Desde comienzos de 2024 organizaciones de la sociedad civil han observado un crecimiento alarmante de las violaciones al derecho a la participación y a la libertad de expresión, que han aumentado a medida que se acerca el 28 de julio, fecha de la elección presidencial en Venezuela. Así lo expresaron en las audiencias públicas del 190º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizadas este 12 de julio.
Desde la vocería de Espacio Público compartimos información sobre el aumento de las restricciones a la libertad de expresión: registramos el cierre de 16 emisoras en varios estados del país y 94 casos de censura y hostigamiento policial entre enero y junio, que afectan a periodistas, infoactivistas y líderes sociales que hacen cobertura sobre la campaña electoral. Por otra parte, reseñamos 33 detenciones de personas en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, en 10 de las cuales el gobierno invocó la ilegítima Ley contra el Odio.
Seguidamente, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) señaló que la política oficialista “furia bolivariana” se reactivó desde comienzos de 2024. Se trata de una estrategia altamente represiva en momentos de conflictividad, que ha coincidido con detenciones arbitrarias y desapariciones, registrándose al menos 40 órdenes de detención, entre ellas la de la defensora Rocío San Miguel quien ya lleva 5 meses detenida de forma arbitraria.
El CDH-UCAB también destacó que por primera vez se dispone de menos de 5 meses para la preparación del proceso electoral, en medio de opacidad en la información, una convocatoria no acompañada por la publicación oportuna del cronograma electoral, prácticas represivas, candidaturas vetadas sin justificación legal y una normativa de campaña restrictiva y de aplicación discrecional, por lo que concluyó que Venezuela carece de condiciones mínimas para la participación en el marco de la campaña.
Por su parte, Voto Joven presentó los resultados de una investigación realizada con AlertaVenezuela, en la que se observa la subrepresentación de la población migrante en el registro electoral (RE), ya que, hay unos 7.7 millones de venezolanos en el exterior, de los cuales 5.5 millones están en edad de votar, pero menos de 1 % de ellos pudo registrarse o actualizar el RE, por lo que no podrán votar.
También dentro de Venezuela se observa discrepancia entre RE y la población con capacidad de votar, especialmente en jóvenes. Hay una brecha de más de 3.5 millones de jóvenes no inscritos, de los cuales solo 600 mil pudieron inscribirse. Voto Joven afirmó que el RE operó con demoras deliberadas y en todo el proceso ha estado caracterizado por la opacidad informativa por parte del CNE.
Las organizaciones solicitamos a la CIDH continuar seguimiento cercano de la situación de derechos humanos en Venezuela, de las elecciones así como durante los meses posteriores y hasta la toma de posesión en enero 2024; además de emitir pronunciamientos públicos sobre la situación del país.
La comisionada y relatora para Venezuela, Gloria Monique de Mees, manifestó su atención ante la falta de pronunciamientos del CNE con relación a los actos de persecución política.
Otros comisionados se refirieron a la existencia de datos preocupantes sobre la viabilidad democrática de la elección del 28 de julio que puedan comprometer el resultado, refiriéndose incluso a la posibilidad de un fraude.
Las y los expertos de la CIDH expresaron sorpresa y alarma ante las informaciones brindadas, y se comprometieron a usar los distintos mecanismos a su alcance para exigir al Estado venezolano que rinda cuentas por la violación de los derechos humanos, considerando que Venezuela cuenta con un “histórico de censura” que se ha vuelto “cotidiano” para los medios.
Independientemente del resultado de la elección, habrá que estar muy atentos a los acontecimientos, porque la restricción a la libertad de expresión seguirá, concluyeron.
