El Ministerio Público emitió una orden de detención contra los animadores Jean Mary Curro y José Alejandro Goncalves, por supuesta “incitación al odio”, el 30 de marzo.
El fiscal general nombrado por la ilegítima asamblea nacional constituyente (anc) Tarek William Saab, informó que los comediantes “usaron delictivamente las redes sociales para incitar al odio contra David Capella, mientras él agonizaba junto a su padre”.
La solicitud hecha por Saab es tiene carácter nacional e internacional y fue comunicada a los directivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Luego de la muerte por COVID-19 del padre de Capella, Curro y Goncalves admitieron su error y ofrecieron disculpas públicas.
Sin embargo, al fallecer el locutor, ambos comediantes ofrecieron nuevamente disculpas a la familia y emitieron comunicados tras la ola de comentarios desatados en las redes sociales.
Comunicado. pic.twitter.com/NkepKu1fTZ
— Jean Mary Curro (@JeanMary_) March 28, 2021
Nos reiremos de esto
En un episodio del podcast los comediantes se hicieron eco de una información difundida por el portal de farándula “Chepa Candela” donde aseguraban que la campaña de recolección de fondos a favor de la salud del artista, contagiado por covid-19 se trataba de una estafa.
Curro y Goncalves cuestionaron la veracidad de la campaña e hicieron comentarios en contra de Capella que generaron rechazo en la opinión pública.
Desproporcionalidad
El pasado lunes 29, Saab instó a los tribunales la apertura de una investigación y la emisión de una alerta roja por Interpol para la captura de los animadores.
#DESIGNADO el Fiscal 61 Nacional para #INVESTIGAR y #SANCIONAR los DELITOS cometidos públicamente por los sujetos JEAN MARY CURRÓ y ALEX GONCALVES: quienes haciendo uso delictivo de las #RedesSociales calificaron de #estafador a DAVE CAPELLA: mientras este fallecía de #Covid..: pic.twitter.com/vhjg1hNxhp
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) March 28, 2021
Al hostigamiento se sumó el ministro de Comunicación de Maduro, Freddy Ñáñez quien también cuestionó a través de Twitter las declaraciones de Curro y Goncalves sobre la campaña de Capella, por lo que respaldó la acción del Ministerio Público.
“La comunicación no puede ser esta perversa práctica de destruir al otro. Es por la existencia de un otro que nos comunicamos. En el mundo no hay una crisis de libertad de expresión, hay una crisis de verdad y de justicia. Apoyamos esta acción del fiscal”1, dijo Ñañez.
La ilegítima fiscalía pretende acusar a los locutores por medio de la “ley contra el odio” un instrumento “legal” ilegítimo desde su origen y comúnmente utilizado para castigar la expresión.
Esta “ley” deja lugar al poder para aplicar medidas discrecionales con dos propósitos: censurar opiniones que resulten incómodas y ocasionar la autocensura por parte de actores civiles ante el temor de ser sometido a las sanciones desproporcionadas, como sucede con este caso.
La penalización de la expresión es inaceptable porque es una medida desproporcionada. El flujo de información y opiniones es requisito fundamental de una democracia.
Solo en caso de que las expresiones tengan relación directa con hechos violentos y bajo el cumplimiento de condiciones objetivas, se puede restringir el flujo de éstas, sin embargo es inaceptable la penalización por medio de privativa de libertad.
Referencias
