participado en alguna manifestación, hecho que constituye una violación a la Constitución Nacional, en la cual se establece el derecho legítimo a la protesta pacífica de todos los ciudadanos.
Rafael Uzcátegui, vocero del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, que se ha dedicado a registrar con mayor precisión este tipo de violaciones al derechos a manifestar, indicó que la mayoría de los perjudicados provienen de asociaciones afectas al gobierno de Chávez, quienes la mayoría del tiempo demanda reivindicaciones sociales.
La Unidad Socialista de Izquierda, Corriente Clásista Unitaria Revolucionaria y Autónoma, Colectivo Socialismo Revolucionario y Liga de Trabajadores por el Socialismo son algunas de las organizaciones que se han aliado en rechazo a la criminalización de la protesta.
Fuente:
Reclamo de derechos sociales se castiga con juicios penales (15 de agosto de 2009). El Nacional. P. 6. Consultado el 17 de agosto de 2009
